Agencia AJN.- Cientos de trabajadores del sector tecnológico celebraron el martes una huelga de advertencia de una hora, bloqueando carreteras en el centro de Tel Aviv en protesta por los polémicos planes del gobierno de revisar el sistema judicial.

Decenas de empresas y organizaciones israelíes concedieron permiso para que sus trabajadores asistieran a las manifestaciones celebradas en todo el país.

Los manifestantes se reunieron en tres lugares principales -el complejo Sarona de Tel Aviv, un complejo de alta tecnología en Herzliya y el parque empresarial Airport City-, muchos de ellos portando banderas israelíes.

«Sin democracia no hay alta tecnología. Incluso sin ChatGPT, sabemos que estáis equivocados», rezaban algunos de los carteles que portaban los trabajadores en huelga, en referencia a la herramienta de inteligencia artificial. Otros decían: «Sin libertad no hay alta tecnología».

«El Tribunal Superior de Justicia nos protege a todos», coreaban algunos manifestantes.

Hacia el final de la huelga, de una hora de duración, los manifestantes de los alrededores del complejo Sarona de Tel Aviv se dirigieron a la concurrida calle Kaplan -sede de una de las protestas masivas del sábado-, donde bloquearon brevemente el tráfico.

La revisión prevista ha suscitado intensas críticas, incluso entre los partidarios de la reforma judicial desde hace tiempo, y ha desencadenado protestas masivas semanales y peticiones públicas de diversos funcionarios, profesionales, empresas privadas y otros organismos.

Más de 100.000 personas se manifestaron contra la reforma en Tel Aviv el sábado por la noche, y miles más en otras manifestaciones como las de Jerusalem, Haifa y Beersheba.

«No todos los días vemos a hombres y mujeres de la alta tecnología, y muchos más del sector privado, que hacen una pausa en su trabajo para ondear juntos una bandera de advertencia porque nuestra democracia está en peligro. Y si la democracia está en peligro, la economía está en peligro», dijo Yinon Costica, cofundador del gigante israelí del software Wix, que intervino en la protesta. «Nuestra preocupación es la confianza de los inversores extranjeros, los clientes extranjeros y los trabajadores extranjeros».

«Esa misma confianza que se construyó con una gran mano de obra puede desvanecerse muy fácilmente por culpa de una legislación muy mala que pasa por encima de los tribunales», dijo Costica.

Entre las demás empresas que permitieron a sus empleados sumarse a la protesta contra los cambios legislativos impulsados por el ministro de Justicia, Yariv Levin, figuran Lemonade, Natural Intelligence, Wiz, Redis, HoneyBook y Forter.

La huelga se produjo en un momento en que muchas empresas, entidades financieras y organizaciones empresariales israelíes han expresado públicamente en las últimas semanas su preocupación por que el plan de reforma judicial pueda amenazar la democracia y perjudicar a la floreciente industria tecnológica local.

Muchos temen que el debilitamiento del sistema judicial haga que los inversores extranjeros se abstengan de financiar empresas en el país y obligue a las empresas a marcharse e instalarse en otros lugares.

Tal y como las presentó Levin, las propuestas de la coalición restringirían gravemente la capacidad del Alto Tribunal para anular leyes y decisiones gubernamentales, con una «cláusula de anulación» que permitiría a la Knesset volver a legislar leyes anuladas con una mayoría mínima de 61; darían al gobierno el control total sobre la selección de jueces; impedirían al tribunal utilizar una prueba de «razonabilidad» para juzgar la legislación y las decisiones gubernamentales; y permitirían a los ministros nombrar a sus propios asesores jurídicos, en lugar de obtener asesoramiento de asesores que operan bajo la égida del Ministerio de Justicia.

Levin ha calificado estas propuestas de «primera fase» de su proyecto de reforma; según parece, más adelante se introducirán nuevos cambios.

«El 90% de los fondos invertidos en alta tecnología [israelí] proceden del extranjero y están en juego aquí», dijo Costica. «Sin estas inversiones, la alta tecnología sufrirá un golpe fatal y las decenas de miles de millones de shekels de dinero de los impuestos que financiaban la seguridad, la sanidad, la educación y el bienestar de todos los ciudadanos se evaporarán».

La firma de inversión y capital privado Insight Partners, con sede en Nueva York, que se ha convertido en uno de los mayores inversores en startups israelíes en los últimos años, envió una carta el lunes a sus empresas de cartera israelíes expresando su posición con respecto a la «agitación política que se desarrolla en Israel», y el apoyo al «ecosistema de alta tecnología en Israel, ya que hablan en apoyo de la democracia, la igualdad y la igualdad de oportunidades.»

«Agradecemos el diálogo abierto con nuestras empresas de cartera israelíes que se han puesto en contacto con nosotros para compartir sus preocupaciones», escribió Insight Partners. «Defendemos los principios de democracia, igualdad e igualdad de oportunidades, y denunciamos los actos que tratan de sofocar las libertades personales o los actos de odio, violencia o discriminación.»

Dos ex gobernadores del Banco de Israel, Karnit Flug y Jacob Frenkel, dijeron esta semana que los planes del gobierno para una amplia revisión del poder judicial del país podrían afectar negativamente a la calificación crediticia de Israel y «asestar un duro golpe a la economía y a sus ciudadanos.»

El Canal 12 de noticias informó el lunes de que se espera que el gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, se reúna con el primer ministro Benjamin Netanyahu para expresarle su preocupación por el posible impacto, señalando que el banco había enviado al Ministerio de Finanzas una lista de las preocupaciones planteadas por las agencias internacionales de calificación.

Las reformas también cambiarán el asesoramiento del asesor jurídico de vinculante a meramente recomendado, así como otros cambios relacionados con la titularidad y las condiciones de los asesores jurídicos de la Administración y demás personal jurídico.

«Se espera que estos cambios perjudiquen gravemente al personal jurídico público y a sus derechos, ingresos, puestos de trabajo, futuro profesional y seguridad laboral», escribió Gordon.

Afirmó que estos «cambios drásticos» se estaban impulsando «sin buena fe» y «de una manera que no es aceptable en las relaciones laborales en general y en las relaciones laborales de los servicios públicos en particular, mediante medidas unilaterales, contundentes y agresivas sin llevar a cabo negociaciones con los representantes de los trabajadores», añadió Gordon.