Agencia AJN (Por Haviv Rettig Gur/The Times of Israel).- Los manifestantes son una vez más cientos de miles. La coalición gobernante, bajo la intensa presión de su flanco derechista, está una vez más decidida a imponer restricciones legislativas al Poder Judicial.

El domingo es un día de decisión, un punto de inflexión. Por primera vez desde que el gobierno presentó su gran reforma judicial en enero y la describió como su política distintiva y definitoria, una parte de la reforma se está debatiendo en la Knesset antes de que se convierta en ley en algún momento del lunes o el martes.

Es una prueba profunda para ambos lados: de la determinación de la derecha de aprobar algo, cualquier cosa, de sus grandiosos pronunciamientos para mostrar a su flanco activista que puede cumplir, y de la capacidad de la oposición para hacer retroceder y forzar una pausa o un compromiso.

El choque entre estas dos inmensas fuerzas se vislumbra grande. El enfrentamiento del domingo no se trata realmente de los detalles de los cambios propuestos a la «prueba de razonabilidad» en la revisión judicial. Pocos israelíes, incluso entre los más ruidosos opositores y partidarios del proyecto de ley, hablan sobre el contenido de la ley. Pocos, de hecho, tienen una buena idea de la forma en que los tribunales han utilizado la prueba de razonabilidad, cómo podría cambiar eso la nueva legislación y por qué podría ser beneficioso o perjudicial para el país.

El debate sobre la razonabilidad es más diverso y complejo de lo que sugeriría la energía activista en las calles. Algunos académicos temen un freno drástico a la protección judicial de los derechos, pero otros, incluidos algunos opositores de centroizquierda del paquete más amplio, ven en la nueva ley un pequeño cambio que no debilitará significativamente a los tribunales.

Pero esa complejidad no significa que los activistas estén equivocados al trazar líneas rojas brillantes. Todos entienden que el simple hecho que sea el primer paso difícil hacia la reforma judicial hace que esta votación sea un punto de inflexión en la historia de Israel.

Para la oposición, el cambio a la «razonabilidad» es el primer paso del gobierno en un giro antiliberal mucho mayor en todas las instituciones del Estado y por lo tanto debe oponerse independientemente de su contenido específico. No se puede confiar en que una coalición que hace solo seis meses propuso un paquete de cambios que incluso algunos de sus arquitectos eventualmente reconocerían como una reducción de la democracia se limite a las partes fragmentarias que ahora busca promover. Es posible que los activistas de la oposición no sepan mucho sobre la historia y los malos usos pasados de la prueba de razonabilidad, pero todos conocen los intentos del ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, el ministro a cargo de la policía, de promover una legislación que le otorgue el poder de arrestar a ciudadanos israelíes sin órdenes judiciales. El proyecto de ley de razonabilidad les parece el mismo trabajo básico de demolición en cámara lenta.

Mientras tanto, para los partidarios de la coalición, el proyecto de ley actual es un fragmento tan pequeño del paquete original previsto que demuestra no el antiliberalismo de la derecha sino su capacidad y voluntad de compromiso, mientras que la frenética campaña de la oposición contra un cambio tan pequeño demuestra la incapacidad de la centroizquierda (y algunas partes de la centroderecha) para hacer lo mismo.

El verdadero debate, en otras palabras, no es sobre el contenido del proyecto de ley. Se trata de la confianza, o la falta de ella.

La oposición, que ahora se enfrenta a un gobierno de derecha de línea dura que depende de los extremos más extremos de la política israelí, no puede invocar confianza en la otra parte, incluida la creencia básica de que cualquier acuerdo se mantendrá durante cualquier período de tiempo, que es una condición previa para un compromiso amplio.

La derecha está tan inmersa en la convicción de que está acosada por todos lados, incluso después de cuatro décadas de gobierno casi ininterrumpido, por una oligarquía izquierdista que la bloquea a cada paso, que está mal equipada psicológicamente para el tipo de construcción de confianza entre partidos necesaria para romper el callejón sin salida. Cada paso hacia el compromiso se siente como una rendición y una pérdida.

El sistema, en definitiva, está atascado. La coalición no puede detenerse, incluso si el primer ministro Benjamin Netanyahu ocasionalmente le indica a las audiencias extranjeras que está tratando de hacerlo, y la centroizquierda no puede ver el debilitamiento del Poder Judicial como algo menos que catastrófico dado un gobierno que constantemente envía tantas señales antiliberales. El daño, en otras palabras, seguirá creciendo mientras el país se precipita impotente hacia un choque en cámara lenta.

Y eso ni siquiera es lo peor. Quizá la mayor ironía de todo este lío es que ninguna victoria es realmente posible. Ninguna de las partes -la que está forzando que una reforma impopular baje por la garganta del país y la que se está resistiendo a cualquier reforma- puede tener éxito, incluso si logra acumular algunas victorias legislativas o ganar una elección o dos por los resentimientos generados por la lucha.

