(Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Mañana, jueves, declararán en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, que sustancia el Tribunal Oral Federal Nº 2, otros tres ex policías bonaerenses: Walter Castro, Víctor Cruz y Manuel García, quienes en 1994 participaron de la detención con presuntos fines extorsivos de Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, y de dos intentos infructuosos en ese sentido, respectivamente, y por ello fueron arrestados en su momento por el destituido juez Juan José Galeano.

De ellos, Cruz fue el único que llegó al juicio oral realizado entre 2001 y 2004, del cual resultó absuelto por falta de acusación fiscal que sustentara su imputación de coautor de asociación ilícita, doble secuestro extorsivo y extorsión.

El 15 de marzo de ese año y pese a no estar oficialmente en funciones por encontrarse en disponibilidad preventiva, el entonces sargento integró una comisión de la Brigada de Lanús, a cargo del fallecido subcomisario Raúl Ibarra -luego acusado por el atentado-, para arrestar a Telleldín en Olivos cuando fuera a encontrarse con su ex concubina Ana María Boragni, pero el buscado se fugó.

El 12 de julio de 1996, Galeano ordenó detener a Cruz y luego lo procesó, embargó y mandó a juicio.

Según alegó uno de los abogados de Ibarra, ello se debió a que se negó declarar falsamente contra su defendido, aunque el hecho de no haber tenido que estar prestando servicios ese día pone un manto de dudas sobre la legitimidad de ese operativo.

Finalmente, Telleldín fue arrestado el 4 de abril de 1994, por Ibarra y el entonces cabo 1º Castro, entre otros, en Tortuguitas, junto con su pareja Sandra Petrucci.

Tras ser trasladado a la dependencia, el detenido entregó un documento que erróneamente lo identificaba como “Teccedín”, lo cual -según la acusación original- habría sido aprovechado por los policías para que no quedaran registros de su presencia y así poder canjear su libertad por una moto y un auto, según luego denunció la supuesta víctima.

Tres meses después, el 14 de julio, otra comisión policial, esta vez de la Brigada de Vicente López, a cargo del principal Anastacio Leal -luego imputado por el atentado- e integrada por el sargento García, entre otros, trató de arrestar a Telleldín en su casa de Villa Ballester, presuntamente para saldar una deuda que tenía con la dependencia tras la liberación de su amigo y socio Hugo Pérez, pero luego de una persecución, logró huir.

Galeano también ordenó el arresto de Castro y García, quienes solo declararon como testigos y nunca fueron acusados por esas presuntas maniobras.

Este último tuvo gran relevancia para sostener la imputación contra Leal, ya que en el marco de un sumario administrativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires labrado por el entonces comisario mayor Ramón Verón afirmó que quienes conocían de antes al acusado lo apodaban “Pino”, tal como había identificado Telleldín a uno de sus supuestos extorsionadores.

Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.

El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: el pago ilegal, con aval judicial, a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con ex presidente Carlos Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y al propio Telleldín, Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.

Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.

Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.

Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.

La causa había recaído originalmente en el TOF 3, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.