Agencia AJN.- Los jefes de las sociedades médicas israelíes instaron el viernes al Gobierno a abandonar la revisión judicial, advirtiendo de que afectaría negativamente a la asistencia sanitaria en Israel.

En una carta conjunta, docenas de médicos expresaron su preocupación por «la intensificación del proceso de erosión de las características democráticas y el orden público en Israel», al tiempo que subrayaron su oposición a la legislación que prohibiría a los tribunales ejercer el control judicial sobre la «razonabilidad» de las decisiones gubernamentales.

«Anular la doctrina de la razonabilidad -en la que se basan muchos principios de la atención médica, la gestión y la ética- puede permitir la toma de decisiones arbitrarias y poco razonables, con conflictos de intereses y perjudicar así la calidad de la atención médica y la correcta administración», escribieron.

Los médicos afirmaron que, como profesionales de la medicina, estaban obligados a proteger los derechos humanos, la dignidad y la salud «independientemente de la etnia, el sexo, la edad o el grupo socioeconómico».

«Un régimen democrático, que incluya un sistema judicial independiente y fuerte, un poder político descentralizado y la crítica de expertos independientes, son condiciones esenciales para alcanzar los objetivos de la medicina, su existencia continuada y su prosperidad», afirmaron. «La democracia es un valor universal y no es un bien político y partidista, y no se puede trocear».

Reiterando su compromiso con estos principios, los médicos advirtieron de que ya había «pruebas iniciales» de daños al sistema sanitario israelí, sin dar más detalles.

«Estamos en contra de cualquier legislación que perjudique estos fundamentos y actuaremos para impedirlo de todas las formas legales y apropiadas», concluyeron.

Entre los firmantes se encontraban varios médicos que saltaron a la fama nacional durante la pandemia de COVID-19, como el Dr. Hagai Levine, presidente de la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública, y la Dra. Galia Rahav, directora de la Asociación Israelí de Enfermedades Infecciosas.

Los médicos no mencionaron ninguna medida que pudieran tomar si la legislación sigue adelante.

A finales de marzo, el sector sanitario se sumó a una huelga general de un día de duración contra los planes judiciales de la coalición, al término de la cual el Primer Ministro Benjamin Netanyahu anunció que congelaba la legislación para permitir las conversaciones con la oposición.

La advertencia de los perjuicios para el sector médico se suma a otras similares emitidas por trabajadores de la alta tecnología, economistas, abogados y militares, todos ellos advirtiendo de que la legislación -en caso de aprobarse- perjudicaría a la democracia, la economía y la seguridad de Israel.

La carta de los presidentes de las sociedades médicas siguió a una advertencia hecha el domingo por cientos de médicos militares de que la medida unilateral del gobierno de aprobar la reforma «conducirá a medidas drásticas y unilaterales por parte de los médicos reservistas».

Las nuevas advertencias se produjeron mientras la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset deliberaba sobre el llamado proyecto de ley de razonabilidad, reiniciando formalmente el impulso del gobierno para rehacer radicalmente el sistema judicial. En respuesta, los organizadores de las protestas han prometido intensificar las manifestaciones.

La razonabilidad ha sido el principal control judicial contra los nombramientos y se utilizó a principios de este año para destituir al líder del Shas, Aryeh Deri, de dos puestos en el gabinete -como ministro de Sanidad y de Interior-, alegando sus recientes delitos fiscales y su anterior condena por soborno, así como su compromiso de abandonar la Knesset como parte de un acuerdo de culpabilidad.

En lugar de limitarse a endurecer las condiciones en las que los tribunales podrían evaluar la razonabilidad de una decisión gubernamental, la propuesta de la coalición pretende eliminar por completo la supervisión judicial de una serie de decisiones tomadas potencialmente por cualquier cargo electo.

El tribunal seguiría pudiendo utilizar la prueba de la razonabilidad contra las decisiones tomadas por funcionarios no electos y podría aplicar otras pruebas judiciales y legales, en su caso.

La coalición dio prioridad al proyecto de ley poco después de que los legisladores de la oposición se retiraran de las conversaciones de compromiso sobre la reforma judicial tras el bloqueo de la elección de los miembros del Comité de Selección Judicial a principios de este mes. Los legisladores de la oposición han advertido de que, sin la protección de la razonabilidad, el gobierno podría despedir a la fiscal general y nombrar en su lugar a compinches personales.