Agencia AJN.- Varios gobiernos europeos donaron fondos a organizaciones con el propósito específico de luchar contra Israel en foros legales internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, que anunció la semana pasada que investigará los supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel y los palestinos.
Entre los gobiernos que financian la lucha contra Israel a través de los palestinos están Suiza, Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Francia y la Unión Europea, según descubrió el centro de estudios Monitor.

El contrato entre el gobierno suizo y la Asociación de Derechos Humanos Al-Dameer, con sede en Gaza, especificó que planea «proporcionar e informar a la CPI sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la IOF», que significa «Fuerzas de Ocupación de Israel».

El contrato de Suiza con el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) con sede en Gaza incluye entre sus actividades «comunicaciones con la oficina del Fiscal General de la CPI y otros mecanismos de litigio internacional», y «permitir que las víctimas y los testigos comparezcan ante los mecanismos de litigio».
Ambas organizaciones mencionadas tienen vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que es un reconocido grupo terrorista con presencia en la UE, los Estados Unidos, Canadá e Israel. Han celebrado eventos conjuntos en los últimos años, y el vicepresidente del consejo de administración del PCHR es el antiguo líder del brazo militar del FPLP.

La organización Al Mezan recibió 450.000 euros de la UE entre 2017 y 2020 ,y unos 200.000 euros de los Países Bajos en 2018. La ONG enumeró «la contribución a la aplicación de los mecanismos internacionales de derechos humanos» como uno de sus objetivos en su contrato con el estado holandés. Entre algunas de sus campañas, la organización solicita a los órganos jurídicos internacionales que emitan órdenes de arresto contra funcionarios israelíes.

Entre 2014 y 2017, los gobiernos de Suecia, Suiza, Dinamarca y los Países Bajos financiaron a la «Secretaría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario», destinada a apoyar «los esfuerzos actuales y futuros de documentación e investigación de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de ayudar y apoyar a los mecanismos nacionales e internacionales». Todas las organizaciones mencionadas recibieron financiamiento de esta secretaría, al igual que varias ONG israelíes, entre ellas B’Tselem, que «actúa principalmente para cambiar la política israelí en los Territorios Ocupados y asegurar que su gobierno proteja los derechos humanos de los residentes en virtud del derecho internacional».

B’Tselem ha recibido fondos de la Oficina del Representante de los Países Bajos en Ramallah, así como de una organización eclesiástica sueca llamada Diakonia, financiada por Suecia, los Países Bajos, Francia, Suiza y la UE, y destinada específicamente a examinar los fallos del Tribunal Supremo israelí.
Diakonia destinó fondos por 176.000 euros en 2018 para «examinar las sentencias de los tribunales» sobre los “derechos humanos palestinos” y las demoliciones de viviendas, respectivamente.

Los fondos holandeses se destinaron a un «informe sobre el papel de la Corte Suprema israelí», uno de los varios realizados por B’Tselem en los últimos años. Sus documentos señalan que «B’Tselem se refiere regularmente a la Corte Suprema como uno de los principales mecanismos que permite la ocupación en curso y las violaciones de los derechos humanos al otorgar legitimidad judicial a las políticas de Israel».

Los Países Bajos también han financiado a Yesh Din con 160.930 euros en 2018. Yesh Din alega que los tribunales israelíes no pueden investigar las acusaciones de irregularidades cometidas por el ejército o el gobierno israelí y presiona para que la CPI investigue por crímenes de guerra a los funcionarios israelíes.

Esto es de particular relevancia para la investigación de la CPI, porque uno de los argumentos que Jerusalem ha presentado contra la autoridad de la Corte de La Haya para investigar a Israel es que tiene un poder judicial legítimo e independiente y que la CPI está destinada a enjuiciar a los gobiernos de países donde no es así. Respecto a este punto, la CPI planea examinar esa afirmación.

Otra organización palestina profundamente involucrada en la lucha contra Israel es Al-Haq, financiada por la UE, Francia, Irlanda, Italia, Noruega y España. El director de Al-Haq, Shawan Jabarin, fue condenado por reclutar y entrenar al FPLP en 1985, y más recientemente, en 2009, la Corte Suprema de Israel determinó que sigue participando en sus actividades.

Al Haq, junto con el Centro Palestino de Derechos Humanos, se reunió con el Fiscal de la Corte Penal Internacional en 2013 para acusar a Israel de «la perpetración generalizada y sistemática de crímenes internacionales y violaciones al derecho internacional», y ha seguido comunicándose con esa oficina en los años siguientes, acusando repetidamente a Israel de crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalem y Gaza.

Mientras tanto, algunas ONG israelíes dijeron que habían intentado presentar el caso de Israel ante la Corte Penal Internacional, pero que fueron ignoradas. La organización «Mi Verdad», que representa a los reservistas de las FDI, publicó el domingo en su página de Facebook que envió a la CPI una denuncia con amplia documentación sobre los «horrores perpetuados por las organizaciones terroristas durante muchos años y los crímenes de guerra y su uso de civiles como escudos humanos», pero nunca recibió respuesta. El presidente de la Asociación Internacional de Abogados Judíos, Meir Linzen, dijo al Canal 13 esta semana que el Fiscal Jefe de la CPI se negó a reunirse con él, en la que pretendía «exponer los crímenes de guerra cometidos por los palestinos».