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Argentina

Opinión. El atentado de 1994 contra la AMIA y la indefensión del Estado argentino como herencia del peronismo

Agencia AJN.- La última sentencia declara al Estado argentino responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.

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Agencia AJN (Por Marta Nercellas*/El Debate).- El 18 de julio de 1994 a las 9:53 horas una camioneta Trafic cargada de explosivos y conducida por un conductor suicida, que respondía a lo decidido por las máximas autoridades del Gobierno de Irán –esto es por quienes representaban la voluntad de este Estado terrorista–, impactó contra el edificio más representativo de la comunidad judía en la Argentina, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

En su onda expansiva hizo trizas la vida de 85 personas, hiriendo a más de 200. Ello sin detenernos en los tesoros culturales y religiosos que allí se albergaban. El temor y los barrotes frente a cada institución fueron los primeros signos de que el terrorismo había ganado esa partida.

Entre las ruinas comenzó una investigación ejecutada por autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y peritos que carecían de la formación y los elementos esenciales para reconstruir conceptualmente lo ocurrido, primer paso para poder aplicar el derecho punitivo. Una vieja máquina de escribir Remington se enfrentaba con la estrategia desarrollada por una organización terrorista que representa a uno de los brazos armados de Irán.

Muchas frustraciones siguieron para quienes esperábamos una respuesta judicial a lo ocurrido. Luego supimos que, pese que el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires –dos años antes– debió encender las alarmas, el terrorismo no era una hipótesis de conflicto para nuestras autoridades ni para nuestra «inteligencia».

Además de la tragedia que provocaron, los agresores tuvieron otro «éxito»: las víctimas y sus familiares se enfrentaban entre sí, al igual que las distintas fuerzas convocadas para investigar. Todo ganancia para los terroristas.

De esas confrontación, un grupo que comenzó siendo el que contenía a la mayor parte de las víctimas, pero que terminó desgajado quedando con una mínima representación, consideró que el «enemigo» era la Argentina y no sus atacantes, y arremetió contra la Justicia intentando a cada paso de la pesquisa cuestionar y no colaborar.

Con esa premisa recurrió en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2021 pasó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Objetivo: sancionar al Estado

La demanda fue impulsada por los familiares de tres de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde el inicio sus acciones estuvieron encaminadas a que se sancionara al Estado y se los indemnizara por el daño físico y moral que el hecho les ocasionó.

El 11 de abril de este año la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó las sentencias recaídas contra diversos operadores del sistema penal que, según entendió, habían perjudicado el curso de la investigación.

Junto con esa afirmación subrayó que se había acreditado con prueba objetiva incontrastable lo que se había acreditado desde casi los inicios del proceso: la concreta participación de Irán en el atentado.

Este fallo no sólo fue ignorado en la sentencia dictada el 11 de junio de este año por la Corte Interamericana –pese a que da muchas de las respuestas que se afirma que no se brindaron en el legajo– sino que demuestra el incumplimiento de una de las premisas esenciales para que intervenga la jurisdicción internacional: que se hayan agotado las instancias judiciales de derecho interno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada mediante la resolución 448 en la Asamblea General de la OEA en octubre de 1979. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero, en forma alguna suplanta la justicia del país ni colabora con la investigación.

Esta sentencia encontró al Estado argentino responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento.

Cuestiona también el no haber garantizado el acceso a las víctimas de los datos que figuran en informes de inteligencia. Seguramente olvida que existen datos acercados por agencias de inteligencia extranjeras las que, de ser develados, probablemente tengan como consecuencia que nunca más colaboren con nuestro país cuando esto le sea requerido.

Hubo irregularidades en la investigación lo que quedó plasmado en las resoluciones de la causa por encubrimiento –aun no coincidiendo con todas sus conclusiones–. El Estado mostró ineficiencia a la hora de prevenirlo (aunque muchos atentados terroristas en diferentes países demuestran la dificultad de la tarea) y al momento de reconstruir la agresión.

