La diputada Nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI en UNEN) insistió hoy en pedir que el Congreso trate en forma urgente su proyecto para declarar la nulidad absoluta e insanable del pacto con Irán por el atentado a la AMIA, el cual se firmó hace más de un año y todavía no obtuvo resultados. A su vez intimó al Poder Ejecutivo a que “efectúe el retiro de la ratificación del tratado internacional o, en su defecto, su denuncia".

 

"Entendemos que el Memorándum de Entendimiento es inconstitucional. Este es de una gravedad preocupante para todos los argentinos, en tanto inicia un camino que puede llevar a la impunidad definitiva de los sospechosos iraníes que forman o han formado parte del gobierno de ese país", expresó.

 

En mayo la Cámara Federal sentenció la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Sin embargo, el gobierno nacional argentino apeló el fallo ya que consideró la sentencia como "arbitraria" porque "invade la esfera de actuación del Poder Ejecutivo y del Congreso".

 

Carrió también destacó: "No se trata sólo de una decisión de política exterior opinable en el marco del ámbito de oportunidad, mérito y conveniencia, respecto de la cual se puede estar a favor o en contra sino que, además, implica un evidente mal desempeño de sus funciones del Canciller Timerman y de la Sra. Presidenta de la Nación, con graves consecuencias en el caso y proyecciones internacionales negativas para nuestro país, en tanto permite observar una preocupante debilidad de la Argentina en la defensa de sus posturas, y termina garantizando la impunidad de los atentados a la Amia y a la embajada de Israel".

 

“Luego de largos años de negarse a prestar cualquier tipo de colaboración en la referida búsqueda de verdad y justicia —observando una actitud encubridora respecto de funcionarios propios— el gobierno iraní buscó con este acuerdo "cerrar el tema", buscó terminar este conflicto sin pagar costo alguno, es decir, conseguir una especie de "protección" por parte del Estado víctima. Pero no una protección en cuanto a garantías procesales, sino una especie de "salvoconducto" que lo libere de todas las acusaciones que se ciñen en su contra para poder avanzar en la celebración de acuerdos sobre diversas materias, con importantes naciones, que su actual "imagen" negativa le impide o dificulta celebrar”, agregó.

 

 Según su visión, la firma del Memorándum —junto con la posterior sanción de la ley que lo aprobó y su ratificación—“causa un grave daño a la Argentina, al convertirla en un país incapaz de sostener seriamente una postura o de mantener una política exterior de Estado, en un tema que la afecta directamente, con la firmeza que la envergadura del caso amerita”. También destacó éste desconoce el Derecho interno que forma el corpus constitucional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica.

 

“El memorándum suscripto es nulo constitucionalmente, de nulidad absoluta e insanable, en tanto el Poder Ejecutivo, en ningún caso, puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas (art. 109 C.N.), norma que debe hacerse jugar armónicamente con las disposiciones del art. 29 de la propia Carta Magna. Y, precisamente, eso es lo que está haciendo el P.E.N. cuando en clara dimisión de parte de nuestra soberanía, se arroga facultades para intervenir en el trámite de la causa penal sobre el atentado a la AMIA”, puntualizó la diputada.

 

El acuerdo fue pactado el 27 de enero de 2013 por el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, en la ciudad de Addis Abeba, Etiopía, junto con su entonces par iraní, Ali Akbar Salehi, e instauró la revisión de toda la documentación de la causa AMIA, tarea que estaría a cargo de una “Comisión de la Verdad” integrada por cinco juristas internacionales que elegirían ambos países. El objetivo era que las autoridades judiciales argentinas e iraníes lograran interrogar en Teherán a los acusados con pedido de captura de Interpol.