La audiencia es para debatir la pertinencia de la apertura de la investigación de la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, contra los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche, por encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los imputados iraníes como autores ideológicos de ese ataque terrorista, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.

La misma fue requerida el 2 de agosto por la DAIA al titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Daniel Rafecas, así como ser querellante en la causa 777/2015 “Fernández de Kirchner Cristina y otros s/encubrimiento”, pero éste rechazó ambos pedidos.

Así, expondrán ante Jorge Ballestero y Eduardo Freiler el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, y la DAIA, por escrito, y verbalmente Alejandro Rúa, en nombre de Timerman; y Lucila Larrandart, por Larroque; entre otros.

Los camaristas se tomarán unos días para resolver y su fallo seguramente será apelado por las partes derrotadas ante la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, la Corte Suprema de Justicia.

Este último paso no pudo darse tras el archivo original de la denuncia porque el fiscal general ante Casación, Javier De Luca, no apoyó su investigación y no había querellantes que lo hicieran, lo cual en este caso no ocurrirá debido a la acción de la DAIA.

La desestimación de la presentación de Nisman cuatro días antes de su dudosa muerte, el 18 de enero de 2015, por parte del juez, el 26 de febrero del año pasado, “no causa estado” y “entiende esta parte que han aparecido nuevos elementos no valorados anteriormente, por lo que la presente causa debe reabrirse”, aseguró su presidente, Ariel Cohen Sabban, con el patrocinio letrado del secretario general, Santiago Kaplun.

Uno de ellos es la inconstitucionalidad del mencionado pacto, pero fundamentalmente la presentación hizo hincapié en que en el expediente 14305/2015, por presunta traición a la patria del ex canciller, “surge un nuevo elemento fundamental que es el audio de una conversación telefónica entre Guillermo Israel Marcos Borger (quien fuera presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-) y Héctor Marcos Timerman (ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación) donde este último admitiría que la República Islámica de Irán puso la bomba que atentó contra la AMIA-DAIA y, sin perjuicio de ello, se continuó con el tratamiento del Memorándum (…), que habría tenido como objetivo la impunidad de los acusados iraníes”, a través de la pretensión de “hacer caer los pedidos de captura de los terroristas”.

Por ello, la representación política judía entendió “prudente y necesario” que Rafecas le pidiera a su colega Claudio Bonadío consultar esa causa “ad effectum videndi et probandi, a fin de analizar las pruebas y constancias que surgen de la misma, y considerando la nueva situación no valorada anteriormente, se proceda sin más trámite a continuar con la investigación de la denuncia oportunamente efectuada por el Dr. Nisman y que fuera requerida por el Ministerio Público Fiscal, ordenándose la producción de todas las medidas probatorias solicitadas en su momento por el fiscal Gerardo Pollicita”, el 12 de febrero de 2015, a las cuales adhirió.

El pedido fue apoyado por este último, pero tres días después, Rafecas resolvió no hacer lugar porque “las dos cuestiones que aquí viene a presentar la DAIA en su escrito, lejos de cambiar el parecer del suscripto en este asunto, lo refuerzan, pues en definitiva revelan una ausencia de reales elementos de prueba que vengan a poner en tela de juicio las afirmaciones antes desarrolladas”, en el sentido que la hipótesis de Nisman no puede implicar un delito ya que el pacto nunca se puso en práctica y porque Interpol negó que la hubieran presionado para que diera de baja los pedidos de captura contra los sospechosos.

La entidad y la fiscalía apelaron -Pollicita sostuvo que la acusación incluye “una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional” que debe ser investigada por la Justicia- y, el 11 de agosto, Rafecas concedió esos recursos.

Al otro día, Moldes, apoyó el reclamo y solicitó que se agreguen a la denuncia de Nisman los delitos de “traición a la patria” y “omisión funcional de perseguir delincuentes”.

A la semana siguiente, la Sala I, que oportunamente convalidara el archivo de la acusación por inexistencia de delito, informó que escucharía los argumentos de la DAIA, la fiscalía y los defensores de los denunciados y fijó la fecha de mañana para esa audiencia.

Y ayer, martes, Moldes presentó un escrito en el cual aseguró que el hecho “que una resolución judicial impida realizar la instrucción de un proceso penal cuando hay elementos que indican la necesidad de hacerla genera agravio a los representantes de los intereses de la comunidad”.

También pidió que los camaristas resuelvan un planteo de nulidad de su fallo anterior porque la resolución de Rafecas “pretende erigirse sobre prueba ilegítima o ilícitamente producida y aviesamente agregada a las actuaciones por la indebida e inopinada intervención de Angelina Abbona y sus compinches en un exceso criminal de las funciones que le competían” como procuradora general del Tesoro, lo cual oportunamente denunció.