Agencia AJN.- La histórica sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Israel del lunes por la noche que anula la ley de limitación de la razonabilidad del gobierno pasará a la historia no por anular esa problemática legislación, más allá de lo dramática que sea la decisión, sino por defender por una enorme mayoría el principio de que la democracia del Estado judío es inviolable.

Tras el mayor enfrentamiento entre el gobierno y el poder judicial en la historia del país, los jueces del tribunal declararon enfáticamente que la Knesset -el Parlamento israelí- no es todopoderosa, que el poder legislativo y el gobierno deben estar sujetos a restricciones externas, y que las mayorías políticas estrechas no pueden amenazar los derechos del individuo y de las minorías.

El Tribunal no sólo remarcó esto con voz clara y rotunda, sino que lo hizo con una amplia gama de ideologías, ya que los jueces, desde el extremo más liberal del espectro hasta los conservadores más acérrimos, insistieron en que las pasiones populares reflejadas en coaliciones de gobierno, en ocasiones volátiles y fugaces, deben estar sujetas a la revisión judicial, incluso cuando se trata de la propia composición constitucional de Israel.

Es la primera vez que el Tribunal Supremo anula un aspecto de una de las Leyes Fundamentales cuasi constitucionales de Israel, y lo hace a pesar de que el Gobierno sostiene que no tiene autoridad para interferir en las disposiciones constitucionales del país.

Superficialmente, la decisión del lunes parecía ser una estrecha victoria para un tribunal profundamente dividido, con sólo ocho jueces liberales que decidieron anular la ley de limitación de la razonabilidad de julio, y siete jueces conservadores que argumentaron en contra de un paso tan dramático.

Dado que dos de los ocho jueces de la mayoría ya se jubilaron -Esther Hayut y Anat Baron, que emitieron sus decisiones en el plazo legal de tres meses tras la jubilación de un juez-, parecería que el mismo día en que se dictó la sentencia la nueva composición del tribunal ya no respaldaba la decisión.

Pero esa realidad desmiente la naturaleza más fundamental del fallo sobre la razonabilidad, en el que 13 de los 15 magistrados del Tribunal Supremo escribieron que, en contra de las afirmaciones del Gobierno y de sus miembros más radicales, el Tribunal tiene autoridad para derogar las Leyes Fundamentales de Israel en determinadas circunstancias limitadas.

Esto se debe a que cinco de los siete jueces de la minoría que decidieron no anular la ley de razonabilidad opinaron que la capacidad de la Knesset para formular y enmendar las Leyes Fundamentales de Israel no le da vía libre para cambiar, anular o incluso torcer esas disposiciones constitucionales de la manera que considere oportuna.

Doce de los jueces respaldaron de alguna forma la doctrina de la expresidente del Tribunal Supremo Hayut de que la Knesset, por poderosa que sea, no puede, mediante la aprobación o modificación de una Ley Fundamental, alterar el carácter fundamental de Israel como Estado judío y democrático.

En la misma línea, el juez Yosef Elron advirtió que la Knesset no tenía derecho a dañar los derechos individuales fundamentales, defendiendo también en esencia los principios clave de la democracia israelí.

Incluso sin las voces de Hayut y Baron, sigue habiendo una enorme mayoría de 11 a 2 en el tribunal actual a favor de limitar el poder de la Knesset para cambiar la naturaleza misma del carácter democrático de Israel.

En el contexto de la lucha titánica entre el gobierno y el poder judicial sobre estas cuestiones precisas presenciado durante los primeros nueve meses de 2023, el fallo representa una enorme victoria para las voces que argumentan que el programa de la reforma judicial radical del gobierno era una iniciativa peligrosa que debía ser frenada.

El paquete legislativo inicial, presentado hace un año -apenas unos días después de que la coalición liderada por Netanyahu asumiera el poder-, representaba un enorme asalto contra el poder judicial, argumentaban muchos académicos, cuya aprobación habría causado un daño mortal a los fundamentos democráticos liberales de la democracia israelí.

Las leyes que otorgaban al gobierno un control casi total sobre los nombramientos judiciales y que prácticamente anulaban la revisión judicial de la legislación de la Knesset estuvieron a punto de convertirse en ley, y sólo se vieron frustradas por los graves disturbios civiles y las protestas masivas que surgieron en oposición al gobierno.

Incluso el arquitecto de esas leyes, el ministro de Justicia Yariv Levin, reconoció en un momento dado que el proyecto de ley de nombramientos judiciales habría destruido esencialmente la separación de poderes de Israel.

La implicación y el legado de la sentencia del lunes por la noche es que la democracia israelí no depende únicamente de la motivación de los ciudadanos preocupados o de los caprichos de los gobernantes, sino que existe un respaldo de emergencia en forma de Tribunal Supremo que no permitirá que el ejecutivo y el legislativo pisoteen tan fácilmente los principios democráticos básicos del país.

En cuanto a la cuestión de la ley de limitación de la razonabilidad, la escasa mayoría de ocho a siete es mucho menos contundente, especialmente tras la de la jubilación de Hayut y Baron.

Incluso si el gobierno volviera a legislar la misma ley mañana, habría una mayoría para mantener la medida, una realidad que puede empañar en el futuro la legitimidad del uso por parte del tribunal del arma del juicio final de anular esta enmienda concreta de la Ley Fundamental.

Existían otras opciones, como devolver la ley a la Knesset para moderar su arrolladora y total abolición del criterio de razonabilidad, o interpretar la ley de forma más restrictiva para limitar su alcance, como pedían tres de los jueces conservadores.

Este resultado habría reasegurado la autoridad del Tribunal para llevar a cabo la revisión judicial de las Leyes Fundamentales, aunque de forma menos dramática, al tiempo que posiblemente habría obtenido una mayoría más amplia para limitar las consecuencias de la ley de razonabilidad.

De todas maneras, la decisión del Tribunal Supremo marcó un claro hito para el Gobierno actual y para la posteridad: No permanecerá en silencio mientras una estrecha mayoría política intente remodelar la naturaleza fundamental de los valores democráticos de Israel, como lo hicieron otros tribunales de otros países en los últimos años.

Desde Esther Hayut y su sucesor en funciones, Uzi Vogelman, entre los liberales, hasta Alex Stein y Yael Wilner, entre los conservadores, el Alto Tribunal se enfrentó al Gobierno en la mayor crisis constitucional de la historia del país y declaró: «El poder de la mayoría tiene un límite».