Agencia AJN.- Los principales donantes occidentales de Túnez expresaron el martes su «profunda preocupación» por la medida del presidente de disolver un órgano encargado de garantizar la independencia judicial, después de que el año pasado se hiciera con amplios poderes en una medida que los críticos califican de golpe de Estado.

El presidente Kais Saied anunció el domingo su declaración de abolir el Consejo Judicial Supremo, una medida que el organismo rechazó por considerarla ilegal y un intento de socavar la independencia de los jueces.

El jefe del Consejo, Youssef Bouzakher, aseguró que sus miembros estaban desafiando la presión de Saied para cerrarlo y estaban discutiendo por correo electrónico sus próximos pasos para oponerse a la medida.

Los embajadores en Túnez del grupo del G7 dijeron que «un poder judicial transparente, independiente y eficiente y la separación de poderes son esenciales para una democracia que funcione y sirva a su pueblo».

Túnez se enfrenta a una crisis de las finanzas públicas, con los tunecinos quejándose ya de la escasez de algunos bienes y con el gobernador del banco central advirtiendo de un colapso económico como en Venezuela o Líbano.

Mientras Túnez ha iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un paquete de rescate que se considera necesario para desbloquear otras ayudas financieras, los donantes han instado a Saied a adoptar un enfoque inclusivo de las reformas.

El presidente prometió mantener los derechos y libertades que los tunecinos ganaron en la revolución de 2011 que desencadenó la Primavera Árabe y trajo la democracia, pero su última medida aumentó la preocupación por la continuidad del Estado de Derecho.

En julio suspendió el parlamento y destituyó al primer ministro, diciendo después que podría gobernar por decreto mientras prepara una nueva constitución que, según dice, se someterá a referéndum este verano.

Sin embargo, los grupos defensores de los derechos humanos temen que se esté volviendo cada vez más autoritario, y su última medida de poner el poder judicial bajo su control significaría que tendría un poder absoluto sobre todos los poderes del Estado.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también instó a Saied a restablecer el consejo, advirtiendo que su disolución «socavaría gravemente el Estado de Derecho».

El grupo de derechos Amnistía Internacional también dijo el martes que la medida suponía «una grave amenaza para el derecho a un juicio justo en Túnez».

La asociación de jueces dijo en un comunicado que suspendería todo el trabajo en los tribunales el miércoles y el jueves y que los jueces celebrarían una protesta contra la decisión de Saied el jueves.