La Corte Suprema de Justicia informó hace tres años, a través de voceros, que la investigación del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina, que provocó 29 muertos y centenares de heridos, estaría “resuelta” tras el fallo del 23 de diciembre de 1999, que dio por acreditado que el atentado fue realizado por la organización terrorista libanesa Hezbollah, a través de su brazo armado, la Jihad Islámica.

Un presunto terrorista suicida habría detonado una camioneta Ford F-100 repleta de una mezcla de hexógeno y pentrita a las puertas de la casona donde funcionaba la legación, situada en Arroyo 910, casi Suipacha.

El vehículo fue comprado con dólares estadounidenses que tenían marcas características de las casas de cambio de Biblos, en El Líbano.

Por tratarse de una representación extranjera, la competencia originaria le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, que en los primeros años casi nada avanzó en la investigación, de la mano del entonces octogenario presidente Ricardo Levene (h) y su secretario, Alfredo Bisordi, y luego, de la composición con “mayoría automática” menemista, encabezada por Julio Nazareno.

Tras diversos intentos por cerrar la causa o adjudicar la explosión a un “autoatentado” o a la presencia de un nunca probado “arsenal” supuestamente escondido en el sótano de la Embajada, recién 5 años después se designó a un secretario especial, Esteban Canevari, quien empezó a impulsar la pesquisa con mayor responsabilidad.

El cambio de la composición de la Corte en la última década y la designación del fiscal especial José Luis Mandalunis para revisar lo actuado hasta el momento despertó ciertas esperanzas que aún no fueron satisfechas.

En la actualidad, y más allá de diversos señalamientos a personajes como el traficante de armas Monzer al-Kassar, solo existen órdenes de captura dictadas en 2006 para el líder operativo de Hezbollah, Imad Moughniye (asesinado con un coche-bomba en 2008, en Damasco, Siria), el colombiano de origen libanés José Salman el-Reda Reda, casado con una argentina y sospechoso de ser el coordinador local del ataque, y el libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman.

El mes pasado, la embajada de Israel aportó una foto actualizada, los datos biométricos e información que ayudaría a localizar a este último en su país, y también relevantes referencias sobre su cómplice, hermano de Samuel El Reda, supuesto jefe de la red latinoamericana que Hezbollah montara en la década de 1990.

Según la inteligencia argentina, Suleiman fue arrestado en 2001 en Jordania y habría confesado que en 1991 viajó a San Pablo y a principios de 1992 a Foz de Iguazú, donde recibió los explosivos utilizados en el atentado.

Luego habría ingresado a la Argentina en micro, con los mismos disimulados en cajas de alimentos.

El Reda fue arrestado en Rosario en 1992, con gran cantidad de dólares falsos, pero quedó libre por falta de pruebas.

Quedan muchas preguntas sin responder, fundamentalmente la responsabilidad de una “conexión local” y un eventual encubrimiento posterior, además de la increíble anécdota del móvil policial desviado de su recorrido habitual para investigar… el robo de una lapicera en el Palacio San Martín, la sede la Cancillería, lo cual dio lugar a especulaciones sobre una probable “zona liberada”.

El atentado a la Embajada de Israel fue el peor ataque terrorista en la historia de la Argentina hasta la voladura de la AMIA el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos, y el ataque más sangriento contra una misión diplomática israelí.

Tras años de lucha, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes lograron la sanción, por unanimidad, de una ley resarcitoria que habilitó una indemnización que ya cobraron.