Carecía de infraestructura y de los elementos necesarios para asegurar la eficacia de la búsqueda que debía emprender (también deberíamos recordar que pasaron treinta años desde entonces, la precariedad era muy notoria y acredita negligencia, pero no puede medírsela con parámetros actuales).

En los inicios de la causa el Estado, de la mano del jurista Leandro Despouy, intentó dar respuestas a los cuestionamientos e invitó a que la Comisión enviara un investigador al juicio oral que estaba próximo a empezar. Esto efectivamente ocurrió.

Posteriormente, ese mismo Estado tomó la decisión política de no defenderse, ni siquiera acercando los elementos reunidos. El legajo tiene colectado exclusivamente lo dicho por los requirentes.

Existieron muchísimos fallos, pero también avances y respuestas que debieron ser alcanzadas a ese Tribunal.

Son nuestras autoridades las que sin pudor dicen: «La Corte debería concluir y declarar que el Estado argentino es internacionalmente responsable por las violaciones de derechos humanos reconocida en el decreto 812/05». No mencionaron atenuantes ni acercaron los datos de la investigación que dan muchas de las respuestas que se buscan.

En 2015, y pese a que un gobierno de idéntico signo –el mismo que suscribió el pacto inconstitucional con Irán, conforme decisión judicial– llevaba ya más de una década en el poder, reconoció que el Estado no había reparado de manera integral las violaciones por las cuales había aceptado su responsabilidad.

Amplió su postura inicial y señalando explícitamente que «se allanaba con relación a todos los hechos y violaciones que [alegaron] en [su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas]».

Al atribuir la responsabilidad al Estado, el argumento más fuerte e incontestable que se repite constantemente son las presentaciones del Estado reconociendo y allanándose a las pretensiones de los requirentes.

Ni el monto de las indemnizaciones solicitadas fueron cuestionadas pese a su exceso ya que exigen que se paguen en dólar billete a familiares de víctimas argentinas que viven en nuestro país.

Agravios comparativos con las víctimas

La Corte ha dispuesto que el Estado inicie, según el caso, acciones disciplinarias, administrativas o penales de acuerdo con su legislación interna a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigativa. Olvida que muchas no solo se iniciaron, sino que tienen sentencia de Casación.

Se ordena un audiovisual a cargo del Estado en el que se subraya que debe destacarse el rol de Memoria Activa –esto es, reitero, de los representantes de tres de la víctima del luctuoso hecho–. Aquellos que trabajaron codo a codo con las autoridades –la mayoría– para avanzar en la investigación no son siquiera mencionados.

Exige un acto público de reconocimiento de la responsabilidad, la creación de un archivo histórico y la capacitación. Y muchos párrafos dedicados a la indemnización monetaria de los presentantes aun cuando ya hubieran cobrado indemnizaciones del Estado.

La sentencia afirma que el Estado violó derechos humanos tales como la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva.

Muchas de las cosas que afirma son ciertas. Nos se resolvió en plazo razonable quiénes fueron y por qué lo hicieron. Sin embargo, hoy la mayoría de esas respuestas se encuentran en el seno de las amarillas hojas en la que se escribió la historia.

Que los principales responsables no hayan sido juzgados se debe a la imposibilidad de lograr que Irán extradite a aquellos funcionarios que, con prueba objetiva súper abundante están señalados en los distintos roles de la macabra obra.

Se ordena al Estado sortear los obstáculos que perpetúan la impunidad. Tal vez podría colaborar haciéndole la misma petición a Irán para que extradite las personas identificadas como autores en la causa. La sentencia es vinculante e inapelable.

¿Colabora esta sentencia con la finalidad del proceso? Claramente no, por el contrario, debilita los pedidos de las autoridades judiciales argentinas para lograr poner a derecho a los perpetradores de la masacre.

El Estado una vez más deberá hacerse cargo de anteriores desaguisados. La falta de defensa del Estado argentino no atenuará las consecuencias nacionales e internacionales de lo resuelto.

