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Argentina

Fuerte respuesta del presidente Fernández al procurador Casal por su defensa al fiscal Luciani

Luego de la controversia que se generó por las expresiones del presidente acerca de la muerte del fiscal Nisman y la analogía que realizó con el fiscal Luciani, el Procurador General Interino, Eduardo Casal, le envío ayer una carta a Fernández, que ahora obtuvo respuesta por parte del presidente.

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Agencia AJN.- El presidente Alberto Fernández envió esta tarde una dura carta al Procurador General Interino, Eduardo Casal, en medio de la polémica por el caso Vialidad. Fernández le respondió a Casal por la misiva que este le había enviado luego de la frase emitida por el mandatario en un programa de televisión, en el que dijo que Alberto Nisman se suicidó y que esperaba que Diego Luciani, a cargo de la causa contra Cristina Kirchner, no hiciera lo mismo.

La presentación se da en medio de una semana extremadamente candente en el área judicial para el oficialismo, luego del pedido de pena para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad. Allí el fiscal federal Diego Luciani pidió para ella una pena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En su carta Fernández le dijo a Casal que sus expresiones »de modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y que ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. También le atribuye doble estándar porque no tuvo el mismo celo cuando el presidente era Mauricio Macri.

Luego de lo cual apuntó duras críticas al Poder Judicial y aludió a lo sucedido con Lula Da Silva en Brasil el que consideró que fue “condenado y encarcelado injustamente y por lo tanto proscripto”, en línea con el argumento que viene sosteniendo el kirchnerismo en el caso.

En su carta, Casal se había dirigido al mandatario asegurando: “Más allá del derecho a expresarse libremente de cada ciudadano en un ámbito de respeto y sin que esto implique una opinión sobre el fondo de la cuestión, es mi deber constitucional e institucional advertir que la vinculación que usted realiza entre ‘una persecución judicial y mediática’ y el debido cumplimiento de la representación que en nombre de este Ministerio Público ejerce por mandato legal el señor fiscal, implica una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”.

La administración de Fernández lleva casi desde sus comienzos una cruzada en el área judicial, donde aún en julio de 2020, en plena pandemia presentaron un proyecto de ley para reformar la justicia y buscó, también sin éxito, reformar el Ministerio Público Fiscal (MPF)

Carta completa del presidente Alberto Fernández:

Al Señor Procurador Adjunto interinamente a cargo

de la Procuración General de la Nación

Doctor Eduardo Casal

De mi consideración:

Me dirijo al Señor Procurador Adjunto interinamente a cargo de la Procuración General de la Nación a fin de contestar su nota de fecha 25 de agosto de 2022 que me ha sido entregada a través del Ministro de Justicia de la Nación, Doctor Martín Soria.

En su nota, el Señor Procurador Adjunto considera que constituyen una “perturbación” al ejercicio de las funciones de un fiscal, las expresiones que he realizado en una entrevista brindada al canal Todo Noticias, donde hice referencia a la existencia de una “persecución judicial y mediática” contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso.

No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática. En efecto, solo hace falta observar con detenimiento lo que ha sucedido en el hermano país de Brasil, donde el dirigente político Inácio Lula Da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales. Ahora hemos tomado cabal conocimiento de que aquel proceso penal, tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular. El proceso penal que había encarcelado a Lula fue declarado nulo, pero para ese entonces las elecciones ya habían ocurrido con uno de los principales candidatos en prisión y sin la posibilidad de participar en la contienda electoral.

Como puede deducirse, resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública, porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar.

En efecto, me he expresado en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en su artículo 109, toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas.

Lejos de importar un “menoscabo” a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso, mis declaraciones constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a argentinos y argentinas.

Obsérvese que el Sr. Procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta oficial de Twitter que “lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”.

Tampoco llamó la atención del Sr. Procurador que el ex Presidente Mauricio Macri, también en ejercicio de sus funciones presidenciales, directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y manifestara (textual) “creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político”, al tiempo que le advertía al Consejo de la Magistratura que “Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo”. Puede observarse que, en este caso, no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal.

En ese mismo caso el Sr. Procurador Adjunto fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal al que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias.

El celo que muestra en su carta el Sr. Procurador Adjunto respecto del cuidado de los procesos penales, hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y también en la Casa Rosada; en el rol que tuvo el prófugo “Pepín” Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada “Mesa Judicial” y en garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en los procesos penales, máxime en el ámbito de la justicia federal, cuando se encuentran bajo investigación dirigentes políticos. En todos estos casos es imprescindible que los procesos sean transparentes y que los funcionarios y magistrados intervinientes no se encuentren bajo sospecha de actuar movidos por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad.

Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos.

La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aun en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad. Esta situación permitirá que no repitamos experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño y que, en cambio, podamos vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana.

Saludo al Señor Procurador Adjunto interinamente a cargo de la Procuración General de la Nación.

