Agencia AJN.- Israel y Estados Unidos están formulando una respuesta conjunta a la legislación polaca que restringiría severamente la posibilidad de que los sobrevivientes de la Shoá y sus familias obtengan la restitución de propiedad confiscada.

El canciller Yair Lapid y el secretario de Estado Antony Blinken han estado manteniendo «discusiones intensas» sobre cómo responder a la nueva ley, que «roza la negación» de la Shoá, dijo el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores.

«No dejaremos que esto pase tranquilamente», dijo Lapid. «Los polacos no pueden seguir dañando la memoria de los que perecieron».

El miércoles por la noche, Lapid dijo que “el Estado de Israel no se comprometerá con una coma en la memoria» de la Shoá. «Seguiré oponiéndome a cualquier intento de reescribir la historia y promover compromisos y concesiones a expensas del genocidio del pueblo judío y los derechos de las víctimas.»

«Polonia sabe qué es lo correcto: cancelar la ley», afirmó.

Blinken dijo que Estados Unidos está «profundamente preocupado» por la ley, horas después de su aprobación.

«Instamos al presidente [Andrzej] Duda a que no lo promulgue, o que de acuerdo con la autoridad que se le otorgó como presidente, refiera la ley al tribunal constitucional de Polonia», dijo Blinken. Duda tiene 21 días desde la aprobación de la legislación para convertirla en ley o vetarla.

Blinken pidió una ley integral para resolver los reclamos de propiedad confiscada, para brindar cierta medida de justicia a las víctimas.

“Una ley así beneficiaría a muchos ciudadanos polacos, así como a las personas que se vieron obligadas a abandonar Polonia durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y que posteriormente se convirtieron en ciudadanos naturalizados de otros países”, continuó. “Hasta que no se promulgue una ley de este tipo, el camino hacia la indemnización no debe cerrarse para nuevos reclamos o aquellas decisiones pendientes en los tribunales administrativos”.

A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, las autoridades comunistas polacas promulgaron un programa masivo de confiscación de propiedades en todo el país, que incluía grandes cantidades de propiedades que anteriormente pertenecían a la población judía de Polonia de antes de la guerra de unos tres millones de personas, el 90% de las cuales fueron asesinadas por los nazis.

Gran parte de esta confiscación de propiedades se llevó a cabo de acuerdo con las leyes promulgadas por el régimen comunista, pero algunas se realizaron fuera del marco de esas leyes, dejando espacio para que los propietarios originales, o sus herederos, reclamen la propiedad a través de los tribunales polacos.

La nueva ley haría imposible que un tribunal invalidara una confiscación si han pasado 10 años desde que se llevó a cabo dicha confiscación.

Además, la nueva ley haría imposible siquiera iniciar un proceso judicial para reclamar la propiedad si han pasado 30 años desde que la propiedad fue confiscada.

Finalmente, si ya se han iniciado procedimientos legales para reclamar una propiedad específica, pero se iniciaron más de 30 años después de su confiscación y el proceso legal no está completo antes de que la nueva ley entre en vigencia, entonces esa demanda sería automáticamente desestimada.

También la Organización Mundial de Restitución Judía (WJRO) emitió un comunicado condenando la controvertida ley.

«Es cierto que Polonia sufrió mucho bajo la ocupación nazi y fue víctima de terribles atrocidades. Pero estamos hablando aquí de propiedades que fueron tomadas por Polonia después de la guerra, y que permanecen y benefician a Polonia hasta el día de hoy», escribió en un comunicado Gideon Taylor, presidente de operaciones de WJRO.

Taylor también argumentó que la propiedad robada a los judíos durante y después de la Segunda Guerra Mundial todavía beneficia a Polonia incluso hoy.