* Abogada en el juicio de la AMIA/DAIA.

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A días del aniversario del atentado contra la AMIA, Villarruel recibió a las autoridades de comunidades judías americanas

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Agencia AJN.- A días de un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió este lunes a autoridades de instituciones judías americanas informaron las fuentes de Infobae.

La actividad fue organizada por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Cámara alta, con el objetivo de fortalecer los lazos y el compromiso en la lucha contra el antisemitismo y la promoción de la justicia y la inclusión.

Entre las delegaciones presentes, compuestas por integrantes de cinco instituciones judías, estuvieron representantes de la Anti Defamation League (ADL), del Comité Judío Americano (AJC), del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Villarruel aseguró: “Este encuentro es un mensaje a la sociedad respecto del compromiso firme no sólo del Estado argentino, sino de esta Vicepresidente de sostener el reclamo de Justicia, de verdad y reparación para las victimas del terrorismo y la condena al terrorismo como forma de hacer política”.

Participaron del encuentro el Director General de Relaciones Institucionales del Senado, David Cohen; Marina Rosenberg, Ben Sax, Sharon Nazarian, Rob Rosen, Eric Kingsley y Liat Altman, de la ADL; Dina Siegel Vann, Mario Fleck y Daniela Greene, del AJC; Maram Stern, Jack Terpins, Claudio Epelman y Alejandro Dosoretz, del CJL; Jorge Knoblovits, Marcos Cohen, Alejandro Zuchowicki, Ricardo Furman y Victor Garelik, de la DAIA; y Guillermo Amos Linetzky, Gabriel Alejandro Gorenstein, Lazar Lisandro Hamra y Carlos Ariel Halperin, de la AMIA.

A inicios del corriente mes, la Cámara alta sancionó la ley que declara “el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”.

El texto establece que el 18 de julio, “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”. Otro punto del proyecto es que se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar similares medidas”.

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AMIA/Atentado. Irán amenaza a la Argentina con hacerla «arrepentir por su enemistad»

Agencia AJN.- «Indudablemente, Teherán no olvidará las políticas de Buenos Aires y en el momento y la posición adecuados le impondrá su propio juego», agrega el periódico Tehran Times, uno de los voceros del gobierno persa.

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Agencia AJN.- El periódico Tehran Times, uno de los voceros del gobierno persa, publicó ayer una nota titulada «Caso AMIA en vísperas de su 30° aniversario», la cual finaliza con una nada velada amenaza a la Argentina con hacerle «lamentar su enemistad con Irán».

«Fuentes de noticias han citado una declaración de la Oficina del Presidente argentino anunciando que el gobierno argentino ha designado a Hamás como organización terrorista. Según el comunicado, el Presidente también ordenó el congelamiento de las propiedades del grupo palestino.

El Palacio Presidencial de la Argentina destacó las buenas relaciones entre Hamás y la República Islámica y reiteró sus afirmaciones infundadas sobre la participación de Irán en los ataques a la embajada israelí en Buenos Aires y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

A medida que nos acercamos al 30º aniversario de la explosión en el edificio de la Asociación Sionista Argentina en Buenos Aires parece que estamos en el umbral de un nuevo acontecimiento después de tres décadas de ambigüedad y desviación en el caso de un crimen.

Los crímenes vistos por varios expertos en el caso AMIA fueron calificados como ‘autolesiones’ de los judíos o, en opinión de otros expertos, ‘venganza y castigo del gobierno de Carlos Menem contra los sionistas argentinos’.

El manejo del caso AMIA en la Argentina y la aplicación de la justicia a los verdaderos autores del acto terrorista, como algunos otros casos en los que están involucrados políticos o movimientos políticos, se han convertido en un misterio.

El proceso de manejo de este caso ha durado más de 30 años, mientras que durante este largo período ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía.

