Agencia AJN.- Si el Tribunal Superior de Justicia de Israel anula el proyecto de ley para modificar la composición de la Comisión de Nombramientos Judiciales, que otorgaría a la coalición de gobierno la capacidad de nombrar a dos jueces por mandato para el Tribunal Superior sin la aprobación de la oposición, el ministro de Justicia, Yariv Levin, expresó que no respetará la sentencia.

Una sentencia así sería «cruzar una línea roja y desde luego no la aceptaremos», aseguró Levin en una entrevista con el canal 14 israelí, luego de que el Likud, el partido oficialista, decidiera apoyar el proyecto de ley y aprobarlo antes de que la Knesset, el Parlamento israelí, entre en receso el 2 de abril.

«Legislamos y aplicamos sin miedo el mandato que nos dio el público. Esta resolución democrática será respetada, y tendremos un método para nombrar jueces que sea equitativo, justo e incluya a todos», agregó Levin.

El líder de la oposición y ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, respondió poco después: «Ya está, se cayeron las máscaras. La pistola está sobre la mesa. El verdadero primer ministro Yariv Levin nos está llevando a un caos total y a una crisis constitucional sin retorno. Si el ministro de Justicia pide al gobierno que no obedezca la ley, ¿por qué deberían los ciudadanos de Israel obedecer al gobierno?».

El anterior ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, advirtió que «la amenaza de Levin contra el tribunal cruza una línea roja. No tiene precedentes que el ministro de Justicia diga de antemano que no respetará una sentencia que no sea de su agrado. Todo lo contrario de lo que hizo Menahem Begin. Un gobierno que no respeta una sentencia judicial pierde su legitimidad».

El Likud -partido liderado por el primer ministro Netanyahu-, emitió una declaración al respecto: «La absurda discusión sobre la crisis constitucional sólo pone de relieve lo necesaria que es la reforma judicial para devolver el equilibrio adecuado a los poderes del Estado».

«El Alto Tribunal no tiene autoridad ni razón para intervenir en una enmienda a una Ley Básica que determina cómo se nombran los jueces, exactamente igual que no intervino en el pasado cuando se enmendó la ley hace más de una década», añadió el Likud en su comunicado.

Además, el partido del premier israelí señaló que «el principio de que el Alto Tribunal no tiene autoridad para tumbar una Ley Fundamental aparece en todas las propuestas de compromiso, incluidos los presidentes, y quedará anclado en la reforma judicial. Por tanto, no hay motivo para una crisis constitucional».

Sin embargo, algunos miembros del partido expresaron que hay que respetar las sentencias del Alto Tribunal.

El ministro de Economía, Nir Barkat, explicó que, aunque apoyaba el proyecto de ley, «no apoyo en modo alguno caminar ciegamente hacia una crisis constitucional en Israel».

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el ministro de Justicia Yariv Levin durante un debate y una votación en la sala de asambleas de la Knesset, el Parlamento israelí en Jerusalem, el 6 de marzo de 2023 (crédito: Yonatan Sindel/Flash90/Reuters)

Si el Alto Tribunal anula el proyecto de ley, Barkat afirmó que respetará la sentencia al pie de la letra.

«No prestaré mi voto ni mi mano a un caos en el que los ciudadanos de Israel pierdan simultáneamente la fe en el gobierno y en el sistema judicial», señaló Barkat.

Según la nueva propuesta, que fue presentada por primera vez por el presidente de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, Simcha Rothman, el domingo por la noche, adaptada por todos los líderes de la coalición a última hora de la noche del domingo y aprobada por el Likud y el Partido Sionista Religioso en votaciones de facción el lunes, la Comisión de Nombramientos Judiciales incluirá once miembros en lugar de los nueve actuales, mientras que seis de los once procederán de partidos de la coalición: tres ministros y tres miembros de la Knesset.

Los cinco restantes son dos miembros de la oposición de la Knesset y tres jueces, uno de los cuales es el Presidente del Tribunal Supremo.

En el caso de los nombramientos para el Alto Tribunal, los otros dos magistrados serían también jueces del Alto Tribunal, pero para los tribunales inferiores, los dos serían sustituidos por un presidente de tribunal de distrito y un presidente de tribunal de magistrados.

Los nombramientos para los tribunales inferiores requieren una mayoría de siete de once, pero los nombramientos para el Alto Tribunal requerirían una mayoría simple de seis.

De esta manera la coalición de gobierno conseguiría una mayoría automática, pero sólo podrá elegir a dos magistrados del Alto Tribunal por legislatura sin la aprobación de la oposición.

Un tercer nombramiento en una legislatura de la Knesset requiere la aprobación de un legislador de la oposición, y un cuarto nombramiento también requiere la aprobación de uno de los jueces.

Según la ley israelí, los jueces del Tribunal Supremo se jubilan automáticamente al cumplir 70 años. Está previsto que dos jueces, la Presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut, y la magistrada Anat Baron, se jubilen en octubre. Por lo tanto, la coalición controlará los nombramientos para ambas vacantes. La siguiente vacante está prevista un año después, en octubre de 2024.