Agencia AJN.- El juez de la Corte Suprema de Israel, Neal Hendel, emitió hoy una orden judicial provisional para impedir la implementación de la Ley de Regulación de Asentamientos.

La orden fue emitida a petición del Fiscal General, el Dr. Avihai Mandelblit, que se presentó recientemente ante el Tribunal Superior de Justicia, según el cual se emitiría una orden oficial para validar un acuerdo por el que el Estado no implemente las disposiciones de la Ley de Regulación.

Según la orden, la situación actual se congelará para no llevar a cabo la expropiación práctica, la planificación, el registro y la incautación de tierras definidas como «privadas palestinas» para beneficio del asentamiento judío en Judea y Samaria de acuerdo con las fechas especificadas en La Ley de Regulación.

La razón para emitir la orden es la llegada de la última fecha en que, de acuerdo con la ley, la propiedad palestina de las tierras a las que se aplica la Ley de Regulación debe expirar.

Cabe señalar que la petición contra la Ley de Regulación fue presentada en nombre de 17 autoridades locales palestinas en Judea y Samaria, cuyas tierras son susceptibles de verse afectadas por la aplicación de la ley.

Los políticos de derecha, los expertos legales y los colonos se opusieron de inmediato a la orden judicial. Ellos esperaban que los primeros pasos para preparar el trabajo de tierra para la legalización de los hogares podría tener lugar antes de cualquier decisión judicial sobre la legislación.

El Consejo de Binyamin, que se unió como demandado a la petición sobre la ley, informó a la Alta Corte de Justicia que se opone a la emisión de la orden y exige que la ley se aplique en el momento señalado. Además aseguró que «cualquier retraso en la plena aplicación de la ley extiende el tiempo que los residentes del Consejo se ven afectados, incluyendo en honor, propiedad, educación e igualdad, y también perjudica la capacidad del Consejo para cumplir con su función y asegurar el bienestar De sus residentes».

La Ley de Asentamientos, aprobada por la Knesset en febrero, autoriza a 3.921 casas de colonos ilegales construidas en propiedad privada palestina, al tiempo que ofrece a los terratenientes palestinos una compensación monetaria.

El gobierno tiene hasta el 17 de agosto para responder en general al caso y es probable que una audiencia sobre el asunto no tenga lugar hasta el otoño (en Israel).