Una de las mejores encuestas que aclara el punto proviene del Instituto de Democracia de Israel, un grupo de expertos de Jerusalem que se inclina hacia la izquierda y se opone a la reforma, pero cuyos números de la encuesta sobre estas preguntas se acercan mucho a las encuestas de la derecha.

Su encuesta del Índice de Voz de Israel de junio hizo una pregunta simple: ¿la reforma debería detenerse por completo, seguir adelante «tal como está», independientemente de los temores de la oposición, o seguir adelante solo con el «amplio acuerdo» de las partes?

Los resultados en pocas palabras: dentro de cada campo, una pequeña mayoría (51% de los votantes de la coalición, 56% de los de la oposición) quiere salirse con la suya sin tener en cuenta al otro lado. En el público en general, ninguna de estas posiciones intransigentes es ni siquiera cercana a la mayoría.

Según la encuesta, el 36% del público quiere que la legislación judicial se detenga por completo, el 25% quiere que se apruebe “tal como está” y en el medio, el 29% exige un “acuerdo amplio”.

La pregunta en sí y las respuestas resaltan hasta qué punto se trata de una lucha por la confianza, no por los detalles de un solo cambio. La reforma sigue cambiando; las opiniones al respecto no. Aproximadamente un tercio del país, que quiere que se detenga, no confía en que el gobierno actúe por el bienestar del país; la cuarta parte, que insiste en la reforma “tal como está”, se ha mantenido firme incluso cuando el contenido de la legislación ha cambiado. Está expresando confianza en el gobierno, no en la legislación. Y el 29% del medio parece estar calculando que cualquier cambio que tanto la derecha como la centroizquierda puedan aceptar es probablemente un cambio seguro, mientras que cualquier cambio que un lado no pueda aceptar tiene más probabilidades de ser malo.

Quizá lo más interesante es la naturaleza bipartidista de ese término medio, que está compuesto por el 29% de votantes de la coalición y el 34% de la oposición.

Otro signo del tamaño y la importancia de este centro político es el disgusto público por las actividades de “perturbación” de los activistas de la oposición.

Una encuesta del Canal 12 de este mes les preguntó a los israelíes si apoyaban la cancelación de la prueba de «razonabilidad» para las decisiones gubernamentales y ministeriales, como propone el proyecto de ley del gobierno. La encuesta encontró que el 32% apoyaba la idea mientras que el 42% se oponía. Luego les preguntó a los encuestados si apoyaban el bloqueo de carreteras en medio de continuas protestas contra la legislación del gobierno. El 42% de la oposición (en contra de la ley de razonabilidad) se redujo al 27% (apoya los bloqueos de carreteras), mientras que el 68% de los israelíes, igual a todos los votantes de la coalición y entre un tercio y la mitad de los votantes de la oposición, se opone al bloqueo de carreteras.

El poder de permanencia de cualquier cambio depende de este vasto término medio. Si el centro no apoya un cambio, el próximo gobierno podría alterarlo fácilmente.

De hecho, el jefe del partido Unión Nacional, Benny Gantz, el favorito entre los partidos de la oposición en las encuestas de los últimos meses, prometió anular cualquier cosa que ahora se apruebe unilateralmente, diciendo en un comunicado el 26 de junio (y repitiendo la promesa varias veces desde entonces): “En cualquier gobierno que establezca o del que sea parte me aseguraré de cancelar todas las leyes de cambio de régimen antes de que se forme el nuevo gobierno”.

Incluso si la derecha gana, pierde. Habrá pasado una reforma que es poco probable que sobreviva al primer cambio de poder, mientras pierde el apoyo del centro, sin el cual no puede hacer que el cambio se mantenga.

E incluso si los manifestantes de la oposición ganan, pierden. Habrán ganado otro aplazamiento, pero solo un aplazamiento, al mismo tiempo que refuerzan la sensación de frustración de la derecha y no le muestran al centro una voluntad de compromiso.

El punto aquí no es castigar. Si la democracia misma está en juego, ¿cómo se compromete uno? Y por el contrario, si la otra parte no puede ceder ni siquiera en lo que se siente como la más mínima parte de la reforma más amplia, ¿qué sentido tienen las negociaciones? Estos son miedos y frustraciones auténticamente sentidos, la sustancia emocional que subyace al choque.

Sin embargo, sin importar cuán desagradable pueda parecerles a los activistas temerosos, sigue siendo un simple hecho estratégico extraído de casi todas las encuestas sobre el tema en los últimos meses que no es posible una victoria real o sostenida sin ganarse al centro político, un centro que todavía espera señales de construcción de confianza y moderación que los activistas de ningún lado parecen ser capaces de ofrecer.