AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- “Los policías bonaerenses eran mafiosos, pero no fundamentalistas como (el principal imputado iraní y entonces agregado cultural en su embajada, Mohsen) Rabbani, (el máximo sindicado por la mal investigada ‘pista siria’, Alberto Jacinto) Kanoore Edul o (el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Carlos) Telleldín”, sentenció el comisario retirado de la Policía Federal y experto en terrorismo Jorge González en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, que sustancia el Tribunal Oral Federal Nº 2.

El testigo contó que al momento del ataque se desempeñaba como principal en la Dirección General de Prevención Federal, pero por falta de personal fue convocado para colaborar con el Departamento Protección del Orden Constitucional (POC), a cargo del comisario Carlos Castañeda, y participó en un par de allanamientos.

Esos primeros días posteriores al 18 de julio de 1994 “era un caos por el desgobierno para manejar a los diferentes equipos; ¡eso no podía haber pasado después del atentado a la Embajada de Israel!”, ocurrido dos años antes, admitió.

“No todos los policías eran capaces, pero era lo que había; testigos declaraban muy poco y no se profundizaba el interrogatorio…”, ejemplificó González.

Hacia fin de ese año, Castañeda fue reemplazado por Rodolfo Peralta, quien “armó un grupo especializado en inteligencia y terrorismo, con conocimientos históricos, para que investigara la causa”, que estaba a cargo del testigo, porque “ya se había perdido medio año”.

Después de “esa declaración de guerra” que fue el ataque de 1992, el fallecido “comisario Ricardo De León planteó que en la Policía Federal nadie tenía conocimientos profundos sobre el fundamentalismo islámico, así que nos capacitamos al respecto, incluso en los Estados Unidos, e hice un curso de contraterrorismo en la SIDE”, sigla de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado, explicó.

Sin embargo y pese a que “había un diálogo cotidiano con los secretarios, el juzgado no nos permitía leer toda la causa, que ya tenía unos once cuerpos”, así que “empezamos a trabajar con lo que pudimos ver”, continuó González.

“Nos llevó no más de treinta días y a principios de 1995 se hizo una reunión con el juez (destituido Juan José) Galeano, sus secretarios, los fiscales (por entonces Eamon Mullen y José Barbaccia), dos o tres invitados especiales de la comunidad, como un conocido banquero (y entonces presidente de la DAIA, Rubén) Beraja, y seguramente gente de la SIDE, para plantear hipótesis o líneas investigativas”, de la cual “no quedó constancia en el expediente”, reconoció.

En tanto, el ex comisario Jorge “Palacios estuvo desde el principio, pero tenía ‘cero conocimiento’ sobre terrorismo”, aunque “era de extrema confianza del juez por su capacidad”, y por eso -entre otras cosas- “retiraba del juzgado casetes de uno o dos teléfonos -hay desgrabaciones firmadas por él-; lo sé porque se reunían en una oficina que estaba al lado de la mía, en el tercer piso (del Departamento Central de la Policía Federal), en la ‘mesa chica’ con los secretarios, los fiscales y Castañeda o Peralta: subían juntos en el ascensor, compartían el auto, tomaban whisky…”, especificó el testigo.

Pero su influencia habría bajado mientras existió el grupo liderado por González, para luego resurgir hasta encabezar la División Unidad de Investigación Antiterrorista, a partir de 1997.

“Los jefes policiales querían investigar la causa más importante de la Argentina, pero había un desinterés político, y su discurso era mentiroso porque no nos daban los medios: éramos muy pocos, nos movíamos en un Renault 6 y un Dodge 1500 al que tuvimos que comprarle una batería, no teníamos computadoras y cada oficial se llevaba una máquina de escribir, con papel y carbónico”, detalló con bronca.

“Nos alarmamos cuando vimos que los casetes de escuchas telefónicas se tiraban a una caja y volvían al circuito porque si no llevabas, la SIDE no te daba otros; salvo los que eran relevantes, que se resguardaban en la caja fuerte del comisario inspector (Peralta) y se remitían inmediatamente al juzgado, con las desgrabaciones”, informó González.

