Agencia AJN.- La investigación sobre el ataque fue tan defectuosa y corrupta que en 2004 todo el juicio fue anulado y el juez que lo dirigió fue puesto bajo investigación. El juez Claudio Bonadio, que ahora me acusa de traición, dirigió la investigación sobre ese encubrimiento, pero fue destituido en 2005, acusado de parcialidad y colusión para proteger a quienes frustraron la investigación inicial.

El fiscal Alberto Nisman se hizo cargo de la investigación de AMIA y señaló a un grupo de funcionarios iraníes como los autores intelectuales del ataque. Los tribunales ordenaron que los sospechosos fueran detenidos y llevados ante un juez, ya que la ley argentina no permite juicios en rebeldía. Irán respondió que sus propias leyes prohíben la extradición de sus ciudadanos. Por lo tanto, el caso quedó paralizado por otra década.

Avanzar en el caso fue un objetivo clave de la administración de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, en la cual serví como ministro de Relaciones Exteriores desde 2010 hasta 2015. La solución fue un acuerdo entre ambos países: un juez argentino interrogaría a los sospechosos en Irán y comenzaría procedimientos para llevar la verdad y la justicia a las víctimas. También estableció una comisión de la verdad no vinculante compuesta por juristas internacionales para observar el caso. Para el Sr. Bonadio, el acuerdo socava la investigación penal en el caso AMIA y es el pretexto para mi acusación.

La traición es una acusación sin precedente moderno relevante en nuestro país. Para que un ciudadano argentino cometa traición, el país debe estar en guerra. Argentina e Irán no están, y nunca estuvieron, en guerra. Hasta el día de hoy, mantienen relaciones diplomáticas. No obstante, el Sr. Bonadio justifica esta acusación alegando que el ataque terrorista representa un acto de guerra. Él argumenta que el país estuvo en guerra durante 23 años, sin ningún reconocimiento formal, en contradicción con toda la jurisprudencia.

Irán rechaza las acusaciones contra sus ciudadanos. No obstante, acordó cooperar en el caso luego de una campaña diplomática multianual encabezada por los sucesivos gobiernos de Kirchner. Así comenzaron las negociaciones oficiales, anunciadas por la Sra. Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas y los ataques políticos de quienes dijeron que Irán era un interlocutor negociador inaceptable. Ciertos grupos en Argentina parecían preferir la parálisis, tal vez por temor a que no haya pruebas suficientes para condenar a los sospechosos iraníes.

El caso contra el gobierno de Kirchner reitera las acusaciones hechas por el Sr. Nisman unos días antes de su muerte que fueron desestimadas por los tribunales argentinos ese mismo año: que el acuerdo, ratificado por el Congreso de Argentina, secretamente pretendía encubrir el supuesto papel de los iraníes. Las acusaciones se improvisan, en parte, a partir de informes falsos de los medios que alegan una reunión secreta en Aleppo, Siria, entre yo y Ali Akbar Salehi, que en ese momento era el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. De hecho, viajé a Aleppo, donde me reuní con el presidente Bashar al-Assad de Siria, una reunión que, lejos de ser secreta, fue documentada por cables diplomáticos e informada en la prensa argentina, pero no me reuní con el Sr. Salehi mientras estaba allí, no se presentaron pruebas creíbles para apoyar esta falsedad. El resto de las acusaciones en el caso se basaron en esta mentira, que niego categóricamente.

Una parte central de las acusaciones del Sr. Nisman son las alertas rojas de la Interpol, una forma de orden de detención que tiene como objetivo ayudar a las fuerzas policiales nacionales a localizar a los buscados internacionalmente en casos penales. El Sr. Nisman y ahora el Sr. Bonadio me acusaron de intentar eliminar estas alertas rojas. Sin embargo, hasta el día de hoy, permanecen sin cambios. Estaba ansioso de que este fuera el caso, ya que servían para garantizar el cumplimiento iraní. El entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble, negó que Argentina solicitara ningún cambio en las alertas rojas inmediatamente después de que el Sr. Nisman presentara su acusación, el Sr. Noble mantuvo esa posición enfáticamente. En lugar de aceptar sus declaraciones, el Sr. Bonadio ahora acusa al Sr. Noble de coludir sobre el supuesto encubrimiento.

No sé por qué el acuerdo se convirtió en el foco de esa ira vengativa. No puedo decir por qué el señor Bonadio parece decidido a llevar adelante un caso con pruebas tan endebles y por qué anunció decisiones con un calendario sospechosamente político. Pero sí sé que está acusado de intentar proteger a los antiguos aliados políticos investigados en la investigación original de AMIA.

El Sr. Bonadio fue durante mucho tiempo activista del Partido Justicialista (peronista). Cuando Carlos Corach fue nombrado ministro del interior por el presidente Carlos Menem -el cargo incluía la gestión de relaciones con todos los gobernadores, el Parlamento, las fuerzas de seguridad y el poder judicial- colocó al Sr. Bonadio en la secretaría de asuntos legales.

En 1994 (poco antes del ataque de AMIA), el Sr. Corach lo promovió a la judicatura federal. Obtuvo el puesto sin pasar por una competencia con otros candidatos, como es el procedimiento en Argentina. En 2005, las autoridades judiciales lo separaron del primer juicio que investigaba el encubrimiento del caso AMIA, por haber mantenido el caso paralizado durante cinco años. Uno de los acusados fue el Sr. Corach.

El gobierno del presidente Néstor Kirchner acusó al Sr. Bonadio de bajo rendimiento y buscó que lo sacaran de la banca. En 2010, el Sr. Nisman acusó al Sr. Bonadio de amenazarlo para garantizar que la investigación de AMIA no involucrara a los aliados del juez. En términos más generales, él es el juez sentado con la mayoría de las quejas en el país; recopiló al menos 50 informes de mala conducta a lo largo de los años.

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia a fines de 2015, el Sr. Bonadio logró encabezar la mayoría de los casos contra la Sra. Fernández de Kirchner y encarceló a varios de sus ex funcionarios en prisión preventiva.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, una conocida organización de derechos argentinos, ha criticado el uso de esta medida, diciendo que representa el «uso del sistema penal para perseguir a los opositores políticos».

El Sr. Bonadio rechazó una solicitud para liberarme de la detención, que aparentemente podría continuar por un largo tiempo. Hace unos días, determinó que debía pedir permiso para ver a los médicos, una decisión criticada por Human Rights Watch.

Tristemente, no es la primera vez que mi familia es víctima de persecución política. Hace cuarenta años, mi padre, el periodista Jacobo Timerman, también era un preso político. Pasó más de un año bajo arresto domiciliario, después de ser secuestrado y torturado en centros clandestinos dirigidos por militares durante la última dictadura de mi país desde 1976 hasta 1983.

La defensa de los derechos humanos fue de vital importancia en mi vida personal y profesional. Considero que mi diplomacia en este caso es parte de ese ideal. En cambio, me encuentro enredado en un proceso kafkiano que agrava mi cáncer y me roba el tiempo que me queda.

Por ahora, el caso AMIA languidece, como lo hizo durante décadas. Y nosotros, que de buena fe buscamos la justicia, somos blanco de la ira de la comunidad judía y de muchas familias de las víctimas.

Pedí ser juzgado lo más rápido posible. Impedirme recibir atención médica oportuna es como condenarme a muerte. La Constitución de Argentina no permite la pena de muerte. Pero con un juez como este, eso es poca garantía.

*Soy un prisionero político en Argentina, por Hector Timerman