AJN.- La garantía constitucional de “la ‘cosa juzgada’ no se aplica” a la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, contra los entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y canciller, Héctor Timerman, entre otros, por encubrimiento de los imputados iraníes “porque justamente lo insólito fue que la investigación nunca se abrió”, aclaró hoy, miércoles, el fiscal ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Ricardo Sáenz.

“No van a encontrar en la jurisprudencia del fuero federal una causa de semejante envergadura, con 46 medidas de prueba sugeridas, que no se haya abierto; y esto se hizo por presión y conveniencia: en ese momento el juez (Daniel) Rafecas tenía abierto un juicio político por el intercambio de mensajes con la defensa de (Alejandro) Vandenbroele en la causa de (la probable quiebra fraudulenta de la imprenta) Ciccone, que se cerró después de esto”, destacó.

“Hubo otra denuncia contra el ex canciller Timerman por aquel audio donde (al entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, le) dijo ‘¿con quién querés que negocie si los iraníes hicieron el atentado?’, que quedó en el juzgado de (Claudio) Bonadio, y la Sala II de la Cámara Federal dijo que la grabación era válida y que sería un ejemplo para reabrir la de Nisman porque ese archivo no es definitivo; entiendo que con esa pauta los familiares se van a presentar” en este expediente, conjeturó el procurador en Radio Mitre.

“Siempre tratamos de aclarar que aquel archivo que había hecho Rafecas, ratificado por la (Sala I de la) Cámara (Federal de Apelaciones) y terminado de enterrar por el fiscal Javier de Luca en (la Cámara de) Casación, no era definitivo, y durante más de un año nos machacaron con que sí; hicieron opinar a quienes aquel Gobierno consideraba los mejores juristas de la Argentina, con los que discrepo”, quienes “dijeron que lo que había denunciado Nisman no era delito, y siempre dijimos que sí, que había que investigarlo y que eso en algún momento iba a pasar; creo que será ahora, que la DAIA y familiares (de víctimas) consultaron con mucha gente y tomaron la decisión, que me parece la más acertada, y el Gobierno nada tiene que ver”, agregó.

“Fue todo muy raro, es la misma sala que había dicho que el Memorándum (de Entendimiento con Irán) era inconstitucional”, aunque el minoritario “voto de (Eduardo) Farah era impecable: había que abrir la investigación”, rescató Sáenz.

“A veces uno olvida el momento que vivimos el año pasado con este asunto: cómo desprestigiaron a Nisman, cómo hablaron de los que habíamos armado la marcha (en reclamo del esclarecimiento de su dudosa muerte, foto), nos dijeron de todo… fue una presión política muy fuerte -el jefe de gabinete (de entonces, Aníbal Fernández) todos los días en Twitter- porque percibían la gravedad de lo que se estaba denunciando: a mi juicio está en juego la imputación más grave que puede recaer sobre ese gobierno, el haber intentado encubrir a los autores del atentado terrorista contra la AMIA, y allí aparecen (el diputado Andrés) Larroque, (el polémico dirigente kirchnerista Luis) D’Elía, (el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando) Esteche, el ex canciller Timerman, entre otros…”, subrayó.

“No decimos que salgan a condenar a Cristina ni que la metan presa mañana, pedimos que se abra la investigación”, explicó el fiscal ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.

Por su parte, el juez Rafecas “ahora afronta dos nuevos pedidos de juicio político -especialmente el del diputado Waldo Wolff- que tienen que ver con su actuación en la denuncia de Nisman: tergiversó documentos en una resolución e hizo ir a dirigentes de la DAIA para explicarles por qué la iba a archivar y les mintió -como ellos mismos dicen- porque les dio una explicación que no era cierta”, finalizó.

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