“La diferencia con el grupo anterior estaba en la forma de preservación -teníamos información sobre la desaparición de casetes porque fueron ‘recontraconfiados’ (Castañeda fue condenado por ello en un juicio anterior)- y en quién las oía: antes lo hacía el que los retiraba de Observaciones Judiciales de la SIDE y desgrababa lo que creía relevante, y nosotros pusimos a una persona del Cuerpo de Inteligencia, siempre la misma, o a lo sumo alguien más, y buscábamos con quiénes se comunicaban para armar un gráfico de contactos”, puntualizó.

“La SIDE debía aportar pruebas para orientar la investigación”, pero mientras “nosotros hacíamos cruces telefónicos sobre el papel”, ese organismo “tenía una tecnología que no estaba al servicio de los investigadores de la Policía Federal”, reclamó el testigo con cierto despecho.

“Llegaba antes que nosotros a todos los procedimientos y contaminaba la investigación por torpeza, porque eran como elefantes en bazares: rompían todo y dejaban marcas para alertar al enemigo”, de lo cual “el juzgado estaba en total conocimiento”, pero el organismo y el tribunal “eran uno”, se quejó.

“Lo planteé a mis superiores varias veces, pero había un respeto reverencial por Galeano y no lo querían molestar porque era el juez más poderoso de la Argentina, tenía trato directo con el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal, (Adrián) Pelacchi, y uno podía terminar en Ushuaia…”, como luego lo padecería él mismo.

Asimismo, “ver el legajo de (el vendedor de autos sospechado de haber tenido numerosos negociados con policías) Alejandro Monjo fue un triunfo”, y enseguida “planteamos que había que allanar” su agencia “por su relación con Telleldín y para verificar si su actividad ilícita estaba vinculada con la ‘conexión local’”, lo cual “me llevó casi diez meses y recién se hizo en noviembre, con cincuenta operativos simultáneos” y “fue muy fructífero”, se ufanó.

“Al de su oficina llevé a ocho testigos -no a dos como establece el Código (de Procedimientos)- para que vigilaran a la SIDE y pedí que nadie entrara porque quería ir yo, con testigos, pero ésta y el juzgado ingresaron sin ellos”, acusó González.

“Fui denunciado penalmente por (los secretarios de Galeano Susana) Spina y (Carlos) Velazco” después de “una vergonzosa operación de prensa sobre que no había secuestrado un llavero de lata de Sustracción de Automotores porque eso vinculaba a Monjo con la Federal, pero incautamos de todo: documentación, agendas, fotografías, pagarés e incluso un tarjetero completo de policías, que eran mucho más comprometedores”, a tal punto que la jueza María Romilda “Servini de Cubría me sobreseyó”, resaltó.

“Peralta me reclamó por ese llavero porque lo presionaron con lo que saldría en los diarios…”, recordó el testigo.

Por otra parte, “cuando leí el legajo de Kanoore Edul, pregunté cómo habían dejado pasar eso; era tremendo: ¡solo faltaba una flecha con luces indicándolo!”, enfatizó.

“Había toda una línea para seguir, pero no se hizo con el rigor debido: ¡yo habría secuestrado toda su casa y allanado las de todos sus familiares!”, se diferenció González.

“La ‘pista siria’ fue dejada de lado por el juzgado, pero planteábamos que era muy fuerte por la calidad de los personajes involucrados y que con la iraní y la paquistaní tenían una comunión ideológica, que era el fundamentalismo islámico”, subrayó.

“Kanoore Edul y Rabbani son fundamentalistas, y Telleldín también, pero en un nivel precario, sin militancia ni capacitación: era un delincuente de poca monta hasta que preparó especialmente la camioneta para soportar el peso de la bomba”, los comparó el testigo.

Respecto de los policías bonaerenses “les dije a mis superiores en un informe que no buscaran ‘chivos expiatorios’: eran ‘superdelincuentes’, extorsionadores y mafiosos, tenían mucho dinero y poder, pero no eran fundamentalistas”, y que culparlos “era ensuciar la investigación” porque la “‘conexión local’ había que buscarla en la mezquita de Cañuelas”, reveló González.

