June 28, 2017

AMIA/Encubrimiento. Tres ex empleadas del destituido juez Juan José Galeano repiten más de lo mismo

AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Ayer, jueves, continuó el juicio oral y público por la protección a autores o cómplices del atentado con la declaración, ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, de Karina Auleta, Jimena Castro y Esther Guarignielo, quienes se desempeñaron en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 cuando estuvo a su cargo.

AMIA/Encubrimiento

AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Ayer, jueves, continuó el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con la declaración, ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, de tres ex empleadas del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 cuando estuvo a cargo del luego destituido Juan José Galeano: Karina Auleta, Jimena Castro y Esther Guarignielo.

La primera fue prosecretaria entre mediados de 1995 y fines de 1997.

Cuando ingresó ya conocía al entonces secretario Javier de Gamas porque había sido “pinche” en el juzgado de Instrucción donde ella inició su carrera y al magistrado porque estaba en el de al lado, el N° 8, y si bien aseguró que no entró al Federal N° 9 por eso, supuso que ellos sabían de su trabajo.

“Había que preservar todo con diligencia y por eso era importante que el personal fuera de confianza”, justificó la testigo, que se desempeñó en la Secretaría N° 18, de Carlos Velasco y De Gamas, pese a que “ningún juzgado estaba preparado para investigar el terrorismo internacional”, y puntualmente en el de Galeano “había escasos recursos tecnológicos”; por ejemplo, no existía un sistema para entrecruzamiento de llamados telefónicos e incluso ella debió llevar su propia computadora.

“Nunca me ordenaron no mostrarles la causa a las partes; trabajábamos con libertad”, pero “hasta las 2, 3 ó 4 de la madrugada y volvíamos a las 10, también los fines de semana” porque “no se descartaba hipótesis alguna”, resumió.

Después de la mudanza del Palacio de Tribunales al nuevo edificio en Comodoro Py, en 1995, se instalaron cámaras “en el despacho de los secretarios”, las cuales “no estaban visibles”, sostuvo la declarante.

Además, en el juzgado se guardaban muchísimos casetes y transcripciones de escuchas telefónicas en estantes dentro del recinto donde trabajaba y también en otro lugar -“como una celda, con barrotes y llave”, describió-, junto con documentación.

“Había personal con legajos asignados” y Auleta “intervenía en el de ‘Armas’” supuestamente sin saber “si tenía vínculo con la ‘causa AMIA’”.

“No escuché los casetes, ni analicé más transcripciones que las que volqué allí para armar cuadros con teléfonos de interés”, aclaró.

Si bien participó en indagatorias a policías bonaerenses, la ex prosecretaria dijo que no podía “aportar mucho” al respecto.

De hecho, uno de sus latiguillos preferidos fue un lacónico “desconozco”, al cual recurrió cuando le consultaron si había cámaras en la fiscalía y si sus entonces responsables (Eamon Mullen y José Barbaccia) sabían que se filmaba a testigos, entre muchas otras cosas.

En ese contexto, el video de la declaración del último poseedor conocido de la camioneta usada como coche-bomba, Carlos Telleldín, en la cual acusó a los uniformados, “lo vi cuando nos juntamos todos y cada uno tomaba nota de lo que consideraba relevante”, recordó la testigo.

“Era una más, no dijo algo nuevo que me llamara la atención, ni parecía presionado”, puntualizó.

Pero tiempo después “nos llamaron por teléfono y nos dijeron: ‘Vengan al juzgado, hay una cuestión urgente’, así que fuimos todos, nos informaron sobre la sustracción de un video de la caja fuerte de los secretarios, nos contaron su contenido y nos tomaron declaración para un sumario interno”, relató Auleta.

Ésta minimizó la conversación filmada entre Galeano y Telleldín porque “cualquier parte podía pedir una entrevista con el juez o los secretarios”, como “hacía la querella” de la AMIA y la DAIA.

Luego fue el turno de Castro, quien entró como meritoria a fines de 1994 porque conocía a la esposa de uno de los prosecretarios -“había un montón con contrato para AMIA”- y llegó a ser escribiente hacia 2000 ó 2001.

La testigo trabajó en la Secretaría N° 17, de María Susana Spina: “Era un ambiente muy amplio, con escritorios enfrentados, así que escuchaba parte de las declaraciones que se tomaban”, y también “recibía cosas en la Mesa de Entradas”, pero “después que nos sacaron del turno (para atender causas nuevas), en 1995 ó 1996, empecé a trabajar en diferentes legajos con hipótesis, en los cuales se tomaban declaraciones para ver si se las podía vincular con el atentado, como el de una persona que sacaba fotos de la AMIA”, sintetizó.

