(Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Hay algunas declaraciones muy esperadas en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, como las indagatorias de los imputados o las testimoniales de los familiares de las víctimas del mismo, y entre éstas se destacan especialmente las de las máximas referentes de Memoria Activa, una agrupación de deudos que descreyó de la “versión oficial” del Estado y las instituciones comunitarias judías a los pocos años del ataque terrorista y desde entonces batalla, muchas veces en soledad y al punto de haber denunciado las irregularidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haber impulsado y conseguido el juicio político y posterior destitución del entonces juez Juan José Galeano, y también empujado y sostenido el reclamo para que se llevara a cabo el debate que mañana, jueves, las tendrá como protagonistas.

El tesorero de la entidad, Jorge Lew, padre de Agustín, una de las 85 víctimas y viudo de Norma, sobreviviente y luego fallecida por las secuelas, declaró el 4 de febrero, tras el receso por la feria judicial, y ahora será el turno de la presidenta, Adriana Reisfeld, hermana de Noemí, y la secretaria, Diana Wassner, viuda de Andrés Malamud.

En una vigésimo quinta audiencia que se prevé extensa y que -significativamente- coincidirá con el acto central por el 24º aniversario del también impune atentado a la Embajada de Israel, se espera que cuenten sus experiencias y vínculos con Galeano, los entonces fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia y el fallecido Alberto Nisman, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y otros dirigentes comunitarios; el comisario retirado Jorge Palacios y demás autoridades, políticos, funcionarios, policías y espías, con el ex presidente Carlos Menem a la cabeza.

Seguramente también recordarán ese nefasto 18 de julio de 1994 y los días subsiguientes, y el devenir de la investigación, con sus idas y vueltas, desvíos y encubrimientos.

Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal generó gran incertidumbre en querellas y defensas, que las plantearon la semana pasada.

El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: el pago ilegal, con aval judicial, a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano, Mullen y Barbaccia.

Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen, Beraja y el propio Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.

Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.

Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.

Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.

La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001 a 2004, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.