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Hay poco acuerdo acerca de la política de EE.UU. sobre Irán (la estrategia de doble carril, el compromiso y la presión a través de las sanciones), que actualmente está vigente, y cómo se mide el éxito con el comportamiento ambivalente del régimen iraní.

Hoy el presidente estadounidense, Barak Obama, firmó una orden exclusiva que impone sanciones a oficiales iraníes que Washington ve como cómplices en serios abusos de los derechos humanos luego de las disputadas elecciones iraníes en junio del 2009.

El documento lista a ocho oficiales que “comparten la responsabilidad por varias y sostenidas violaciones de los derechos humanos en Irán desde la votación a presidente”.

En una conferencia de prensa junto con el secretario del tesoro de EE.UU., Timothy Geithner, la secretaria de estado americana, Hillary Clinton, dijo que “en la firma de la orden ejecutiva, el presidente manda un mensaje de que EE.UU. apoya los derechos universales de todas las personas”.

“Y como el presidente Obama dijo en las Naciones Unidas la semana pasada, le llamaremos la atención a aquellos que supriman ideas, serviremos como la voz de los mudos, y haremos que los gobiernos e individuos abusivos se hagan cargo de sus acciones”, expresó Clinton.

La secretaria de estado también dijo: “La orden representa la primera vez que EE.Uu. impone sanciones contra Irán basadas en el abuso de derechos humanos. Quisiéramos poder decirles que es la última, pero temo que no”.

El procurador general de Therán, Heydar Moslehi; el ministro de inteligencia, Mostaza Mohammad Najjar; el actual ministro del interior y ex comandante de las Fuerzas Armadas, Ahmad-Reza Radan; el jefe de la policía nacional iraní, Hossein Taeb; el actual comandante de inteligencia de IRGC y ex comandante de las Fuerzas de Basic, serán bloqueados y tienen prohibido “tener transacciones con estadounidenses”.

Mientras, la semana pasada, el instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente presentó un informe que resume la estrategia política de EE.UU. sobre Irán. Los expertos que participaren no pudieron determinar el progreso de las sanciones, lo que refleja la ambivalencia de la política de la administración.

 

JC