AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Dos ex abogados de Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic que explotó en la AMIA, declararon ayer, lunes, en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices de ese atentado en relación a una presunta extorsión que éste habría sufrido el 4 de abril de 1994, en la Brigada de Lanús de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y sobre sus respectivas participaciones en la causa.

Ambos fueron relevados del secreto profesional por su ex asistido, y lo propio ocurrió con Miriam Salinas y Pablo Ibáñez respecto de Gustavo Semorile.

Alberto Spagnuolo fue su socio entre 1989 y enero de 1995, y en ese sentido “heredó” a Telleldín, con quien “no se llevaba bien”.

Luego de su detención, la entonces concubina de éste, Ana María Boragni, le pidió ayuda a Semorile, quien no podía concurrir y entonces fue su colega, pese a que le “llamó la atención porque estaban distanciados” con ese cliente.

Esa noche Spagnuolo le preguntó por Telleldín al efectivo que estaba de guardia, quien le contestó que estaba demorado por averiguación de antecedentes, pero no incomunicado, así que fue a hablar con él.

Éste le dijo que “era inocente y que le estaban pidiendo ‘50 lucas’ (50.000 pesos) para liberarlo”, tras lo cual le respondió que “no pusiera una moneda” y se entrevistó con el jefe operativo de la brigada, el entonces subcomisario Juan José Ribelli -imputado y sobreseído como cabecilla de la “conexión local” de atentado-, quien le dijo que el detenido tenía un pedido de captura por un homicidio y le habían descubierto un auto “trucho” (falso) y un documento apócrifo a nombre de “Teccedín”.

Ello no es un hecho menor, ya que los ex policías siempre negaron la extorsión y conocer su verdadera identidad, mientras que sus acusadores alegaron que utilizaron la irregularidad del DNI -oportunamente corroborada como un error del Registro Nacional de las Personas que su portador aprovechaba- para liberarlo tras el pago del soborno sin dejar registros de ello.

Como “no tenía mucho por hacer” antes esa situación, Spagnuolo se fue de la dependencia, pero debió regresar al mediodía siguiente, otra vez a pedido de Semorile, ocasión en la cual no recuerda si volvió a hablar con Telleldín, pero como todavía no habían llegado sus antecedentes, se retiró pese al pedido del hermano del detenido, Eduardo, quien le solicitó que no lo hiciera porque estaba yendo hacia la brigada con un comisario “para arreglar el tema”.

La posta la tomó su socio y él nunca cobró sus honorarios.

“Fui y Telleldín me dijo que había entregado vehículos a cambio de su libertad y me mandó a buscar los papeles de uno de ellos a la casa de la novia, en Nazca y Rivadavia; creo que había intervenido un comisario mayor amigo de la familia y no hice la denuncia por pedido de mi defendido”, se atajó Semorile.

Además, “Telleldín me dio una moto como parte de honorarios, y la fue a buscar un empleado mío, Rómulo Goyeneche”, añadió con una versión que ya dio otras veces y que contrasta con la que lo ubica como parte de la extorsión.

Paralelamente, Semorile era abogado de Ibáñez y Salinas, quienes fueron imputados por el atentado y luego pasaron a ser testigos de identidad reservada, con la importante salvedad de que Pablo también había sido detenido por tenencia de estupefacientes en su taller mecánico, de lo cual fue absuelto años después por el Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín, por el beneficio de la duda sobre dónde había sido hallada la droga; finalmente, ambos fueron sobreseídos en la “causa AMIA”.

Fue paradigmática la situación de la mujer, quien el 5 de octubre de 1995 comenzó a prestar indagatoria, la cual fue interrumpida a la noche y debía reanudarse al día siguiente, ocasión en la cual se negó a hacerlo y se convirtió en la “testigo K”, según los acusadores porque fue coaccionada por Galeano y los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia con complicar la situación de su marido si no declaraba contra Telleldín, de cuya concubina era muy amiga.

Semorile no recordó demasiados detalles -como a lo largo de casi toda su exposición-, más que “fueron jornadas de muchas horas” y que fueron una especie de “arrepentidos”, tras la propuesta de estos últimos, consensuada con el juzgado y con el consentimiento de los involucrados, de “paliar su situación procesal si tenían información para aportar” -estimó que sobre el “doblado” de autos, ya que no lo dijeron-, pero “no dinero”.

A su juicio también consintieron instalar un equipo de filmación en la casa de Salinas, a iniciativa del juzgado, para que grabara sus conversaciones con Boragni.

El letrado indicó varias veces que su principal interlocutor era el polémico prosecretario Claudio Lifschitz -denunciante de sus ex colegas y empleador y blanco privilegiado de Galeano- y, un poco menos, su superior Javier de Gamas, quienes estaban al tanto de todo.

También admitió haber presenciado esas declaraciones con reserva de identidad, pese a ser testimoniales, porque lo dejaron y no intervino, lo cual también fue irregular.

