Agencia AJN.- Los familiares de los fallecidos en la explosión del puerto de Beirut en 2020 afirman que se convirtieron en el objetivo de la justicia, en lugar de los altos funcionarios que aún no rendieron cuentas por la enorme explosión que devastó la capital libanesa y mató a 220 personas.

Una docena de personas fueron citadas para ser interrogadas el lunes tras las protestas de la semana pasada ante el palacio de justicia, donde los familiares suelen reunirse para exigir responsabilidades. La detención el viernes de un activista suscitó la condena del jefe de la Iglesia maronita.

Sin embargo, las esperanzas de justicia se desvanecen rápidamente. Una élite política que dominó durante décadas el fracturado sistema sectario libanés paralizó la labor de un juez de instrucción que intentó interrogar a altos cargos, pero no lo consiguió. Hasta ahora, las autoridades sólo interrogaron a funcionarios menores.

«Es absurdo y repugnante que seamos nosotros a quienes se traiga para interrogarnos», expresó William Noun, detenido el viernes por la noche tras una protesta la semana pasada en busca de justicia para su hermano, muerto en la explosión del 4 de agosto de 2020.

«Hay un intento deliberado de vaciar a las familias», agregó Noun, una figura prominente en la campaña.

La detención de Noun atrajo a multitudes a la comisaría hasta su liberación el sábado y provocó una severa respuesta del patriarca maronita Bechara Boutros Al-Rai, el clérigo cristiano de mayor rango del Líbano.

«¿No se avergüenzan de sí mismos después de haber solicitado la detención de William Noun, el registro de su casa y su encarcelamiento, sin preocuparse de sus tragedias ni de las de su familia?», señaló Rai, calificando al poder judicial de «herramienta de venganza, malicia y odio».

Una fuente judicial dijo que Noun fue detenido por «amenazas al poder judicial». En las protestas de la semana pasada, un testigo mencionó que se lanzaron piedras contra el palacio de justicia y se rompieron ventanas.

Los medios de comunicación libaneses difundieron imágenes de Noun en la protesta diciendo que los manifestantes habían preparado «hombres, alborotadores, dinamita y piedras» si el poder judicial nombraba a un investigador adicional para la investigación, una medida que las familias temen que esté diseñada para obstaculizarla aún más.

Con el juez instructor Tarek Bitar inmovilizado, los especialistas advierten que el juez adicional tendría potestad para poner en libertad a los detenidos, entre los que podría encontrarse el ex jefe de aduanas del puerto, uno de los funcionarios detenidos.

«Piensan que nos olvidaremos o que nos aburriremos, o que nos presionarán tanto que nos asustaremos y lo dejaremos», advirtió Mariana Fadoulian, cuya hermana murió en la explosión y que se unió a la protesta exigiendo la liberación de Noun.

«No tenemos miedo de nada. Pedimos nuestros derechos y los derechos de todos los libaneses», agregó Fadoulian.

Para muchos libaneses, el fracaso de la investigación sobre la explosión refleja la impunidad de la élite y el gobierno corrupto que condujeron al país al colapso financiero en 2019 y a la peor crisis desde la guerra civil de 1975-1990.

La explosión fue causada por cientos de toneladas de productos químicos almacenados en malas condiciones durante años en el puerto.

Bitar, el segundo juez instructor de la investigación tras la destitución del primero, trató de interrogar a altas figuras del movimiento musulmán chií Amal, aliado del movimiento Hezbollah, respaldado por Irán y fuertemente armado. También había intentado interrogar al entonces primer ministro suní.

Pero los altos cargos citados se resistieron a ser interrogados, alegando que gozaban de inmunidad o diciendo que Bitar carecía de autoridad para procesarlos. Además, los altos cargos negaron haber cometido delito alguno.

La investigación está paralizada desde que se jubilaron los jueces de un tribunal que debe pronunciarse sobre las denuncias contra Bitar y la cuestión sigue sin resolverse.

Un funcionario de Hezbollah avisó a Bitar que el grupo lo apartaría de la investigación, según las fuentes, mientras que el líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, aseguró que Bitar era parcial y debía ser sustituido.

El tribunal de casación destituyó al predecesor de Bitar en 2021, el juez Fadi Sawan, tras presiones políticas de alto nivel. Dos ex ministros a los que acusó -Ali Hassan Khalil y Ghazi Zeaiter, de Amal- habían exigido que fuera apartado del caso.