Agencia AJN.-   Tres meses y medio después de la detención de Daniel Litvak, rabino de la comunidad judía de Oporto, Portugal, tras ser acusado de ayudar al ruso Roman Abramovich a obtener ilegalmente un pasaporte portugués y de malversar fondos comunitarios recibidos como parte de las solicitudes de pasaportes portugueses, la Comunidad Judía de Oporto respondió al parlamento portugués y acusó al Estado de persecución antisemita.

Tras el asunto y la detención, la Comunidad Judía de Oporto optó por dejar de cooperar con el Estado en lo que respecta a la aprobación de los solicitantes de la ciudadanía portuguesa. La semana pasada, la comunidad presentó su respuesta a la intención del Estado de derogar la ley de nacionalidad de 2015 -que permite a los descendientes de los expulsados de España y Portugal obtener la ciudadanía portuguesa- y planteó graves acusaciones de persecución antisemita y métodos que recuerdan a la Inquisición española.

«Este es el mayor ataque contra una comunidad judía en el siglo XXI, y se está llevando a cabo contra la comunidad judía más fuerte de Europa en la actualidad», dijo el domingo Gabriel Senderowicz, presidente de la Comunidad Judía de Oporto.

Según los responsables de la comunidad, 40.000 jóvenes estudiantes visitan cada año las instituciones culturales de la comunidad en Oporto: la sinagoga, el Museo del Holocausto y el Museo Judío.

«La comunidad judía de Oporto está decepcionada por la falta de solidaridad entre las organizaciones judías que operan en el mundo hoy en día, especialmente las que fueron nuestros socios en la última década», dijo Senderowicz.

«Todas ellas (las organizaciones judías de todo el mundo) guardaron silencio ante una demanda infundada concebida por funcionarios estatales y periodistas sobre la base de mensajes anónimos. Incluso la Embajada de Israel en Portugal, cuyas actividades culturales fueron apoyadas por la comunidad con cientos de miles de euros en los últimos años, no pronunció ni una palabra ni un mensaje de apoyo a la comunidad».

La Ley Española, como se llama en Portugal, es el resultado del trabajo del gobierno que operó entre 2013 y 2015, con el objetivo de reconectar Portugal con la diáspora judía que se originó en España y terminó con la Inquisición y la expulsión de los judíos españoles y portugueses.

La ley de nacionalidad afecta a más de un millón de personas que podrían beneficiarse de este derecho, contando las familias tradicionales de las comunidades sefardíes que vivían en el norte de África y en lo que entonces era el Imperio Otomano. Pasaron siete años desde la entrada en vigor de la ley, y sin embargo sólo un 10% de las personas con derecho a ello solicitaron la nacionalidad y un 5% la recibieron, según las estadísticas de la Comunidad Judía de Oporto.

En una respuesta presentada por los representantes de la comunidad al parlamento en relación con la intención de derogar la ley española, se afirma que «a partir de 2020, comenzó una grave campaña de desprestigio contra esta legislación y la comunidad judía de Portugal en general». Varios funcionarios del Estado afirmaron que «los solicitantes de la ciudadanía buscan pasaportes de conveniencia», que «hay decenas de millones de solicitantes», que «los solicitantes españoles tienen hijos y cónyuges», y aseguraron que la ciudadanía se concede con relativa facilidad y por una cuota que va a parar a los abogados, los genealogistas y las comunidades judías de Portugal».

Fuente: The Jerusalem Post.