Por Esteban Rojas

Una vieja arma en el arsenal del chavismo en el poder, la inhabilitación política de rivales, apunta de nuevo contra la fracturada oposición venezolana de cara a las presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro buscará un nuevo mandato.

La ex diputada María Corina Machado, líder de la oposición de centroderecha, se sumó la semana pasada una amplia lista de dirigentes inhabilitados para ejercer cargos públicos en Venezuela.

Aún excluida, Machado aspira a convertirse en la candidata de la oposición para las presidenciales, a través de unas primarias previstas el 22 de octubre.

Otros de los principales aspirantes en estas internas, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y Freddy Superlano, también están impedidos de ejercer cargos públicos.

«Era muy esperable que esto viniese y yo no siento que vaya a terminar aquí, va a escalar», comenta a la AFP el doctor en ciencias políticas y profesor universitario Daniel Varnagy.

La ley faculta a la Contraloría a inhabilitar a funcionarios por vía administrativa, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.

«El candidato que gane las primarias será el candidato que reconocerán los venezolanos y la comunidad internacional», lanzó el martes Machado, de 55 años, que aparece favorita en las encuestas.

El tema fue punto álgido en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en México, en pro de acuerdos que permitiesen a los inhabilitados postularse, pero las conversaciones llevan más de seis meses congeladas sin señales de deshielo.

Críticas de Estados Unidos

Las inhabilitaciones envían un «mensaje opuesto» a «elecciones libres y justas», criticó el jueves el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, recordando que la Casa Blanca ha mostrado disposición a levantar progresivamente sus sanciones contra Venezuela si hay avances hacia comicios presidenciales limpios.

Ya la primaria había recibido un golpe con la renuncia en bloque de los directivos vinculados con el chavismo en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El oficialista Parlamento designará nuevas autoridades: la esposa de Maduro, la diputada Cilia Flores, está en la comisión para iniciar el proceso de postulaciones.

Y en carpeta está un recurso judicial contra el proceso: Luis Ratti, empresario disidente del chavismo que aspira a postularse en 2024, lo impugnó al cuestionar la imparcialidad de los organizadores, que anunciaron una votación manual, sin apoyo técnico del CNE, tras las dimisiones.

La persecución a María Corina Machado

Diputada entre 2011 y 2014, Machado fue inhabilitada por 12 meses por la Contraloría en julio de 2015.

Ese mismo organismo notificó el viernes pasado que extendió la sanción a 15 años al vincular a la ex parlamentaria con acusaciones de «corrupción» contra Juan Guaidó, opositor reconocido por Washington entre enero de 2019 y enero de 2023 como «presidente encargado» de Venezuela por denuncias de «fraude» contra la reelección de Maduro en 2018.

Resaltó, a la vez, sus pedidos de intervención extranjera.

Este argumento «abre la ventana» a que «la mayoría de los precandidatos con algún tipo de posibilidad de acumular votos en las primarias puedan ser objeto de una inhabilitación», dice a la AFP Eugenio Martínez, periodista y experto electoral.

«Son aplicables a todos los diputados que integraron la (opositora) Asamblea Nacional de 2015» y «a todas las personas, dirigentes políticos o no, que integraron el gobierno interino» o «apoyaron su agenda», expresa Martínez.

Igual que Estados Unidos, la Unión Europea criticó las inhabilitaciones al alegar que bloquean «derechos políticos» básicos.

Los argumentos de Nicolás Maduro

Maduro justificó las inhabilitaciones con una referencia a la declaratoria de ilegibilidad por ocho años contra el ex presidente Jair Bolsonaro en el vecino Brasil.

«Lo inhabilitan porque él cuestionó la confiabilidad del sistema electoral brasilero en público y frente a unos embajadores. ¿Ah? Saquemos conclusiones», dijo en su programa en la televisión estatal.

«Imagínense ustedes a aquellas personas que llaman a la invasión de Venezuela, a aquellas personas que llamaron a sanciones criminales contra la economía y contra la sociedad venezolana, a aquellas personas que usurpan cargos», agregó.

Martínez recordó que negociaciones paralelas a las de México permitieron postular inhabilitados a la elección de gobernadores y alcaldes de 2021, aunque destacó que «la dimensión de la presidencial de 2024 tiene otro tenor».

«El gobierno está apuntando a candidatos opositores fantoches, marionetas, para enfrentar a Maduro», cree Varnagy.

Fuente: clarin.com / AFP

Agencia AJN.- En Venezuela se produjeron 3.900 protestas entre enero y mayo de este año, lo que arroja un promedio de 26 manifestaciones callejeras cada día, según registros publicados este miércoles por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)según las fuentes de Infobae.

El coordinador general de esa organización no gubernamental, Marco Ponce, explicó -durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI)- que el 86 % de los reclamos “tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, lo que constituye “el epicentro de la conflictividad social” del país.

Detalló que, del total de protestas, 2.863 estuvieron motivadas por la exigencia de derechos laborales, especialmente para denunciar el bajo nivel del salario mínimo, un monto fijado por el Ejecutivo que equivale a unos cinco dólares mensuales.

Asimismo, los pensionistas y jubilados, que también reciben cinco dólares al mes, protagonizaron 557 manifestaciones en las que exigieron mejores ingresos y denunciaron que el dinero no les alcanza para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la compra de medicamentos.

Además, en los primeros cinco meses del año, la ONG documentó 340 protestas relacionadas con el mal estado de los servicios, lo que incluyó reclamos por fallos eléctricos o la falta de agua potable, suministros que dependen exclusivamente del Estado.

Ponce señaló que las protestas, siempre de “carácter pacífico”, han tenido lugar en Caracas y en los 23 estados del país.

Solo en mayo, la OVCS contabilizó 602 manifestaciones callejeras, la mayoría impulsadas por organizaciones de trabajadores públicos.