Ayer, jueves, comenzó una nueva etapa en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con la declaración, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, de personal subalterno del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 cuando a su cargo estaba el destituido Juan José Galeano: Gastón Betancur y Mariana Ércoli, quienes todavía se desempeñan en esa dependencia judicial.

Ambos dijeron haberse enterado de las filmaciones subrepticias en el juzgado de testigos y de Carlos Telleldín, el último poseedor conocido del coche-bomba Trafic, cuando éstas ya no se hacían, por comentarios internos o de los medios de comunicación, y lo propio respecto del pago ilegal de 400.000 dólares de fondos reservados de la desaparecida Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE) a ese imputado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, más lo que surgió en el debate anterior, sustanciado entre 2001 y 2004.

Betancur aseguró no tener precisión alguna al respecto, mientras que Ércoli supo que “había una cámara en el despacho de (la secretaria y “mano derecha” de Galeano, María Susana) Spina y otra en uno del fondo”, que ignora quién lo ocupaba, obviamente “ocultas”.

Además, los dos testigos participaron en una reunión del juzgado con los integrantes de la desaparecida Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y la AMIA -solo recordaron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner-, desarrollada a fines de 1999 o en 2000 en una sala de un tribunal oral por la cantidad de personas y la documentación que llevaron a fin de responder las preguntas que les realizaron, tras una exposición inicial de Galeano.

“Nunca vi los videos; supe por las explicaciones del juez y los secretarios que estaban en una caja fuerte y se los llevaron y los quemaron” porque “colaboré en la preparación de esa reunión”, para lo cual “hice muchas fotocopias, con respuestas a todos los temas”, que la actual secretaria del juzgado no pudo especificar.

“Los senadores discutían entre ellos y le hacían preguntas al juez, no recuerdo sobre qué; era algo diferente a lo habitual”, subrayó.

Betancur aportó mucho menos y fue interrogado mucho más que Ércoli, a quien no le preguntaron sobre las mismas cosas.

Así, el testigo inicial afirmó que los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia “iban al juzgado como los querellantes y las defensas, quizás una o dos veces por semana”, que analizó la “conexión internacional” a fin de determinar “por qué se eligió a la Argentina como blanco” y su “relación con el tema nuclear”, especialmente cables diplomáticos de la Cancillería de los años anteriores al atentado, relacionados con Irán y Medio Oriente en general -por ejemplo, “un montón” de la embajada argentina en Israel-, y que trabajó un legajo “M” o sobre un testigo “M”, que “era un desprendimiento de la ‘causa Armas’ de los ‘carapintadas’”, en una oficina situada entre la Secretaría 18 y el despacho de Galeano.

“El juzgado no estaba en condiciones de investigar un atentado terrorista -incluso cada empleado se había comprado una computadora y una impresora-, y eso no cambió mucho, incluso ahora; nos dieron algunos contratos (para incorporar gente), más adelante nos eximieron de seguir cubriendo los turnos, pero muy poco para lo que ameritaba la causa”, en la cual la cantidad de trabajo “era mucha” y por ello asistían a Tribunales “feriados y fines de semana”, destacó.

“No tuve capacitación sobre terrorismo internacional antes de entrar” y tampoco después, pero “nadie en la Argentina la tenía”, de modo que “leía la causa y algunos libros sobre el tema en inglés y francés que me conseguía el juez, y si encontraba algo importante se mandaba a traducir oficialmente”, no obstante lo cual “debatíamos entre nosotros” al respecto, señaló Betancur.

En tanto, Ércoli “no tenía oficina, estaba en la Mesa de Entradas, leía la causa, sacaba fotocopias y ordenaba los casetes y las transcripciones de las escuchas telefónicas que traía Observaciones Judiciales” de la SIDE; los primeros “se ponían en cajas en una estantería muy grande que tenía la Secretaría 18 abajo”, pero “como eran tantos, después solo llegaron los papeles”.

Esta última “era la primera tarea que te daban porque era aburrida”, recordó.

Acto seguido, la presidenta quincenal del tribunal, Karina Perilli, informó que los testigos Silvia Cavallo, Diego Luciani, Carlos Vasser y Marcelo Martínez Burgos, todos ellos fiscales, se acogieron al beneficio de declarar por escrito e invitó a las partes a presentar sus preguntas antes del 4 de agosto, cuando se reanude el juicio tras la licencia del camarista Néstor Costabel y la feria judicial, ocasión en la cual comparecerán más ex empleados de Galeano: Laura Capra, Ignacio Durand y Graciela Burzomi, quien estaba citada para ayer, pero se excusó por razones de salud y presentó un certificado médico.