Agencia AJN.- Al menos cuatro de los magistrados de la Corte Penal Internacional aclararon que la cláusula operativa de la decisión judicial entregada hoy no requiere que Israel detenga inmediatamente todas las operaciones militares en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, sino más bien que detenga específicamente las operaciones militares que «podrían provocar la destrucción física total o parcial” de los palestinos.

El ex presidente de la Corte Suprema israelí Aharon Barak, que funge como juez ad hoc en el tribunal en el caso iniciado por Sudáfrica, escribió, en su opinión disidente, que la decisión mayoritaria “requiere que Israel detenga su ofensiva militar en la gobernación de Rafah solo en la medida que sea necesario para cumplir con las obligaciones de Israel en virtud de la Convención sobre Genocidio”.

Por lo tanto, según Barak, “a Israel no se le impide llevar a cabo su operación militar en la gobernación de Rafah siempre que cumpla con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre Genocidio”.

“Como resultado”, continuó Barak, “la medida es calificada y preserva el derecho de Israel a prevenir y repeler amenazas y ataques de (la organización terrorista palestina) Hamás, defenderse y a sus ciudadanos, y liberar a los rehenes”.

El juez alemán Georg Nolte y el rumano Bogdan Aurescu, ambos entre los 13 jueces que votaron a favor de esa medida, también apoyaron la interpretación de Barak, que sería la posición oficial del Ministerio de Justicia y la procuradora general, Gali Baharav-Miara.

Por lo pronto, la Oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que este consultará en una llamada telefónica a los ministros de alto rango: Ron Dermer, de Asuntos Estratégicos; Yariv Levin, de Justicia; Yoav Gallant, de Defensa; Israel Katz, de Asuntos Exteriores; el asesor de seguridad nacional, Tzachi Hanegbi; Baharav-Miara y otros funcionarios.

Asimismo, la vicepresidenta de la CPI, Julia Sebutinde (Uganda), que votó en contra de todas las decisiones, advirtió que “esta directiva puede malinterpretarse como si ordenara un alto el fuego unilateral en Rafah y equivaldría a una microgestión de las hostilidades en Gaza al restringir la capacidad de Israel para perseguir sus objetivos militares legítimos, dejando al mismo tiempo a sus enemigos, incluido Hamás, libres para atacar sin que Israel sea capaz de responder”.