La declaración de mañana, jueves, de Bautista Huici en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA no será una más para el proceso ni para la comunidad judeoargentina, ya que este ex subcomisario de la Policía bonaerense fue presionado y seducido de diversas maneras para declarar contra sus ex colegas, pero también fue grabado y filmado subrepticiamente por el entonces vicepresidente 1º de la DAIA, Roberto Zaidemberg, y la abogada de la entidad, Marta Nercellas, por orden del destituido juez Juan José Galeano.

El testigo, que integraba la Brigada de Investigaciones de Lanús, participó en el fallido intento de detención de Carlos Alberto Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, del 15 de marzo de 1994 y en el exitoso procedimiento del 4 de abril, en el cual éste denunció que lo liberaron a cambio de la entrega de varios vehículos.

Por esos hechos, Huici fue procesado por asociación ilícita, doble secuestro extorsivo y extorsión en contra de Telleldín, más falso testimonio agravado, y luego sobreseído en el juicio anterior, en un fallo que anuló la Corte Suprema en 2009.

Pero durante su detención recibió numerosos ofrecimientos de beneficios procesales y personales a cambio de perjudicar a los policías que estaban acusados de haber colaborado con los terroristas que perpetraron el atentado, ya sea por parte de abogados -propios, como el hoy camarista de Casación bonaerense Federico Domínguez, y de otro imputado-, funcionarios policiales y provinciales, los cuales todavía son investigados por estas conductas.

En síntesis, debía declarar que había visto la Trafic en la Brigada de Lanús, para involucrar a Juan José Ribelli, manejada por Anastacio Leal, que era de Vicente López; semejante prueba de la eventual vinculación entre ambas reparticiones resultaba clave para la acusación de Galeano.

En cierto momento, el hoy querellante pidió reunirse con alguien de la DAIA para denunciar estos hechos y el juez dispuso que el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista les proveyera a Zaidemberg y Nercellas un equipo para grabar y filmar lo que dijesen el detenido y su abogado ante la eventualidad de que fuera a cambiar su versión o para tener constancia de lo que allí se dijera.

Por esta conducta ambos protagonistas fueron denunciados por el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) ante el Colegio Público de Abogados, que los absolvió.

El primer testigo del día será el ex subcomisario José Miguel Arancibia, también de Lanús e imputado de asociación ilícita, doble secuestro extorsivo y extorsión en contra de Telleldín y falsedad ideológica de documento público por ingresar datos incorrectos sobre el fallido intento de arresto.

El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar hasta dos años, reúne dos causas: el pago ilegal, con aval judicial, a Telleldín de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado al entonces presidente Carlos Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano, Mullen y Barbaccia.

Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen, el entonces titular de la DAIA Rubén Beraja y el propio Telleldín, su entonces concubina Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.

Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.

Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.

Enfrente están los fiscales y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y la mencionada del Ministerio de Justicia.

Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el espía prófugo Antonio Stiuso.

La causa había recaído originalmente en el TOF 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001 a 2004, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse y recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 2.