Agencia AJN.- Las nuevas elecciones en Israel, convocadas en medio de las peores crisis de salud y financiera del país, ponen en peligro a muchos sectores, especialmente a los servicios sociales que podrían perder hasta 2.500 millones de NIS de su presupuesto anual, casi 800 millones de dólares.

Israel se encaminó a su cuarta campaña electoral en dos años al filo de la medianoche del martes, cuando expiró el plazo para aprobar un presupuesto estatal y la Knesset se disolvió automáticamente por ley.

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre un proyecto de ley que delinee un presupuesto estatal para 2021, los servicios de bienestar perderían hasta el 25% de su presupuesto anual, poniendo en riesgo a los sectores más vulnerables de la sociedad israelí.

Si el gobierno de transición llega a un acuerdo sobre una legislación especial que ofrecería un presupuesto «de reserva», los servicios de asistencia social aún esperan perder cientos de millones de su financiamiento anual.

«El significado de los recortes presupuestarios es claro: las cifras de desempleo se duplicarán y todo el aparato de bienestar social quedará diezmado durante una de las peores crisis que este país haya conocido», advirtió el ministro de Trabajo y Bienestar Social, Itzik Shmuli, según informó el portal de noticias Ynet.

«Esta no es una incisión precisa, sino una amputación, con cientos de programas de asistencia social que son la última red de seguridad para mujeres víctimas de abuso doméstico, ancianos pobres, niños en riesgo, discapacitados o con necesidades especiales y familias en situación de pobreza», precisó.

En este contexto, el funcionario afirmó que «cualquier intento en este momento de quitarle dinero a las personas que reciben asistencia social es un crimen y tal catástrofe no se mantendrá».

El Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales proporciona servicios de bienestar a más de un millón de israelíes, y más de 200.000 reciben ayuda directa a través de varios programas financiados por el gobierno.

Uno de los resultados más dramáticos de los recortes presupuestarios previstos parece ser una caída drástica en los puestos vacantes para los trabajadores sociales en capacitación, en un momento en que hay un aumento en los casos de violencia doméstica, informes de abuso sexual y aumento de la adicción a sustancias nocivas en la población.

Según los datos más recientes, de 600 puestos de asistencia social en los servicios de libertad condicional para adultos, 120 están sin personal, mientras que de los 500 puestos en los servicios de libertad condicional para niños, 80 no lo están.

«El estancamiento presupuestario que Israel ha experimentado durante el año pasado ha traído un mal destructivo al aparato de bienestar», indicó el director de la Asociación de Trabajadores Sociales, Inbal Harmoni.

«Hay una grave falta de trabajadores sociales en los servicios de libertad condicional, lo que lleva a que los tribunales tomen decisiones equivocadas debido a la falta de informes», explicó. «Sin la encuesta de un trabajador social, un hombre que lastimó a su familia podría recibir un fallo favorable del tribunal y regresar a su casa. Por otro lado, un menor que podría haber sido enviado a rehabilitación es encarcelado», señaló.

Harmoni comentó que «la liberación de personas peligrosas de regreso a sus hogares es una bomba de relojería, especialmente ahora cuando los informes de violencia doméstica están aumentando en número». «El gobierno debe aprobar un presupuesto estatal tan pronto como sea posible, o los niveles de violencia y crimen explotarán en nuestras caras», avisó.

Entre los programas de asistencia social que podrían cerrarse por falta de financiación se encuentran el programa de ayuda para 300 familias de niños en riesgo, rehabilitación y formación profesional para más de 5.000 niños en internados especiales y 30 centros de atención telefónica que atienden a unas 1.200 familias desfavorecidas al año.

Los ancianos, que son los que corren mayor riesgo de la pandemia del coronavirus, también se verán afectados, con más de 900 centros sociales y de ayuda diferentes, que prestan servicios a más de 11.000 ancianos, que cerrarán si no se aprueba una legislación presupuestaria.