Agencia AJN.- Un legislador del Likud, considerado un leal al primer ministro Benjamin Netanyahu, aseguró hoy que los votantes israelíes, y no el sistema de justicia, decidirían el destino legal del premier israelí, lo que indicaría un nuevo impulso para protegerlo de la acusación por corrupción después de las próximas elecciones del 17 de septiembre.

El asesor letrado del gobierno Avichai Mandelblit anunció a mediados de febrero su intención de acusar al Primer Ministro, en espera de una audiencia, de los delitos de fraude y abuso de de confianza en tres casos, y sobre un cargo de soborno en uno de ellos.

El abogado de Netanyahu dijo ayer que el Primer Ministro asistiría a la audiencia , que se fijó para el 2 de octubre luego de que se retrasara varios meses.

«El asesor letrado y el sistema legal tendrán que considerar los resultados de las elecciones, porque la gente es el soberano», dijo Miki Zohar a la radio pública Kan. «La gente determina las normas sociales», remarcó, según consignó The Times of Israel.

«Los responsables del destino legal de Netanyahu son solo la nación israelí y los ciudadanos israelíes», insistió el legislador, a lo que agregó que “si llegan a la votación en unos pocos meses y nuevamente le dicen al asesor letrado, a los sistemas policiales, a la izquierda y a los medios de comunicación que quieren que Netanyahu sea su primer ministro, con el debido respeto de todos, seguirá siendo su primer ministro», advirtió.

Zohar dijo que no tenía dudas de que la audiencia para acusar al primer ministro es una presión de la izquierda sobre Mandelblit.

Se ha informado ampliamente que Netanyahu ha intentado construir una coalición después de la elección del 9 de abril en la que sus miembros del Likud y sus aliados iniciarían o respaldarían los esfuerzos legislativos para permitirle evitar el procesamiento, primero facilitando su camino para obtener inmunidad a través de la Knesset, y luego mediante la cancelación de la autoridad del Tribunal Supremo para anular dicha inmunidad.

El último cambio se lograría como parte de una amplia reforma del rol de la Corte Suprema, en virtud de la cual a los jueces se les negaría su autoridad actual para anular la legislación, las decisiones del Knesset y del gobierno, consideradas inconstitucionales.

Se ha descrito que los planes para dicha legislación de «anulación» marcan una potencial revolución constitucional que los críticos advierten que podría destruir los controles y equilibrios en el corazón de la democracia israelí.

Netanyahu niega todas las acusaciones en su contra, y ha afirmado que provienen de una cacería de brujas apoyada por la oposición de izquierda, los medios de comunicación, la policía y la fiscalía estatal, encabezada por un fiscal general «débil».