“Telleldín era un abonado para (el ex comisario sobreseído como cabecilla de la ‘conexión local’ Juan José) Ribelli, que chantajeaba a todos los dobladores de autos e integraba una asociación ilícita para cometer delitos comunes”, junto con sus colegas, señaló.

Y el monto de la supuesta herencia de su padre, con la cual habría “blanqueado” parte de su dinero mal habido, “era un vuelto” para él, aseguró el testigo antes de que el abogado de los ex policías lo hiciera admitir que nunca lo investigó y que su “opinión surgió de un informe de inteligencia”.

Tras los múltiples allanamientos a Monjo “caí en desgracia: trabajé en la causa hasta fines de 1995 y seguí unos meses más como consultor porque tenía todo en la memoria, hasta que alguien del juzgado me vio, preguntó qué hacía ahí y me mandaron a Mar del Plata en junio, cuando los pases son a fin de año, y después fui a diferentes destinos, pero nunca volví a cruzar la (avenida) General Paz” de regreso a la Capital Federal, “salvo por algún trámite”, lamentó quien dio a entender que fue castigado por contradecir la “hipótesis oficial”.

“¡Y a De León, un especialista en inteligencia, lo mandaron a la farmacia de atención a obras sociales!”, se solidarizó González.

“Peralta preguntó por qué me sacaban si era el que más sabía sobre el atentado; después se formó un tercer grupo, todavía más reducido y sin medios tecnológicos”, destacó.

“Las ‘células dormidas’ y la ‘conexión local’ todavía están…”, advirtió el testigo.

“Yo llamé al negocio de Kanoore Edul antes de allanar”

Previamente, el comisario retirado Carlos Salomone narró que para julio de 1994 era principal de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, que estaba a cargo del entonces subcomisario Jorge Palacios, imputado en este juicio por encubrir a Kanoore Edul.

“Cuando fue el atentado estaba de vacaciones y me llamó porque Galeano quería a dos o tres oficiales de confianza, que trabajamos para él en causas de estupefacientes; nos pidió operativos puntuales, pero estuvimos 20 ó 30 días porque no controlábamos la investigación, sino el POC”, lamentó.

No obstante, “éramos independientes” porque “nunca recibí órdenes de otra persona que no fuera Palacios”, si bien “no teníamos información sobre las pistas” que se seguían, aclaró el testigo.

Entre esos procedimientos recordó solo “un allanamiento en el Once”, el 1° de agosto, aunque su descripción del mismo -“un local comercial en una esquina, con una oficina en un primer piso”- corresponde a un inmueble diferente al que figura en el acta que firmó -Constitución 2745; o sea, a mitad de cuadra-, y ello se debe a que participó en ambos.

“Fui a la mañana, bien temprano, con un chofer, Ricardo Morano, de civil; tenía un celular que no estaba a mi nombre y Palacios me lo daba para los operativos”, así que “ni bien llegué, llamé para ver si el lugar estaba habitado, a fin de detener a Kanoore Edul”, lo cual “era de práctica en Drogas Peligrosas”, pero “no sé quién me dio el número, quizás estaba en la orden de allanamiento”, admitió Salomone.

Sus dichos fueron un bálsamo para su ex jefe, que está acusado de haber efectuado esa comunicación para alertar al sospechoso, aunque siempre dijo que lo había hecho Salomone como parte del procedimiento habitual; si bien no es un testimonio definitorio, sin dudas ayuda a su defensa.

“No había gente en el lugar, así que Palacios -que no estuvo en los allanamientos- nos ordenó esperar; pasó casi todo el día -ya era de noche- hasta que nos dijo que podíamos proceder porque Kanoore Edul ya había sido arrestado en otro lugar”, lo cual hizo con su chofer y dos o tres uniformados que llegaron más tarde en un patrullero, prosiguió el ex comisario.

Si bien Salomone aseguró haber confeccionado el acta, luego no reconoció la letra, sencillamente porque la había hecho el ayudante Claudio Camarero, a quien dijo no conocer y por esta razón la Fiscalía pidió un careo entre ambos.

“Nada se incautó”, especificó.