 

Fuente: La Nación

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Argentina

Atentado Embajada de Israel en Argentina | El embajador Sela a Milei: “Gracias por estar del lado correcto de la historia’’

En el Acto central por el 32° aniversario del atentado, el embajador en el país agradeció al presidente Milei por sus palabras en el Museo del Holocausto en su reciente visita el Estado de Israel, en el que habló de la importancia de ‘‘saber estar en el lado correcto de la historia’’.

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Agencia AJN.- El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, remarcó en el Acto central por el 32° aniversario del atentado a la Embajada de Israel en el país que ‘‘entendemos que no estamos solos, el presidente Milei  lo sintetizó con una frase contundente a su salida de Yad Vashem (Museo del Holocausto), en su visita a Jerusalem: ‘Saber estar en el lado correcto de la historia’’, gracias por eso señor  presidente’’.

A la hora de hablar de la importancia del evento, Sela expresó: ‘‘Estamos aquí porque nuestros dos países se plantean un presente y un futuro próspero de cooperación y fortalecimiento del vinculo bilateral. Estamos aquí porque hace 32 años Irán, a través de Hezbollah, y hoy a través de Hamás, Hezbollah otra vez y los Hutíes y el resto de sus organizaciones, quieren que nos demos por vencidos’’.

En la misma línea, el embajador señaló: ‘‘Estamos aquí por David Ben Rafael, un diplomático israelí que en 1992 perdió su vida en este mismo lugar en el que yo estoy parado. Y por David Cuneo, que hoy está secuestrado en la Franja de Gaza’’.

‘‘Es el mismo terrorismo el que definitivamente vamos a vencer. Llamemos a las cosas por su nombre, el terrorismo debe ser llamado por su nombre y condenado como tal por la comunidad internacional’’, agregó Sela.

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El presidente Milei, la vicepresidenta Villarruel, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la secretaria de la presidencia, Karina Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Finalmente, el embajador destacó que ambos pueblos saben qué es el terrorismo y que ‘‘ están más unidos que nunca. ‘No olvidar’ fue la consigna de este año. Jamás olvidar el 17 de marzo de 1992, el 18 de julio 1994 y el 7 de octubre de 2023. Jamás olvidar por los que fueron asesinados hace 32 años y por los que esperamos con todas nuestras fuerzas que regresen a sus casas hoy en día’’.

El acto contó con la participación del presidente argentino, Javier Milei, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, el ministro de Defensa, Luis Petri, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el director de la cancillería israelí para América Latina, Jonathan Peled, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el presidente de la AMIA, Amos Linetzky. También estuvo presente Guillermo Yanco, representando al Museo del Holocausto.

El presidente Milei realizó una ofrenda a la familia Bibas, que permanece cautiva en Gaza. También realizaron diversas ofrendas florales Peled y el embajador de Sela, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, el jefe de la Policía, el jefe de Seguridad de la Embajada, la sobreviviente Lea Kovensky, y los presidentes de la AMIA y la DAIA, representando a la comunidad judía argentina, y el presidente del KKL, Diego Stern, y del Keren Hayesod, Gabriela Glazmna, representando a las instituciones nacionales israelíes.

Luego de entonarse los himnos y entregarse las ofrendas, el Rabino Axel Wahnish estuvo a cargo de recitar el kadish de duelo (Izkor).

El atentado a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, que dejó 29 muertos, fue el primer ataque del fundamentalismo islámico en la Argentina.

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El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, y el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.

El atentado

El martes 17 de marzo de 1992, a las 14.50 (hora local), una camioneta Ford F-100 conducida por un suicida y cargada con una mezcla de hexógeno y pentrita se estrelló contra una de las puertas de la casona donde funcionaba la legación, situada en Arroyo 910, casi Suipacha.

El vehículo fue comprado con dólares estadounidenses que tenían marcas características de las casas de cambio de Biblos, en El Líbano.

El atentado provocó la destrucción de la embajada y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano, entre otros. Como consecuencia del ataque murieron 29 personas, 22 de ellas identificadas, y otras 242 resultaron heridas.

Es considerado como el inicio de una serie de ataques del terrorismo internacional y la Argentina sufrió más tarde, el 18 de julio de 1994, el atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos, la agresión terrorista más sangrienta que sufrió el país en su historia.

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A pesar del blanco seleccionado, la mayoría de las víctimas no perteneció al personal de la embajada ni eran judíos, en una nueva muestra del indiscriminado accionar del terrorismo y el desinterés por la vida humana, independientemente de su origen, credo o nacionalidad.

Basta como muestra advertir que entre los muertos hubo argentinos, israelíes, bolivianos, un uruguayo y otro italiano, incluidos ancianas alojadas en un geriátrico ubicado enfrente de la legación, ocasionales peatones y hasta un cura.

