Agencia AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- El próximo lunes 18 de julio se cumplirán 28 años de dolorosa impunidad para las 85 víctimas del atentado a la AMIA, sus familias, los centenares de heridos, la comunidad judía y la sociedad argentina en general, y la principal noticia es que los reclamos volverán a ser presenciales como hasta 2019, ante el fuerte retroceso que experimenta la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Lamentablemente, la causa judicial no experimentó mayores novedades en los últimos doce meses y el eventual juzgamiento de los iraníes imputados como autores ideológicos está paralizado a la espera de que Interpol logre capturarlos o que prospere alguna de las iniciativas en estudio: el cuestionado juicio en ausencia, que impulsa la DAIA, pero parece haber quedado abandonado, sin apoyo del Gobierno, con varios juristas que lo rechazan y la mayoría de los familiares que teme que sea una estratagema para cerrar la investigación, o que las Naciones Unidas conformen un tribunal especial o algo similar.

Por lo pronto, días atrás el juez que está interinamente a cargo, Daniel Rafecas (el mismo que archivó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman), instó a las unidades de investigación, Fiscal y Especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a que arbitren los medios para garantizar el pleno acceso de los familiares de víctimas querellantes a los diversos fondos documentales desclasificados en los últimos años.

Respecto de la “conexión local”, luego de la nueva absolución de Carlos Telleldín la Fiscalía promovió el sobreseimiento del resto de los imputados, lo cual fue rechazado por las querellas y el juzgado, pero tampoco se avanzó un ápice a su respecto.

Paralelamente existen varias causas abiertas por presunto encubrimiento de los autores o cómplices del atentado en el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo.

El juicio por el pago ilegal a Telleldín para que acusara a policías bonaerenses y la protección a Alberto Kanoore Edul, hijo de un amigo del entonces presidente Carlos Menem, terminó en varias condenas y algunas absoluciones, pero ese fallo fue apelado por diversas partes ante la Cámara de Casación Penal, que no se ha abocado al caso.

En la instrucción permanece una causa contra ex secretarios del destituido juez Juan José Galeano, que fueron procesados por cargos menores y ello fue apelado, mientras que el segmento contra el ex comisario Luis Vicat y la abogada Marta Parascandalo aguarda su juicio oral.

Anteayer, la Corte Suprema confirmó la condena a 4 años de prisión, ya cumplidos, contra el ex comisario Carlos Castañeda por la desaparición de pruebas, incluidos los casetes claves que demostrarían cómo negoció su entrega Telleldín.

Es la única pena cumplida, junto con la del misterioso brasileño Wilson dos Santos, quien advirtió del atentado y después quiso convencer a todos de que había sido una mera casualidad… Los jueces le creyeron y lo castigaron por eso…

En tanto, la denuncia de Nisman contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus allegados o simpatizantes fue elevada a debate, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 sobreseyó a todos en audiencias previas, lo cual fue recurrido por la Fiscalía y las querellas y habrá una audiencia al respecto el 29 de septiembre.

El remanente que seguía en la instrucción fue desestimado por Marcelo Martínez de Giorgi tras la muerte de Claudio Bonadio, pero ello fue apelado por dos padres de víctimas.

Por último, las presuntas maniobras encubridoras del gobierno de Mauricio Macri forman parte de una causa más grande y de incierto futuro, llamada “Mesa Judicial”.

Paralelamente, tampoco hubo novedades en la causa por el supuesto asesinato de Nisman, que tiene acusado al técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario de un crimen cuyo autor aún se ignora y a los custodios del fiscal por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Asimismo, hay otro expediente que analiza un eventual encubrimiento de ese presunto homicidio y tiene imputados a ex y actuales miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

A esos escenarios diversos se sumó el mes pasado el intríngulis por un sospechosos avión iranio-venezolano que no se despeja, luego de una actuación gubernamental que parecía debatirse entre la inoperancia y la complicidad.

Desde un punto de vista político, más allá de las disputas típicas de la «grieta» filo/antikirchnerista, sobre todo por este último tema, el atentado a la AMIA casi ni figuró en la agenda a lo largo del año y hubo muy pocas reuniones o alusiones al mismo, particularmente en marzo, cuando se cumplió el 30° aniversario de su antecedente, perpetrado contra la Embajada de Israel. Como siempre, cada fuerza «atiende su juego»…

Es fundamental que la sociedad toda apoye y acompañe a los familiares de las víctimas en su práctica de memoria, su reclamo de verdad y su exigencia de justicia para que de una vez por todas se ponga fin a la impunidad y las 85 víctimas puedan descansar en paz.