Agencia AJN.- Unos 40 legisladores libaneses se convirtieron el viernes en el último grupo en respaldar al juez que investigaba la catastrófica explosión del puerto de Beirut en 2020 y pedir que el fiscal superior del país rinda cuentas por las medidas adoptadas contra el magistrado y su investigación.

El juez Tarek Bitar reanudó el lunes su investigación sobre la explosión en la que murieron más de 220 personas, tras una suspensión de 13 meses provocada por disputas legales y presiones políticas de alto nivel.

Bitar presentó cargos contra altos funcionarios de seguridad, políticos y judiciales, entre ellos el fiscal general Ghassan Oueidat.

Aunque previamente se había recusado del caso debido a un conflicto de intereses, Oueidat presentó cargos contra Bitar por presunta mala gestión de la investigación y liberó a los 17 detenidos restantes que seguían retenidos por la investigación.

El grupo de legisladores que respalda a Bitar representa menos de un tercio de los 128 miembros de la legislatura libanesa e incluye a diputados independientes respaldados por grupos de la sociedad civil, el partido Kataeb y el partido Fuerzas Libanesas Cristianas.

En un comunicado, los legisladores afirmaron que Oueidat debía «rendir cuentas inmediatamente por las flagrantes violaciones que cometió, por su injerencia directa y la liberación de detenidos sin tener autoridad para hacerlo».

Oueidat defendió sus decisiones, declarando a Reuters el jueves que fue Bitar quien había violado los principios legales al reanudar su investigación basándose en lo que consideraba una justificación legal descuidada.

Las decisiones de Oueidat fueron respaldadas por el grupo terrorista Hezbollah, que se opuso a la investigación de Bitar después de que éste intentara interrogar y procesar a algunos de sus miembros.

La Asociación Libanesa de Jueces, que representa a una quinta parte de los 500 miembros de la judicatura libanesa, advirtió que las decisiones de Oueidat «traspasaron todos los límites y principios de una manera flagrante que destruye los cimientos de la justicia».

Además, la asociación aseguró que los jueces que «se vendieron al servicio de las autoridades políticas» deben renunciar y rendir cuentas.

El Colegio de Abogados de Beirut, que representa a los letrados, señaló que las decisiones de Oueidat «constituían un abuso de poder y una violación de la ley».

La disputa deja pocas esperanzas de que se haga justicia por la mortífera explosión que devastó amplias zonas de Beirut, y hace temer que el caso siga el camino de otros muchos en un país donde la impunidad es norma desde hace mucho tiempo.