Adriana Reisfeld, hermana de Noemí y presidenta de Memoria Activa, una de las agrupaciones que reúnen a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, declaró ayer, jueves, por casi una hora en el juicio oral y público por encubrimiento de sus autores o cómplices y sorprendió al revelar un hecho que reflejaría una estrecha relación entre los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que “eran invisibles” y no la testigo sabía “qué hacían”, y la DAIA.

“Estuve con ellos y también con (el fallecido Alberto) Nisman en una casa particular, a la cual me invitaron -creo que por error- para una conferencia de (la entonces letrada de la entidad, Marta) Nercellas durante el juicio oral anterior (realizado entre 2001 y 2004), para recaudar fondos para pagarle” sus honorarios porque “se ve que era cara…”, relató.

“Cuando notaron mi presencia, quien me invitó sugirió que sería interesante escuchar mis opiniones, pero el moderador (y asesor político de la DAIA, Alfredo) Neuburger no me dio la palabra”, se quejó la querellante, quien luego destacó el tenso momento que se vivió cuando su marido discutió con Nisman acerca de la legalidad y conveniencia de la declaración de los agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, que luego confirmarían el pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, para que modificara su indagatoria e involucrara a ex policías bonaerenses.

Como consecuencia del ataque terrorista “nuestra familia cambió para siempre: nos partieron en dos y tuve que dedicarme a buscar justicia”, resumió al principio de su testimonio.

Noemí tenía 36 años y trabajaba como asistente social de la AMIA, al mando de Norma Lew, pero solo concurría al edificio sus días de guardia, que eran los miércoles, aunque por las vacaciones de invierno había cambiado con una compañera de trabajo y asistió ese fatídico lunes 18 de julio de 1994.

“Desde un primer momento no nos sentimos contenidos ni representados por las instituciones comunitarias porque a nosotros nos habían matado a nuestros familiares y a ellas les habían derrumbado un edificio, que después reconstruyeron en el mismo lugar”; además, “los dirigentes ‘cuidaban su quintita’ y defendían sus intereses personales”, sentenció Reisfeld.

Con otros deudos fueron al juzgado y enseguida notaron que lo que allí les informaban y lo que les aportaban los dirigentes judíos no era lo que necesitaban, ya que había irregularidades como que se enteraban de lo que ocurría por los diarios, y por eso decidieron presentarse como querellantes al año siguiente.

Como no podían pagarle a un abogado, el entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, les recomendó consultar con un grupo de asesores que colaboraban ad honorem con las entidades, y de entre ellos eligieron a León Smoliansky, quien los patrocinó durante más de dos años.

“Dejó por la defraudación que sentía por parte de (el destituido juez Juan José) Galeano y los fiscales: a él lo dejaban esperando mientras que los abogados de la querella AMIA-DAIA tenían una familiaridad con el juzgado que no era habitual, Beraja entraba con solo tocar a la puerta y a nosotros nos atendía un secretario o un empleado, ellos se llevaban fotocopias y nosotros teníamos que sacarlas abajo y pagarlas, había legajos secretos que la AMIA y la DAIA conocían…”, diferenció.

Así, la distancia con las instituciones crecía tanto como las irregularidades que observaban en el expediente y entonces rechazaron integrarse jurídicamente a las primeras y, en 1997, constituyeron a Memoria Activa como una fundación sin fines de lucro, a fin de recaudar fondos para pagarle al letrado que querían: Alberto Zuppi.

Con el tiempo, este letrado también sufrió la diferencia en el trato y como la causa se había tornado demasiado voluminosa les pidió que contrataran a otro abogado; así llegaron a Pablo Jacoby, quien ya conocía a Galeano y confiaba en tener una mejor relación con el juzgado, pero pronto advirtió la realidad, relató la querellante.

El año 1997 representó el punto de quiebre con la dirigencia judía: el lunes 7 de julio, Beraja fue al acto semanal de Memoria Activa en la plaza Lavalle para anunciar que “entregaría una lista con los involucrados” en el encubrimiento del atentado “y la gente entendió que lo haría el 18”, en el evento por el tercer aniversario, contó.

Dos días después, junto con el presidente de la AMIA, Oscar Hansman, citó a los deudos en un hotel céntrico y les pidieron “insistentemente” leer previamente el discurso de los familiares, “que sería fuerte y diría muchas verdades”, pero se negaron a dárselos; “también se convino que no habría invitados especiales (del gobierno menemista) y que el palco sería solo para los familiares”, lo cual finalmente no se cumplió.

Finalmente, el discurso leído por Laura Ginsberg causó conmoción porque “acusó al gobierno de (los entonces presidente, Carlos) Menem y (gobernador bonaerense, Eduardo) Duhalde de consentir la impunidad, a Galeano de no investigar y a la dirigencia comunitaria de permitirlo, entre otras irregularidades”, memoró Reisfeld.

En cambio, “Beraja no dio los nombres (esperados) y el público lo abucheó; después nos recriminó haberlo preparado, pero fue espontáneo”, aclaró.

Al mediodía, los titulares de la AMIA y la DAIA “cruzaron la Plaza” de Mayo rumbo a la Casa Rosada, la sede del gobierno nacional, “para pedir disculpas en su nombre” por las palabras de los familiares, según ellos a pedido del entonces ministro del Interior, Carlos Corach, prosiguió la testigo.

Luego amenazaron a Ginsberg y hacia fines de ese año, poco antes de irse de viaje, llamaron telefónicamente a Reisfeld, con música judía de fondo: “Me dijeron que me fuera a mi país (¿por Israel?) y dejara de reclamar”.

Un par de años después, Memoria Activa denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “porque no había justicia”: “Cuando criticábamos a Galeano y a los fiscales nos decían que estábamos locos, pero después nos dieron la razón”, reivindicó.

Por otra parte, la querellante contó que en cierto momento el juez les ofreció reunirse con Telleldín, pero se negaron porque no hacía al debido proceso; sin embargo, Beraja sí lo hizo, “para la época (que el acusado se entrevistó con el ex capitán Héctor) Vergés y (la entonces presidenta de la Cámara Federal, Luisa) Riva Aramayo”, en 1995.

“Nos dijo que daba todo por la causa y que nada tenía que perder porque no tenía hijos”, recordó.

Hacia el final de su testimonio, la querellante se exacerbó: “En 1997 denunciamos un encubrimiento y éstos que están acá (por los acusados) son la verdadera ‘conexión local’: no pusieron la bomba, pero son los responsables de la impunidad, y Galeano es un farsante”, lo increpó antes de que el presidente rotativo del Tribunal Oral Federal Nº 2, Néstor Costabel, le pidiera que se calmara, en medio de aplausos del numeroso público.

A continuación, la abogada de Beraja, Valeria Corbacho, intentó sin suerte que le reconociera méritos a su defendido, como que “los nombres” de encubridores reclamados constituyeron una denuncia presentada oportunamente ante la Justicia o que el ex presidente de la DAIA había sido condenado a muerte en Irán por su accionar en la causa.

Finalmente y en virtud de los dichos de Reisfeld y, previamente, Diana Malamud, el letrado de los ex uniformados, José Manuel Ubeira, solicitó que se cite a Ginsberg y Zuppi, moción que contó con el apoyo de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Memoria Activa, que recordó que ya había pedido por el ex abogado de la entidad.

Habida cuenta que el próximo jueves es feriado, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 31 de marzo, cuando declararán los ex policías bonaerenses Eduardo Toledo y Marcelo Casas.