El testigo también efectuó “tareas de vigilancia a cien metros de la casa de Telleldín”, en Villa Ballester, el 26 de julio, y en ese contexto le informaron que hacia allí se dirigían “dos policías bonaerenses”, Mario Bareiro y Diego Barreda, quien “renqueaba”.

Al salir del domicilio, los pararon “cuando pasaron delante” de ellos y regresaron al lugar para decirle algo a su concubina, Ana María Boragni, pero todos se quedaron en la puerta.

Al poco tiempo trasladó a los efectivos, que no estaban detenidos, al POC, pero no recordó quién transportó a la mujer de Telleldín.

Salomone tiene una causa abierta por falso testimonio cuando declaró en el TOF 3, por no dar detalles de la detención del principal imputado en Aeroparque, al día siguiente, por la cual fue sobreseído, pero la Cámara Federal ordenó que se le tome indagatoria y esto aún no ocurrió.

Al respecto, explicó que “nos informaron que venía de Iguazú y que estaría al lado de un policía aeronáutico”; “se hizo un acta en la oficina” de esa fuerza “y se lo trasladó al POC”, a pesar de que “había gente de la SIDE que se lo quería llevar”, lo cual no permitió.

“Reemplacé a Castañeda porque era ineficiente”

El primer testigo de la jornada fue el comisario general retirado Ángel Ramírez, quien se desempeñó hasta 1997 como superintendente de Interior de la Policía Federal, en cuya órbita se encontraba el Departamento Protección del Orden Constitucional (POC).

“La relación con el juzgado y la SIDE era fríamente cortés”, el primero “determinaba todo y creo que no nos aprovechó: no contaba con el POC ni con la Superintendencia”, se quejó, aunque “no se manifestó una decisión política” detrás de esa decisión.

“Me pedían recursos y viáticos, que nunca escatimé”, sintetizó el declarante, que también reclamó por los recursos humanos que se le asignaron: “Más adelante recibimos más personal para abocarse a la investigación del atentado, pero no llegaron a las cien personas”.

A fines de 1994, pocos meses después del ataque terrorista, Peralta reemplazó a Castañeda: “Lo cambié por su actitud ineficiente”, justificó en forma lapidaria su superior respecto de quien está imputado en este juicio por la desaparición de los casetes de las escuchas telefónicas de Kanoore Edul y ya fuera condenado por el mismo delito respecto de Telleldín y otros efectos que debía resguardar.

De su superintendencia dependía la Dirección General de Inteligencia, que “no actuó en el atentado a la AMIA”, si bien “un oficial colaboraba con el juez”, precisó Ramírez en referencia al polémico Claudio Lifschitz.

Éste “reportaba a Galeano porque estaba en comisión y eligió a colegas para que trabajaran con él”, y si bien “cobraba su sueldo de la Policía Federal, nadie lo supervisaba, ni recibí información de él, ni me enteré que otra área lo hiciera”, aclaró.

“En 1995 propicié una reunión de integración entre el POC, la SIDE, la AMIA y la DAIA para evaluar las líneas investigativas, incluida la de Kanoore Edul; mi intención era que coordinaran esfuerzos, pero no lo logré”, lamentó el comisario retirado.

En julio del año siguiente, después de la detención de varios policías bonaerenses por el atentado a la AMIA, asistió a una reunión en el juzgado junto con los entonces director general de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario general Armando Calabró, y subsecretario de Seguridad provincial, Alejandro Pérez Cárrega.

“No sé para qué me convocaron, me sentí usado: solo me pidieron que escuchara algo sobre unos vehículos adulterados que era difícil de entender y las indicaciones que les dio a los bonaerenses, con un término perentorio para investigar”, relató.

Era la grabación de una conversación entre el suboficial Juan Carlos Nicolau y Carmelo Juan Ionno, compadre de Juan José Ribelli, imputado y luego sobreseído como cabecilla de la “conexión local” del ataque, sobre una Trafic y una gente de Tigre, pero el testigo no escuchó que se mencionaran sus apellidos.

El próximo jueves declararán otras tres personas vinculadas con Kanoore Edul: Norberto Godoy, Carlos Gardiner y Abdala Nasra.