Agencia AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- El martes 18 de julio se cumplirán 29 años de dolorosa impunidad para las 85 víctimas del atentado a la AMIA, sus familias, los centenares de heridos, la comunidad judía y la sociedad argentina en general.

Lamentablemente, la causa judicial no experimentó mayores novedades en los últimos doce meses y el eventual juzgamiento de los iraníes imputados como autores ideológicos está paralizado a la espera de que Interpol logre capturarlos o que prospere alguna de las iniciativas en estudio: el cuestionado juicio en ausencia, que impulsa la DAIA sin apoyo del Gobierno saliente, con varios juristas que lo rechazan y la mayoría de los familiares que teme que sea una estratagema para cerrar la investigación, o que la Organización de las Naciones Unidas conforme un tribunal especial, o algo similar.

Por lo pronto y como cada vez que se aproxima algún aniversario, hubo alguna novedad de poca monta, como para aparentar una acción que no es tal. En este caso, el juez que está interinamente a cargo, Daniel Rafecas (el mismo que archivó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman), ordenó la captura internacional de cuatro libaneses con residencia temporal o definitiva, pasada o actual, en Paraguay y/o Brasil, a quienes se les imputa una participación secundaria en el atentado por medio de la facilitación de la nacionalización en el primero de esos países de Salman Raouf Salman (más conocido como Samuel Salman el-Reda Reda) para que el presunto coordinador del ataque pudiera moverse con mayor comodidad por el mismo y por la región, incluida -obviamente- la Argentina. Las evidencias parecen conducir más a un delito migratorio que a sustentar una acusación por terrorismo… pero algo había que mostrar cuando se avecinaba julio, máxime si se tiene en cuenta que las detenciones las había pedido la Unidad Fiscal que lidera el bastante inoperante Sebastián Basso… en noviembre.

Tampoco avanzó realmente la transparencia en el caso, pese a que el magistrado instó hace más de un año a las unidades de investigación, Fiscal y Especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a que arbitrasen los medios para garantizar el pleno acceso de los familiares de víctimas querellantes a los diversos fondos documentales desclasificados.

Respecto de la “conexión local”, funcional a la nueva absolución de Carlos Telleldín, que está a la espera de su revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, paso previo a que la Corte Suprema vuelva a hacer lo propio, resultó la difusión de un presunto informe del Mossad que detallaría todo lo atinente a la preparación y ejecución del ataque terrorista, con nombres, fotos, etc., y rechazaría la intervención de argentinos en la materialización del mismo.

En el campo internacional, el Estado argentino volvió a admitir su responsabilidad por la imprevisión y la impunidad, esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la demanda de Memoria Activa, y es inminente que se conozcan los términos de la condena que habrá de recibir.

Paralelamente existen varias causas abiertas por presunto encubrimiento de los autores o cómplices del atentado en el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo.

El juicio por el pago ilegal a Telleldín para que acusara a policías bonaerenses y la protección a Alberto Kanoore Edul, hijo de un amigo del entonces presidente Carlos Menem, que terminó en varias condenas y algunas absoluciones, sigue en Casación, al igual que el cierre anticipado y sin debate del expediente contra la Vicepresidenta saliente y varios funcionarios y simpatizantes por el Memorándum con Irán.

El remanente que seguía en la instrucción fue desestimado por Marcelo Martínez de Giorgi tras la muerte de Claudio Bonadio, pero ello fue apelado por dos padres de víctimas.

Por último, las presuntas maniobras encubridoras del gobierno de Mauricio Macri forman parte de una causa más grande y de incierto futuro, llamada “Mesa Judicial”.

En la instrucción permanece una causa contra ex secretarios del destituido juez Juan José Galeano, que fueron procesados por cargos menores y ello fue apelado, y contra el ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, mientras que el segmento contra el ex comisario Luis Vicat y la abogada Marta Parascandalo aguarda su juicio oral hace varios años.

Hasta ahora, las únicas condenas fueron para el ex comisario Carlos Castañeda por la desaparición de pruebas, incluidos los casetes claves que demostrarían cómo negoció su entrega Telleldín (tiene otra pendiente de revisión), y el misterioso brasileño Wilson dos Santos, quien advirtió del atentado y después quiso convencer a todos de que había sido una mera casualidad…

Paralelamente, tampoco hubo novedades en la causa por el supuesto asesinato de Nisman, que tiene acusado al técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario de un crimen cuyo autor aún se ignora y a los custodios del fiscal por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Asimismo, hay otro expediente que analiza un eventual encubrimiento de ese presunto homicidio y tiene imputados a ex y actuales funcionarios.

A esos escenarios diversos se sumó el intríngulis por un sospechosos avión iranio-venezolano, que permanece en el país a pedido de la Justicia estadounidense pese a que sus tripulantes fueron liberados, luego de una actuación gubernamental que pareció haberse debatido entre la inoperancia y la complicidad. Vale como ejemplo que el entonces interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, que públicamente sugirió que los persas no eran terroristas, sino meros «instructores de vuelo», era Agustín Rossi, actual candidato a Vicepresidente de la Nación por la flamante Unión por la Patria oficialista…

Desde un punto de vista político, más allá de las disputas típicas de la «grieta» filo/antikirchnerista, sobre todo por este último tema, el atentado a la AMIA casi ni figuró en la agenda a lo largo del año y hubo muy pocas reuniones o alusiones al mismo, salvo la media sanción reciente en la Cámara de Diputados de un proyecto que declara día de duelo nacional al 18 de julio, con la abstención de los legisladores de izquierda y el rechazo, por supuesta ignorancia, de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza: Javier Milei-Victoria Villarruel, aunque el primero se arrepintió después, aunque no pudo enmendar su «error».

Por su parte, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, reiteró el reclamo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de colaboración internacional para obtener la cooperación de Irán, en septiembre, pero omitió el tema ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo.

Es fundamental que la sociedad toda apoye y acompañe a los familiares de las víctimas en su práctica de memoria, su reclamo de verdad y su exigencia de justicia para que de una vez por todas se ponga fin a la impunidad y las 85 víctimas puedan descansar en paz.