Agencia AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- El sábado 18 de julio, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, se cumplirán 26 años de dolorosa impunidad para las 85 víctimas del atentado a la AMIA, sus familias, los centenares de heridos, la comunidad judía y la sociedad argentina en general.

Lamentablemente, la causa judicial no experimentó novedad alguna en los últimos doce meses y el eventual juzgamiento de los iraníes imputados como autores ideológicos está paralizado a la espera de que Interpol logre capturarlos o que prosperen algunas de las iniciativas en estudio: el cuestionado juicio en ausencia que impulsa la DAIA y el nuevo Gobierno no parece acompañar, mientras que varios juristas lo rechazan y la mayoría de los familiares teme que sea una estratagema para cerrar la causa, o que las Naciones Unidas conformen un tribunal especial.

Respecto de la “conexión local”, cinco años después del sobreseimiento de todos los acusados en el debate realizado entre 2001 y 2004, la Corte Suprema ordenó volver a juzgar a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, pero ello recién se realiza desde mayo del año pasado y lleva más de tres meses suspendido por la feria judicial extraordinaria dispuesta por el máximo tribunal a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo debido a la epidemia.

Paralelamente existen varias causas abiertas por presunto encubrimiento de los autores o cómplices del atentado en el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo.

El juicio por el pago ilegal a Telleldín para que acusara a policías bonaerenses y la protección a Alberto Kanoore Edul, hijo de un amigo del entonces presidente Carlos Menem, terminó en varias condenas y algunas absoluciones, incluida la del fallecido ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios, y su fallo fue apelado por diversas partes ante la Cámara de Casación Penal, que no ha avanzado al respecto.

La denuncia del extinto fiscal Alberto Nisman contra la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus allegados o simpatizantes fue elevada a debate oral, aunque uno de los imputados, el hoy procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, pidió la nulidad de su procesamiento y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 deberá expedirse sobre el particular, mientras una parte continúa en la instrucción, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi tras la muerte de Claudio Bonadio, e investiga la eventual responsabilidad de ex autoridades de Interpol, entre otros.

Por último, las ya viejas acusaciones del titular de la desaparecida Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Mario Cimadevilla, oportunamente archivadas por la Justicia, cobraron actualidad últimamente con la difusión de un audio adjudicado a la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti, que respaldaría presuntas maniobras encubridoras del gobierno de Mauricio Macri y tuvo gran repercusión mediática y política, aún no terminada de volcarse en los tribunales, en un contexto de avanzada contra la llamada “Mesa Judicial” que involucra una no muy clara presión contra la camarista Ana María Figueroa sobre la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán, que cimienta la imputación contra la administración cristinista, hoy de vuelta en el poder.

Paralelamente, una parte de la causa por el supuesto asesinato de Nisman fue elevada a juicio, respecto de sus custodios, por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público, mientras que tiene acusado al técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario de un crimen cuyo autor aún se ignora.

Asimismo, hay otro expediente que analiza un eventual encubrimiento de ese presunto homicidio y tiene imputados a ex y actuales miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Desde un punto de vista político, el aniversario llegará en medio de especulaciones e interrogantes por el regreso al poder del kirchnerismo, mientras el Gobierno está obviamente más ocupado por la pandemia que por el atentado y casi no hubo reuniones al respecto, más allá de algunas de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, con la AMIA, la DAIA y Memoria Activa.

No se conocen resoluciones sobre el tema en estos seis meses, más allá del haberse desprendido de los funcionarios macristas que intervinieron en los últimos tiempos, de la reincorporación a la administración pública de varios imputados por encubrimiento de los iraníes y de la confirmación de la libanesa Hezbollah en la nómina de organizaciones terroristas, debido a su supuesto rol en los ataques en la Argentina.

Es fundamental que la sociedad toda apoye y acompañe a los familiares de las víctimas en su práctica de memoria, su reclamo de verdad y su exigencia de justicia para que por fin se ponga fin a la impunidad y las 85 víctimas puedan descansar en paz.

Por lo pronto y si bien todavía falta un mes, los deudos ya evalúan cómo recordarán el aniversario en medio de la pandemia, mientras que la AMIA ya anunció que lo hará en forma virtual, el viernes 17 de julio, para no profanar el Shabat…