Por tratarse de una representación extranjera, la competencia originaria le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, que en los primeros años casi nada avanzó en la investigación, de la mano del octogenario Ricardo Levene (h) y su secretario, Alfredo Bisordi, y luego, de la composición con “mayoría automática” menemista, encabezada por Julio Nazareno.

Tras diversos intentos por cerrar la causa o adjudicar la explosión a un “autoatentado” o a la presencia de un nunca probado “arsenal” supuestamente escondido en el sótano de la Embajada, recién 5 años después se designó a un secretario especial, Esteban Canevari, quien empezó a impulsar la pesquisa con mayor responsabilidad.

En diciembre de 1999, la Corte Suprema dictó una acordada estableciendo que los muertos habían sido 22 (y no 29 como se había informado oficialmente los años anteriores) y que la investigación debía orientarse a reunir las pruebas que establecieran la certeza de que el atentado había sido realizado por la Jihad Islámica, brazo armado de Hezbollah.

Con el advenimiento del kirchnerismo, el cambio en la composición de la Corte y la designación, en 2005, del fiscal especial José Luis Mandalunis para revisar lo actuado hasta ese momento despertaron ciertas esperanzas que no fueron satisfechas.

En 2015, el entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declaró públicamente que en la causa había «cosa juzgada» debido a la acordada de 1999. La declaración produjo confusión, ya que en 2006 el máximo tribunal había dictaminado en la causa una resolución estableciendo que la misma no había prescripto.

En la actualidad, y más allá de diversos señalamientos a personajes como el traficante de armas Monzer al-Kassar, solo existen órdenes de captura dictadas en 2006 para los libaneses José Salman el-Reda Reda, casado con una argentina y sospechoso de ser el coordinador local del ataque, aunque está identidad sería falsa y se trataría de Abdallah Salman, y Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman.

Hace unos años, la Embajada de Israel aportó una foto actualizada, los datos biométricos e información que ayudaría a localizar a este último en su país, y también relevantes referencias sobre su cómplice, hermano de Salman Raouf Salman (Samuel el-Reda Reda), supuesto jefe de la red latinoamericana que Hezbollah montara en la década de 1990.

Según la inteligencia argentina, Suleiman fue arrestado en 2001 en Jordania y habría confesado que en 1991 viajó a San Pablo y a principios de 1992 a Foz de Iguazú, donde recibió los explosivos utilizados en el atentado.

Luego habría ingresado a la Argentina en micro, con los mismos disimulados en cajas de alimentos.

El Reda fue arrestado en Rosario en 1992, con gran cantidad de dólares falsos, pero quedó libre por falta de pruebas.

También tenía orden de captura el entonces responsable de operaciones especiales en el extranjero de Hezbollah, Imad Moughniye, quien fue asesinado con un coche-bomba en 2008, en Damasco, Siria.

Si bien por el hecho no hay condenados, se sospecha que los autores del ataque ingresaron al país a través de Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.

Quedan muchas preguntas sin responder, fundamentalmente la responsabilidad de una “conexión local” y un eventual encubrimiento posterior, además de la increíble anécdota del móvil policial desviado de su recorrido habitual para investigar… el robo de una lapicera en el Palacio San Martín, la sede la Cancillería, lo cual dio lugar a especulaciones sobre una probable “zona liberada”.

Tras años de lucha, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes lograron la sanción, por unanimidad, de una ley resarcitoria que habilitó una indemnización que ya cobraron.

En tanto, en 2017 se aprobó la ley 27417, que consagró el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del mismo.

Esta norma también prevé la realización de “actividades conmemorativas en todos los establecimientos escolares del país, públicos y privados” y la inclusión de esa tragedia “en la currícula escolar oficial como un hecho histórico”.

Como si la inacción de esta causa “dormida” y en “terapia intensiva” no fuera suficiente, el 1º de abril de 2018 renunció para jubilarse su instructor, Canevari.

Pero para mantener viva la esperanza de esclarecimiento y casi utópica justicia, en 2022 trascendió en diversos medios un supuesto «informe final» del Mossad que explicaría en detalle cómo fue planificado y perpetrado el atentado, el cual ratificaría en gran medida lo que ya se sabía y abonaría la polémica hipótesis de que no habría existido una «conexión local» de argentinos o naturalizados que hubieran colaborado intencionalmente con el mismo.

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Argentina: Se conmemora el aniversario 32 del atentado a la embajada de Israel

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Agencia AJN.- En el marco de la guerra entre Israel y Hamás, se cumple un nuevo aniversario por el atentado a la embajada de Israel en Argentina.

El acto comenzó con el sonido de la sirena a las 14:50, hora en la que ocurrió el atentado, el día 17 de marzo de 1992.

El acto central cuenta con la participación del presidente argentino, Javier Milei, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, el director de la cancillería israelí para América Latina, Jonathan Peled, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el presidente de la AMIA, Amos Linetzky.

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