Según admite el fiscal especial de AMIA, este caso consta de millones de páginas, pero los documentos del caso no solo no ayudan a esclarecer los ángulos ocultos del caso sino que también aumentan su ambigüedad y complejidad.

Mientras que en las investigaciones policiales iniciales, detectives y autoridades judiciales intentaron plantear una hipótesis confiable a través de documentación e intentaron probarla, 30 años de experiencia demuestran que en el caso AMIA, las autoridades policiales y judiciales tienen una hipótesis preordenada y no están tratando de encontrar documentos que la prueben, lo que demuestra que las autoridades judiciales no buscan descubrir la verdad en este caso. Más bien, solo buscan presentar a alguien que ya ha sido designado como un agente por las instituciones políticas y de seguridad.

Pocas horas después de la explosión en la AMIA de Buenos Aires el 17 (sic) de julio de 1994, que mató e hirió a más de 85 personas, el ministro del Interior argentino, en un comentario apresurado, cuando aún no había comenzado la investigación policial, acusó a la República Islámica de Irán de participación en la explosión. Este fue el comienzo de una historia que continúa por más de 30 años. A raíz de esas acusaciones, a esas afirmaciones también se han añadido como prueba informes del FBI y el Mossad.

Dos acontecimientos políticos importantes, uno en Asia occidental y el otro en Argentina, han provocado cambios en el caso AMIA.

En Asia occidental, la Operación Tormenta de Al-Aqsa (NdR: la invasión de terroristas palestinos a Israel del 7 de octubre) ha hecho que el mundo se familiarice con la naturaleza del régimen sionista. La escalada de protestas de gobiernos y pueblos de todo el mundo, incluida América Latina e incluso en la Argentina, país que los sionistas han considerado como un país alternativo tras la expulsión de las tierras santas de Palestina, ha colocado al régimen sionista en una posición de aislamiento y descrédito.

Durante los últimos nueve meses, el régimen sionista ha perdido todo su prestigio en el mundo, incluida América Latina. Por lo tanto, el régimen sionista está tratando de restaurar su reputación perdida acusando a las fuerzas de resistencia y al eje de resistencia, incluidos Hamás y la República Islámica de Irán.

En la Argentina, tras la ineficacia del gobierno de izquierda del Sr. Fernández, el gobierno populista y de extrema derecha de Javier Milei asumió el poder con lemas populistas.

Si bien se respeta a los votantes argentinos (por supuesto, están surgiendo signos de arrepentimiento entre los votantes), el nuevo Presidente de la Argentina, que no ha ocultado su interés en los sionistas y el régimen israelí, ha seguido el camino del escenario antiiraní del régimen sionista desde su llegada al poder, y como títere del régimen sionista, está repitiendo afirmaciones infundadas contra la República Islámica y amenazando a los ciudadanos iraníes.

Respecto al caso AMIA, durante los últimos 30 años Irán siempre ha soportado pacientemente las acusaciones y aún espera que los funcionarios políticos y judiciales de ese país actúen entendiendo su responsabilidad de descubrir la verdad y tratar de abordar las desviaciones creadas en ese caso. Irán también ha declarado su disposición a ayudar a descubrir la verdad manteniendo sus posiciones de principios mientras rechaza las hipotéticas acusaciones de las autoridades judiciales argentinas contra ciudadanos iraníes.

Lamentablemente, en lugar de buscar socios creíbles y confiables para la salvación económica de su país y restaurar la posición tradicional de Irán en sus relaciones comerciales, el gobierno argentino se ha colocado en la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional. Mientras los gobiernos de América Latina desarrollan y amplían sus relaciones con Irán y aprovechan las capacidades políticas y económicas de Irán como potencia regional y actor global importante para asegurar sus intereses nacionales, el gobierno de Milei, al seguir la política de las acciones antisionistas de Irán (sic), pone en peligro los intereses nacionales de la Argentina.

Indudablemente, Teherán no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, sino que en el momento y la posición adecuados le impondrá su propio juego al enemigo y le hará arrepentirse por su enemistad con Irán.»

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