Agencia AJN.- «En el día de ayer, le requerimos al procurador general de la Nación (interino), Eduardo Casal, la remoción del actual titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso. El pedido está motivado en el vínculo familiar existente entre el fiscal Basso y una de las máximas responsables del encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA, la ya fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo», informó hoy, jueves, Memoria Activa en un comunicado de prensa.

«La designación de Basso al frente de la UFI AMIA resultó injustificada y constituye un enorme retroceso institucional que debe imperiosamente rectificarse. El fiscal Basso es sobrino de la ex jueza camarista Luisa Riva Aramayo, quien, según se probó tanto ante el TOF 3 en el juicio por el atentado (2001-2004) como en el TOF 2 en el juicio por el encubrimiento (2015-2019), tuvo un rol protagónico en el ‘armado arquitectónico’ de la falsa ‘pista policial’, lo que selló la impunidad en el caso desviando la investigación del atentado a la AMIA», justificó.

«En este sentido, la designación de Basso al mando de la UFI AMIA implica ponerlo en la posición de tener que valorar también la actuación de su tía, tanto en lo que tiene que ver con las causas vinculadas con el encubrimiento (aún en trámite) como con la investigación del atentado. El vínculo familiar entre el fiscal Basso y la ex jueza Riva Aramayo, por lo tanto, resulta ineludible a fin de ponderar la objetividad con la que debe actuar un fiscal, con mayor razón en un caso de esta naturaleza», razonó la agrupación de familiares de víctimas.

«Consideramos razonable y legítimo suponer que un sobrino puede sentirse compelido (consciente o inconscientemente) a considerar de forma condescendiente la irregular actuación de su tía y sus efectos en la investigación del atentado a la AMIA y de las causas conexas. Por el contrario, suponer que ese vinculo familiar no afectará de ninguna manera la actuación del fiscal Basso resulta una enorme ingenuidad o una injuriosa hipocresía», aseguró.

«Por otra parte, cabe destacar que a diferencia de lo ocurrido con la designación de sus antecesores, el nombramiento como titular de la UFI AMIA de Sebastián Basso fue realizado sin ninguna consulta o proceso participativo, lo que nos generó y genera gran incertidumbre sobre las razones de los cambios previos y de la llegada de un titular vinculado a quienes favorecieron el encubrimiento del atentado terrorista», se quejó la entidad.

«Sumado a ello, desde 2018, la nueva gestión de la UFI AMIA discontinuó los informes de gestión, dejaron de dar cuenta de todas sus actividades y, en agosto de 2019, se le dificultó a nuestros abogados el acceso a la documentación que se encuentra en la Unidad y que se requería en el marco de la causa internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), maniobras de obstaculización que desde Memoria Activa nos vimos obligados a denunciar públicamente en su momento», recordó.

«En conclusión, la decisión de nombrar y mantener al frente de la UFI-AMIA al fiscal Basso resulta una medida perniciosa y regresiva que debilita ostensiblemente su funcionamiento y, consideramos, constituye un flagrante incumplimiento del compromiso asumido por el Estado argentino en el marco del acuerdo de solución amistosa celebrado ante la CIDH en marzo de 2005. Pedimos al procurador, entonces, lo remueva del cargo cuanto antes. Hace casi 26 años que se vapulea, se daña y se interfiere maliciosamente en la causa AMIA. Ya no se puede tolerar más», exigieron los familiares de víctimas.

CGG