AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Se reanudó ayer, jueves, el juicio oral y -a veces- público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con la extensa y secreta ampliación de indagatoria del ex director de Contraterrorismo Internacional de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Patricio Finnen, quien le llevó los 400.000 dólares de fondos reservados al luego destituido juez Juan José Galeano, que autorizó su entrega a Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, para que a un grupo de policías bonaerenses.

Al igual que en ocasión de su declaración del 17 de septiembre de 2015 y la de los otros espías, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dispuso que la misma solo sea presenciada por las partes, sin público ni prensa, pese a que en el proceso anterior, sustanciado entre 2001 y 2004, hablaron con total libertad y a la vista de quien estuviera interesado.

Los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Altieri como suplente, no solo optaron por este criterio mucho más restrictivo, sino que también lea advirtieron reiteradamente a los asistentes que develar el contenido de los testimonios constituiría un delito, razón por la cual es sumamente difícil reconstruir lo ocurrido e informar a la población, de modo que los derechos a la verdad y la información y la libertad de prensa se ven seriamente afectados.

Así, la cobertura de este tipo de audiencias demanda una mezcla de deducciones, inducciones y presunciones basada en la experiencia y el conocimiento de la causa obtenidos a lo largo de todos estos años y en el propio juicio, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y tiene solo una o dos sesiones semanales.

Sin violar secreto alguno pudo saberse que Finnen dio una exposición tan extensa como didáctica, muñido de un manojo de hojas a modo de ayuda-memoria y dispuesto a responder las preguntas de las partes y el tribunal, el cual se vio interrumpido por un cuarto intermedio de una hora, que se excedió unos diez minutos.

Según la agrupación de familiares y amigos de víctimas Memoria Activa, el imputado como partícipe necesario o primario de peculado por el mencionado pago “desarrolló con detalle las irregularidades cometidas en la investigación, sostenidas por las partes acusadoras” y “habló tanto de la falta de prevención del atentado, la desatención de situaciones y la negativa a destinar recursos como sobre el posterior encubrimiento”.

En base a esto y a otras constancias e informaciones recogidas a lo largo de estas décadas puede suponerse que defendió la legalidad de su actuación, lo cual percibiría como robustecido en virtud de los dichos de sus superiores y subordinados y con el argumento de que de no haber sido así, el entonces secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, no se lo habría ordenado, a sabiendas de que se arriesgaría a eventuales presiones, delaciones o chantajes el resto de su vida.

Finnen también debe haber reiterado que su participación se limitó a llevarle el dinero al juez, quien le dijo que todavía debía oficializar el acto, en referencia a la indagatoria paga del imputado, razón por la cual los valores fueron guardados en una caja fuerte por su subalterno y coimputado Alejandro Brousson, ya fallecido mayor retirado del Ejército y entonces jefe operativo del sector Sala Patria de la SIDE.

También habrá criticado duramente la tarea, hábitos y procedimientos, quizá reñidos con la legalidad, de su archienemigo Antonio “Jaime” Stiuso, entonces director de Contrainteligencia, y el Sector 85 en general, a diferencia de sus prácticas y las de los suyos, que debe haber presentado como poco menos que impolutos.

Por algo será que “dada la relevancia de la declaración de Finnen” para esta causa por encubrimiento, la principal que investiga el atentado mismo y la abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Memoria Activa solicitó públicamente al tribunal que “elimine la restricción del secreto”.

El juicio continuará el próximo jueves, con la declaración del ex senador radical Raúl Galván, quien integrara la disuelta Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel y el Edificio de la AMIA, y la ex prosecretaria de Galeano Ana Sverdik, quien luego se desempeñó como abogada de la DAIA.