También “pedía información, en papel y disquetes, de llamadas entrantes y salientes a las empresas telefónicas por ‘Brigadas’”, la causa que involucró a policías bonaerenses en la “conexión local” del atentado, pero “no participé en las indagatorias porque me ocupé de tomar sus efectos personales”, especificó Castro.

“Tomé conocimiento del video (con Telleldín) cuando Galeano nos llamó al juzgado y nos dijo sobre su desaparición y que alguien que no recuerdo (por el ex comisario Juan José Ribelli, sindicado y luego absuelto como cabecilla de la ‘conexión local’) se lo había presentado (envuelto) en papel de regalo”, memoró la declarante, quien -al igual que los otros- aseguró que no les mostraron la cinta, que recién conoció su contenido cuando lo vio “por televisión” y que no habló con sus compañeros al respecto.

En realidad, “quedé más preocupada porque todos éramos sospechosos de ese faltante que sorprendida de que se hubiera filmado en el despacho de De Gamas y Velasco”, reconoció.

En tanto, Guarignielo creó un sistema de entrecruzamiento de llamadas telefónicas cuando trabajaba como personal civil del Área de Sistemas de la Policía Federal y su idea era que el personal del juzgado pudiera utilizarlo, pero como les resultó difícil, a fines de 1995 Galeano la pidió “prestada” para que trabajara en la Secretaría N° 17; luego de su jubilación, la contrataron como prosecretaria entre diciembre de 1998 y ese mismo mes de 2003.

El dispositivo mostraba los abonados que se comunicaban y la fecha, hora y duración de las conversaciones.

La testigo “volcaba los datos y hacía los cruces; muchas personas -también los fiscales- pedían información sobre teléfonos vinculados a la investigación del atentado y les decía con quiénes tenían contacto”, compendió.

“También fui a las empresas telefónicas para especificarles cómo necesitaba que mandaran la información, que cargaba solo yo y no la compartía con la Policía bonaerense ni con la SIDE”, aclaró.

“La computadora tenía una clave de acceso que sabíamos dos o tres personas, pero no recuerdo quiénes; no constaba por escrito”, especificó Guarignielo, quien hizo muchos informes sobre el imputado empresario de origen sirio Alberto Jacinto Kanoore Edul -figuraba como titular de su teléfono-, pero no sabe cuándo.

“Recuerdo que se pidió información sobre el 10 de julio (de 1994, el día que Telleldín dice haber vendido la Trafic), pero no por qué, y que Movicom dio mal una información sobre celdas que llevó a una interpretación errónea y alguien del juzgado lo advirtió”, afirmó en relación al entonces prosecretario Claudio Lifschitz, quien le “preguntaba mucho”.

Él “y algún otro consultaban solos” el sistema, “pero la mayoría me lo pedía”, puntualizó la testigo.

Al polémico ex funcionario “lo conocí en el juzgado; sabía que había trabajado en la Policía Federal con anterioridad, pero no si continuaba haciéndolo”, agregó.

“Para modificar o eliminar información de la base de datos se necesitaban determinados conocimientos técnicos -era difícil porque había que reorganizar los índices y demás- que creo que nadie tenía; tampoco Lifschitz, aunque no me consta”, le respondió Guarignielo a la defensa del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, interesada en apuntar suspicacias sobre el mismo.

Si bien ello “no se hizo, además había un respaldo en disquetes”, se atajó.

Por otra parte, “cuando llegó el equipamiento para el sistema Excalibur tuve que escanear la causa” y si bien “no estuve en indagatorias, recuerdo algunas testimoniales de víctimas”, señaló la testigo.

“Como mi trabajo era muy técnico, me abocaba a lo mío y no hacía preguntas”, se justificó respecto de su supuesta ignorancia sobre filmaciones o el pago a Telleldín de 400.000 dólares de fondos reservados de la desaparecida Secretaría Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses.

A diferencia de Castro, “estuve en la reunión con la (Comisión) Bicameral (de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y la AMIA) a la que fuimos todos, entiendo que en 1997, pero no recuerdo que se hablara de un video -creo que en ese momento no era público-, sino que Lifschitz -no sé si ya había dejado el juzgado- había hecho algunas acusaciones sobe el curso de la investigación”, así que “le preguntaron a Galeano, pero no recuerdo qué”, contó a medias Guarignielo.

“Estaban Cristina Fernández de Kirchner, (Carlos) Soria, Juan Pablo Cafiero, (Marcelo) Stubrin y más personas que no conocía públicamente; no recuerdo a los (entonces) fiscales”, añadió.

Las audiencias se reanudarán el lunes, con los testimonios de Martín Nessi, secretario de la Fiscalía Federal N° 9 cuando Eamon Mullen era su titular y José Barbaccia, su adjunto, y los ex empleados del juzgado Cristian Maldonado y Ana Sverlick.

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