La DAIA se manifestó convencida de la “inconstitucionalidad” del acuerdo que la Argentina firmó con Irán en relación a la causa que investiga el atentado a la sede de la AMIA y confirmó que en los próximos días presentará una “acción judicial” para impedir la aplicación del tratado internacional.

Así lo confirmó el abogado de la DAIA, Miguel Bronfman, quien en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN) resaltó que la reciente declaración emitida por INTERPOL ratifica las circulares rojas dictadas contra ciudadanos iraníes sospechados de haber participado en el ataque a la institución comunitaria.

“Nos deja tranquilo que para INTERPOL las notificaciones rojas siguen vigentes, confiamos en la independencia de INTERPOL y esperamos que algunos de los ciudadanos que tienen pedido de captura abandonen territorio iraní se proceda a detenerlos”, dijo el abogado.

Respecto al acuerdo que la Argentina firmó con Irán en relación a la causa AMIA, Bronfman se mostró convencido de su inconstitucionalidad.

“En cuanto al acuerdo con Irán estamos convencidos de su inconstitucionalidad y en los próximos días vamos a iniciar acciones judiciales para que esto sea declarado por la justicia argentina”, aseguró.

En este sentido, el abogado de la DAIA aseguró que trabaja para que esta acción judicial se concrete a “la mayor brevedad posible, para que este acuerdo con Irán sea declarado por la Justicia argentina inconstitucional y que, por lo tanto, no sea llevado a la práctica nunca”.

En cuanto a la posible ruptura del estatus de las alertas roja, Bronfman sostuvo que “la posibilidad está latente desde el momento de que algún imputado pueda ser detenido y entonces se cumpliría el objetivo de la notificación”.

“La otra opción es que uno de los imputados se presente a estar a disposición de las autoridades, así que la posibilidad está latente siempre”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, avaló lo sostenido por Bronfman, ya que esto fue “en función de su representatividad”.“Esta es la voz de las instituciones en temas jurídicos”, agregó.

Respecto a la reciente declaración de INTERPOL, Wolff afirmó que “llama poderosamente la atención de que este comunicado esté escrito en términos políticos cuando se refiere a una avance positivo.

“Entendemos nosotros que no es la función ni la ambición de INTERPOL de expresarse términos políticos”, afirmó el dirigente.

La polémica surgió tras la difusión de una carta de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol interpretada como un apoyo al memorándum de entendimiento recientemente aprobado por el parlamento argentino.

La breve misiva, suscrita por el consejero jurídico Joël Sollier en la ciudad francesa de Lyon, manifiesta que “dicho acuerdo no implica un cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas” y que “es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa”.

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