En sus más de cuatro años de gobierno, Néstor Kirchner dio un fuerte impulso a la investigación del atentado contra la AMIA, pero el fin de la impunidad para ese ataque terrorista y el que en 1992 destruyó la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires serán una asignatura pendiente para la gestión presidencial que inicia este lunes su esposa, Cristina Fernández. Los avances en la causa AMIA cobraron fuerza a partir de la llegada de Kirchner al poder, en mayo de 2003, y fue el Ejecutivo el que asumió por primera vez la responsabilidad del Estado argentino por la falta de justicia ante la comunidad internacional. También se pusieron en marcha las investigaciones sobre las irregularidades en la investigación del atentado a cargo del hoy ex juez Juan José Galeano. El patagónico fue el primer jefe de Estado que estuvo presente en un acto de homenaje a las víctimas de AMIA –lo hizo en 2003, a pocos meses de asumir, y durante su gobierno Argentina afianzó las relaciones con la comunidad judía a nivel local y global. En este marco, recibió el premio “Luz entre las naciones” por parte del Comité Judío Americano. El supuesto hallazgo de unos casetes con grabaciones vinculadas al atentado a AMIA y la posterior desmentida por parte de Kirchner fue el único hecho que generó polémica, más allá de algún cruce de declaraciones puntual entre el presidente y algunos familiares de los fallecidos en el atentado. Por su parte, la senadora Fernández, que integró la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados contra la Embajada y la AMIA, dijo que "desde lo más alto del poder" no se fomentó el esclarecimiento del ataque de 1994 al declarar como testigo en el juicio por la voladura de la institución a fines de 2003. Al año siguiente, los miembros de conexión local del atentado terrorista fueron absueltos por falta de pruebas, en una decisión calificada como "la muerte de la justicia" por los familiares de las víctimas, después del juicio oral y público más largo de la historia jurídica de Argentina. Tras el estrepitoso fracaso de la primera investigación, en 2004 fue creada la Unidad Fiscal AMIA para avanzar con la pesquisa, dependencia que está a cargo del fiscal Alberto Nisman, y el nuevo juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, ratificó las ordenes de captura de doce iraníes por el ataque. Además de comprometer al gobierno en la búsqueda de cualquier información sobre la llegada y la permanencia de criminales nazis en el país, en 2005 Kirchner entregó a Nisman los archivos de los servicios secretos argentinos sobre los dos atentados en Buenos Aires y el Estado reconoció ante la Organización de Estados Americanos que hubo "graves y deliberadas irregularidades cometidas durante la investigación judicial" a cargo de Galeano, que fue destituido como juez en agosto de ese mismo año. Durante 2006, el Estado se presentó como querellante en la causa por las irregularidades cometidas mientras la causa AMIA estuvo en manos de Galeano y se tensaron las relaciones entre Argentina e Irán luego de que el fiscal Nisman responsabilizó a ese país por el atentado contra la mutual judía. A pesar de las presiones y amenazas iraníes, las autoridades de Buenos Aires mantuvieron su reclamo de colaboración a Teherán, que lo negó sistemáticamente. En cuanto a este año, el 25 de septiembre Kirchner dedicó un extenso tramo de su discurso ante la Asamblea General de la ONU para acusar a Irán de "no haber hecho nada para esclarecer" el atentado contra la AMIA y pedir la colaboración de la comunidad internacional para que ese ataque no quede impune. Pocos meses antes, Cristina Fernández fue invitada a participar en una reunión del Comité Judío Americano en Washington, donde dijo que "una sociedad que no destierra la impunidad es predemocrática". Ese será uno de los principales desafíos para la gestión de la primera mujer que ha sido elegida presidenta por el pueblo argentino, tanto en lo relativo a los dos atentados terroristas cometidos en la década pasada como a otros crímenes sin castigo. HDB-GT