Agencia AJN.- El jueves por la mañana se anunció una petición firmada por 120 académicos en apoyo de la reforma judicial propuesta por el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin.

Entre los firmantes de la petición figuran profesores, investigadores y administradores del Instituto Weizmann de Ciencias, el Technion (el Instituto Tecnológico de Israel), la Universidad de Haifa, la Universidad Bar Ilan, la Universidad Hebrea de Jerusalem, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Ben Gurión.

La iniciativa contó con el apoyo del Profesor Yisrael Aumann, galardonado con el Premio Israel, que intervino en las sesiones de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset (el Parlamento israelí) sobre las reformas. Aumann había impulsado la modificación de la composición del comité de selección de jueces, pero había desaconsejado la cláusula de anulación por temor a los contrapesos y la separación de poderes entre autoridades.

Este equilibrio de poderes entre las ramas del gobierno se vio dañado por la revolución constitucional del Tribunal Superior de Justicia en los años 90, argumentaba la petición. El tribunal había adquirido demasiados poderes, incluida la revisión judicial de las leyes ordinarias y básicas y un mayor alcance de la cláusula de razonabilidad.

«No se debe permitir que perjudique el proceso correctivo esencial para el sistema legal, que en los últimos años vio redibujados los límites de las autoridades», decía un comunicado anunciando la petición.

Petición de negociaciones

La petición también pedía negociaciones para llegar a un amplio acuerdo sobre las reformas, pero sin capitular en los elementos básicos necesarios para corregir el sistema.

Los firmantes señalaron que hay muchos más académicos que apoyan la reforma, y que muchos más se sumarían a la petición.

Las peticiones respondían expresamente a cartas abiertas anteriores de académicos contrarios a las reformas. El 24 de enero, 185 académicos israelíes del ámbito jurídico firmaron una declaración conjunta, que fue precedida el 8 de enero por una carta de ocho decanos de facultades de Derecho de universidades israelíes.

Además, el miércoles, 740 activistas de la oposición israelí pertenecientes a seis ONG enviaron una carta al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la que pedían que se sancionara al primer ministro Benjamín Netanyahu por delitos contra los derechos humanos.

Los activistas afirmaron que, mediante la reforma judicial, Netanyahu estaba atacando las instituciones democráticas de Israel y haciéndose con el control de todos los poderes del Estado, motivado en parte por sus juicios por corrupción en curso.

«Los proyectos de ley que el primer ministro Netanyahau está promoviendo convertirán al Estado de Israel en una dictadura en toda regla y abolirán todas las protecciones legales en Israel para los derechos humanos y civiles», argumentaron los activistas.

«Le pedimos que actúe sin demora para aplicar la Ley Magnitsky de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, sobre el primer ministro Netanyahu como responsable de corrupción y graves abusos contra los derechos humanos», concluyó al pedido de los activistas a Blinken.