Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- El Tribunal Oral Federal Nº 3 rechazó, el viernes, la excusación del fiscal Diego Luciani y de este modo lo ratificó para representar a la vindicta pública en el nuevo juicio oral que se le realizará, aún sin fecha, a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic que estalló en la AMIA, tras la anulación de su absolución previa por parte de la Corte Suprema de Justicia, en 2009.

El funcionario había pedido su desvinculación en virtud de que podrían verse “afectadas las garantías de imparcialidad y debido proceso legal” debido a que, en su momento, prestó “funciones en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, entonces a cargo de Juan José Galeano”, luego destituido y actualmente sometido a un proceso en el cual el primero declaró como testigo por escrito, ya que su rol le brinda esa prerrogativa.

Sin embargo, los jueces Andrés Basso y Javier Ríos destacaron que su tarea “no implica la existencia de un deber de imparcialidad en cabeza del acusador, sino (de) otro distinto, el de objetividad”, razón por la cual “el conocimiento que pudo haber adquirido sobre los hechos que se ventilan en estos actuados (….) de ningún modo obstaculizan el desempeño del ministerio que representa”.

Telleldín fue sobreseído, al igual que todos los juzgados entre 2001 y 2004 como parte de la “conexión local” del atentado a la AMIA, pero tras la apelación de la DAIA, la AMIA y la querella de Familiares y Amigos de Víctimas, el Máximo Tribunal rechazó la nulidad que la había justificado y ordenó un nuevo pronunciamiento del tribunal, que ya no cuenta con los jueces que actuaron en ese momento: Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.

Fernández de Kirchner pidió apartar a dos jueces y que la denuncia de Nisman la tramite Canicoba

También el viernes, los flamantes abogados de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, respondieron la vista que les corriera el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Ariel Lijo, para que opinaran si él o su par Claudio Bonadio, a cargo del Nº 11, debe quedar a cargo de investigar la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, por encubrimiento de los iraníes imputados como autores ideológicos de ese ataque terrorista, ya que su colega instruye un expediente que tiene grandes similitudes con éste.

En el mismo denunciaron “falta de imparcialidad” por parte de ambos y requirieron que esta causa se acumule con la del ataque mismo, que lleva el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, Rodolfo Canicoba Corral.

Los letrados recordaron que Bonadio fue el primer juez que investigó un encubrimiento y la Cámara Federal lo apartó en 2005 por no investigar al ex ministro del Interior Carlos Corach, mientras que Lijo lo sucedió hasta que en mayo de 2016 corrió la misma suerte y a raíz del mismo imputado, además de los ex secretarios de Galeano.

Tras requerir opinión a todas las partes -imputados, fiscalía y querellas-, el juez deberá decidir qué responde acerca de una investigación que había delegado en el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Gerardo Pollicita, quien ya dispuso 32 medidas de prueba y agregó entre los imputados a los entonces ministro de Planificación Federal Julio de Vido, secretario general de la Presidencia y titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, secretario legal y técnico Carlos Zannini y procuradora general del Tesoro Angelina Abbona.

También el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche, fueron acusados por Nisman de encubrimiento por favorecimiento personal agravado e impedimento o estorbo del acto funcional a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público para quienes lo eran.