Agencia AJN (por Patricia Blanco -Infobae).- A dos años de la orden de detención que se dictó sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y que no se cumplió por sus fueros, el inminente Procurador del Tesoro Carlos Zannini le pidió al tribunal oral que tiene en sus manos la causa del Memorándum con Irán–iniciada con la denuncia de Alberto Nisman antes de morir- que se le tome declaración ya mismo, antes del debate, a dos funcionarios claves de Interpol, en busca de poner en jaque la hipótesis de la acusación, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

La defensa de Zannini le pidió hace unos días al Tribunal Oral Federal 8 que le tome declaración vía teleconferencia y de manera inmediata a Ronald Noble, el ex titular de Interpol que cruzó a Nisman apenas el entonces titular de la UFI AMI hizo la denuncia por el Memorándum con Irán contra la ex presidenta. También solicitó la declaración anticipada de Joel Sollier, consejero jurídico en 2013 que manifestó cuando se firmó el Memorándum que el acuerdo no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA».

No es un dato menor. Se trata de la prueba que reclamó la defensa del ex canciller Héctor Timerman, desde que estalló el caso hasta que murió. Es que Noble es una carta esencial para las defensas: dirá que ningún funcionario kirchnerista intentó levantar las alertas rojas que pesan sobre los iraníes sospechados de haber participado del ataque a la mutual judía. Para los acusados, el testimonio de Noble demostrará que nunca se buscó dar impunidad a los acusados de volar la mutual judía, clave de la acusación.

Hasta ahora Noble nunca declaró en el expediente. Él mismo se encargó de pedirlo públicamente. Primero hubo un debate sobre si tenía inmunidad como funcionario de Interpol. Después, la querella de la DAIA planteó que debía ser imputado.

A criterio de Zannini, el hecho de no haber llamado a Noble como testigo “demuestra el tinte político y utilitario que se le ha impreso a este irregular proceso”. Ahora, la defensa de Zannini, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, justificó la necesidad de concretar las declaraciones de Noble y Sollier ya mismo. Advirtió que no hay certezas de que esos dos ex funcionarios de Interpol puedan ser interrogados en Argentina en el juicio oral porque viven en el exterior. Pero además –se deslizó- si algo les pasara a Noble o Sollier, se frustraría para siempre la posibilidad de escucharlos en el marco de la causa, generando un perjuicio grave para las defensas.

“El Doctor Zannini se vio arbitrariamente privado de su libertad merced a una instrucción tan irregular como parcial e incompleta, en la que -intencionalmente- se omitió la producción de medidas de prueba dirimentes pues lo que menos guiaba al juez y al Ministerio Publico Fiscal era averiguar la verdad. Hasta estos momentos persiste el déficit de prueba esencial, pues no ha variado y es por ello que en este momento nos anima reclamar su inmediata realización”, sostuvo la presentación hecha en la causa, a la que accedió Infobae.

“Entiendo que las declaraciones en carácter de testigo de las dos personas mencionadas no admiten demoras ni cuestionamientos de ninguna parte bien intencionada, pues se trata de funcionarios que no solo son fundamentales para reconstruir la realidad de los hechos, sino que incluso, como es el caso de Ronald Noble, ha requerido prestar testimonio espontáneamente ante el Magistrado de la Instrucción, poniendo a disposición los datos de contacto necesarios para hacerlo desde su domicilio o bien desde la embajada o consulado argentino en su lugar de residencia, que es la Ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. No haberlo convocado, no hace otra cosa que poner en evidencia la incorrecta administración de justicia que signa a todo este proceso”, aseguró.

Fragueiro Frías citó como antecedente la declaración de Timerman que, enfrentando una grave enfermedad que después terminó con su vida, pidió declarar para dar su versión de los hechos. Allí, primero con una fallida videoconferencia y luego en su casa frente a los jueces, dijo que nunca buscó impunidad con el atentado a la AMIA y que el Memorándum era una manera de intentar destrabar el empantanamiento en el que había quedado la causa del atentado, sin poder interrogar a los iraníes prófugos.

“No hice nada que interfiera con la Justicia. Si tuviera alguna duda no hubiese firmado el memorándum”, aseguró Timerman en junio de 2018, ante las preguntas de los jueces y el fiscal. También defendió a Cristina Kirchner: “La presidenta Cristina jamás me dio una orden que sea contraria a la ley y yo jamás la hubiera cumplido”, dijo Timerman en junio de 2018. Falleció en diciembre de ese año.

“El Tribunal cuenta con un antecedente, pues dispuso otra medida anticipada al acceder –con indiscutible acierto-, a recibirle ampliación de declaración indagatoria a Héctor Timerman”, a quien se describió como “la persona que más conocía sobre laS circunstancias que rodearon la firma del memorándum”, señaló la defensa de Zannini, quien proporcionó 69 preguntas para Timerman y 26 para Sollier, según el escrito al que accedió Infobae.

AsÍ las cosas, añadió: “Repasados someramente los antecedentes de la causa, vemos el por qué de la necesidad de escuchar a los Señores Noble y Sollier en el marco de esta investigación; el testimonio de los nombrados es fundamental para echar luz a diversas cuestiones trascendentales como son: 1) La inexorable voluntad de los funcionarios argentinos de no alterar el estatus de las notificaciones rojas que pesaban sobre los ciudadanos iraníes acusados de perpetrar el atentado a la mutual AMIA. 2) La imposibilidad de modificar el estatus de las notificaciones mediante un instrumento de las características del memorándum. 3) El alcance y propósito que tuvo la leyenda que figuraba sobre las alertas rojas”, añadió.

La decisión de hacer lugar a este planteo está en manos de los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado. El TOF 8 no ha puesto aún fecha de debate.

La causa nació con la denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Fue en enero de 2015. En aquel momento, la denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, con el aval de la Cámara Federal. En 2016, se hizo una denuncia contra Cristina Kirchner y los legisladores que votaron el Memorándum. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación avaló la reapertura de la denuncia de Nisman. Tras un breve paso por las manos del juez Ariel Lijo, la denuncia se concentró en el juzgado de Claudio Bonadio.

Hace exactamente dos años, el juez Bonadio procesaba y ordenaba la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.

A todas las acusaba de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre se había convertido en senadora y tenía fueros. Precisamente, sobre eso habló la ex presidente en su indagatoria en el juicio oral en la causa de Vialidad. En tanto, a Timerman se le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos (sin la figura de traición a la Patria) y las detenciones ese mismo diciembre de 2017. En enero, el entonces juez Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior a tratarse. El caso pasó rápidamente a un tribunal oral. El 24 de marzo de 2018, fueron liberados Zannini, D’Elía y Khalil por orden del TOF, que contaron con el aval de la fiscalía porque no había riesgos de fuga ni entorpecimiento. El único que quedó preso fue Esteche, ex líder de Quebracho, por una condena previa. Sin embargo, salió en libertad después de las PASO cuando estaba por cumplir dos años de preventiva.

La Corte Suprema confirmó en marzo pasado la prisión preventiva de la vicepresidenta electa (al rechazar un recurso extraordinario porque no se trataba de una sentencia definitiva). Curiosamente, la orden de detención sobre CFK es la única que sigue vigente en este expediente porque la ex jefa de Estado nunca solicitó la excarcelación que, a la luz de cómo le fue al resto de los implicados, se cree que hubiera sido aceptada.