La denominada Ley de Tal, que desde 2002 proporcionaba el marco jurídico para estudiantes de yeshiva de tiempo completo para aplazar el servicio militar, expiró hoy 1 de agosto sin que ninguna norma alternativa la sustituya.

En consecuencia entra en pleno vigor la Ley N º 1949 de Servicio de Seguridad -que exige el servicio militar para todos los ciudadanos de 18 años- incluyendo también a los estudiantes de la yeshiva.

El ministro de Defensa, Ehud Barak, confirmó que ante el fracaso para reemplazar a la Ley de Tal, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) comenzarán a reclutar a los hombres haredim (los que estudian la Torá), informó The Jerusalem Post.

Si bien, el Ejército hace un año que trabaja para incorporar a los ortodoxos a sus filas, Barak dio un plazo de un mes para  preparar el reclutamiento de los haredim.

La decisión de Barak se anunció a pesar de la reticencia del primer ministro Benjamín Netanyahu a aplicar un fallo de la Corte Suprema para que sean llamados a filas los haredim.

Más de 60 mil judíos ultraortodoxos tendrán que acatar la convocatoria de las Fuerzas Armadas o se enfrentarán a medios más coercitivos, si se resisten.

Barak aseguró que el Ministerio de Defensa formó un comité especial para el proyecto –por el plazo de tres meses- una orden temporal para llenar el vacío legal hasta que la Knesset aprobaba una nueva ley para tratar el tema, algo que hasta el momento no se concreto.

Lo cierto es que el fin de la denominada Ley de Tal dejó abierta una fuerte polémica entre los que reclaman igualdad frente al reclutamiento militar y los religiosos.

El Consejo para la Igualdad de Servicio Militar advirtió que el presupuesto aprobado por el gobierno no incluye un aumento de los fondos para el Ejército destinado a absorber los gastos que generará el ingreso de los haredim. El consejo dijo que este era un paso deliberado, que será respondido "en el terreno" y por la vía legal.

En esta pulseada, las organizaciones también exigieron que se detenga el envío de 400 millones de shekels (un poco más de 100 millones de dólares) ya que caducó la Ley que postergaba el ingreso de los ultraortodoxos al Ejército.

La polémica normativa provocó el quiebre de la coalición gobernante que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu, y precipitó la salida de los representantes de Kadima, el partido con más escaños en la Knesset (Parlamento israelí) por la diferencias sobre la inclusión de los religiosos y los árabes al Servicio Militar.

No obstante, la Knesset se prepara para aprobar una nueva ley, sin apartarse del veredicto de la Corte Suprema, que regulará de manera permanente la misión de los reclutas, así como los requisitos y necesidades de las IDF.

Tras la creación de Israel en 1948, los judíos ultraortodoxos fueron eximidos del servicio militar, a diferencia del resto de los israelíes, con el argumento de que se dedicarían a profundizar la enseñanza de la fe que sustenta al Estado sionista.

En 2002 se aprobó la Ley Tal para definir las normas de exención de los religiosos, la cual quedó invalidada por la Corte Suprema y obligó al gobierno a hallar una variante equitativa para todos los ciudadanos.

El portal de noticias de Arutz Sheva consideró que el alistamiento en masa de la juventud religiosa podría causar un caos en las fuerzas armadas, que no están preparadas para una afluencia masiva.

Ante la actual incertidumbre no se descarta que las fuerzas militares apliquen un antiguo sistema que obligada a los estudiantes de la yeshiva de tiempo completo que reciben exenciones a presentarse anualmente para demostrar que aún estaban estudiando Torá durante todo el día, y no podía trabajar legalmente hasta que se unían al ejército en algún momento de sus vidas.

De esta manera era posible dar de alta a los 26 años para el alistamiento de la segunda etapa, hacer un entrenamiento más corto e incorporarse a las unidades de reserva.

Oficialmente, la juventud religiosa podría ser arrestada por no obtener las exenciones, pero en la práctica, se estima que no se aplicará ninguna acción y se esperará hasta que los funcionarios puedan elaborar planes de cómo tratar con la nueva situación.