El propio Semorile declaró el 4 de junio de 1996, como testigo de identidad reservada 2 y “bajo juramento, toda la verdad de lo que sabía” sobre Telleldín y las presuntas extorsiones de policías de Lanús y Vicente López.

“Pedí declarar para colaborar y esclarecer el hecho, Galeano me entregó esa alternativa y lo acepté porque era legal y no tenía posibilidad de quedar involucrado porque ya no tenía vínculo” con su ex defendido, a quien había defendido en dos o tres causas, pero no le pidió que lo relevara del secreto profesional, admitió.

En esa ocasión, el letrado fue funcional a la “versión oficial” al ubicar a Anastacio Leal, de la brigada norteña, como quien lo atendió en la sureña cuando fue a averiguar por su entonces defendido, pero tras su traspié en el juicio oral anterior, cuando no pudo reconocerlo, ayer admitió que debió haberse equivocado de apellido porque ese policía era “alto y rubio”, todo lo contrario del ex subcomisario sobreseído por el atentado.

Semorile también ayudó a Galeano cuando relató que en 2003, Lifschitz y Víctor Stanfale, entonces abogado de Telleldín y hoy imputado en este juicio, le recomendaron que acusara al ex juez de haberlo coaccionado y así evitara quedar involucrado y que pidieran su detención por falso testimonio -lo cual ocurrió “tres o cuatro veces, pero el tribunal no accedió”- en el debate anterior, además de hacer una “millonaria demanda contra el Estado”, lo cual no denunció en ese momento, pero sí ante el juez Claudio Bonadío.

Luego de declarar en 1996 fue a ver a Spagnuolo a su quinta, pero como no lo encontró le dejó una tarjeta suya en el portón, en la cual le pidió que lo llamase “urgente”.

Se reunieron en el patio de comidas de un centro comercial de Boulogne y allí le contó que el hoy destituido juez Juan José Galeano quería oír de su boca lo que sabía sobre la extorsión a Telleldín, habida cuenta que su ex socio le había contado que tuvo que entregar dinero y dos vehículos, más la moto que se quedó Semorile.

Cuando Spagnulo le preguntó por qué había admitido su participación en la extorsión, su colega le  habría respondido que hacerlo era “menos grave” que negarlo, lo cual abona la teoría generalizada de que Semorile habría sido coaccionado por el magistrado para obtener determinada declaración, pese a que éste siempre lo negó, ayer inclusive.

A Spagnuolo le generaron dudas ese rol de “oficial notificador” de su ex socio y no concurrió al juzgado, tras lo cual esa misma noche el propio Galeano lo llamó por teléfono a su casa para preguntarle por su ausencia, se disculpó por la informalidad de su citación y le pidió que compareciera.

Al llegar al juzgado, el magistrado lo recibió en su secretaría privada -a solas o con la única y lejana presencia de una asistente- y, “muy cordial”, le contó que Telleldín lo había puesto como testigo de la presunta extorsión sufrida en Lanús, razón por la cual Galeano lo relevaba -indebidamente, ya que no estaba facultado para hacerlo- del secreto profesional y el letrado lo aceptó porque entendió que no lo violaría por tratarse de una denuncia de su patrocinado, aunque más adelante se corrigió y alegó haber inferido que había sido una decisión de éste.

“En ese momento, cualquiera podía quedar detenido por la ‘causa AMIA’ y no quería correr ese riesgo”, no obstante lo cual el abogado le contó que eso le había dicho Telleldín, pero que no le constaba porque no lo había escuchado de Ribelli, así que podría haber sido al revés o no haber ocurrido, lo cual no le agradó al juez.

“Galeano me insistió, pero no me presionó, aunque me subrayó que yo venía de familia de policías porque confundió a mi padre con un tío que había sido comisario mayor”, señaló Spagnuolo entre otras cosas que le “llamaron la atención”.

“Pensé que formalizaría lo hablado en un acta, pero después vino un empleado y me llevó a otro lugar para un interrogatorio incómodo”, durante el cual los secretarios Susana “Spina, De Gamas y (Carlos) Velazco, que escribía, intentaban torcer con insistencia mis respuestas porque necesitaban que dijera que Ribelli pidió la plata delante mío, e incluso corregí el acta porque parecía decir lo mismo, pero no lo era”, aclaró.

“Sentí como si fuera yo el imputado y no daba para hacerme el machito”, finalizó el letrado, quien luego supuso que habían intervenido sus teléfonos y lo confirmó en el jurado de enjuiciamiento que destituyó a Galeano, ya que ése fue uno de los cargos en su contra.

Por otra parte, un hecho cuanto menos curioso se dio cuando la fiscal Sabrina Namer se quejó por no poder confrontar la declaración de ayer de Semorile con la que prestara en el juicio oral, en virtud de otra polémica decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 que dejó muy insatisfechas a las defensas y que en su momento fue respaldada por… la propia Fiscalía.

Este jueves no habrá audiencia porque la Sala AMIA no estará disponible y el juicio se reanudará el 19 de mayo, con la declaración de los ex policías Carlos Salomone y Claudio Camarero y de Daniel Francica.