Agencia AJN.- El luchador iraní Navid Afkari espera la pena de muerte después de haber sido acusado de protestar contra el régimen de su tierra natal hace unos dos años.

Ante la creciente presión internacional para evitar la condena se conoció la primera declaración pública sobre el asunto del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien dijo: «Debemos seguir adhiriéndonos a nuestros principios y por supuesto al que indica respetar la soberanía y los sistemas judiciales de los diferentes países del mundo, pero por otra parte, Navid Afkari es un atleta y por eso nos sentimos cercanos a él».

«El Comité Olímpico local está haciendo todo lo posible para ayudar a encontrar una solución a la situación de Navid Afkari. Debido a la delicada situación ya la luz del gran esfuerzo no puedo dar más detalles al respecto”.

El luchador grecorromano de 27 años enfrenta dos condenas a muerte después de ser declarado culpable de matar a puñaladas a un guardia de seguridad del agua y otros cargos relacionados con las protestas contra el gobierno en 2018, según medios estatales.

Afkari ha dicho que fue torturado para que hiciera una confesión falsa, según su familia y activistas, y su abogado dice que no hay pruebas de su culpabilidad.

El poder judicial de Irán ha negado las denuncias de tortura.

«Sobre la base de pruebas claras, Afkari mató a puñaladas a un hombre inocente. Ha confesado en el tribunal. El tribunal dictó la sentencia de muerte sobre la base de pruebas sólidas y la Corte Suprema ha confirmado la sentencia de muerte», dijo el poder judicial en un comunicado emitido por medios iraníes la semana pasada.

Grupos de derechos humanos y funcionarios extranjeros, incluido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han instado a un indulto, mientras que las redes sociales han visto una campaña para él bajo el hashtag #SaveNavidAfkari.

Un sindicato mundial que representa a 85.000 atletas pidió el martes la expulsión de Irán del deporte mundial si ejecuta al campeón de lucha Navid Afkari, cuyo caso ha provocado protestas.

La WPA, con miembros de las ligas de baloncesto, béisbol, hockey sobre hielo y fútbol americano de América del Norte, así como del fútbol europeo y el fútbol australiano, dijo que Afkari había sido señalado por su éxito deportivo.

Schwab dijo que los organismos deportivos globales como el Comité Olímpico Internacional y la FIFA deberían usar su influencia para presionar a Irán en nombre de Afkari.

«Estamos muy preocupados de que la ejecución de Navid sea inminente, dado el historial del poder judicial iraní en tales casos y la forma en que han llevado a cabo ejecuciones políticas», dijo Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos.

El poder judicial de Irán, que aún no ha anunciado una fecha para la ejecución, no pudo ser contactado de inmediato para realizar más comentarios.

La semana pasada, la organización Amnesty International criticó duramente el comportamiento de las autoridades iraníes con las manifestaciones ocurridas diez meses atrás.

Un informe publicado anoche por la organización de derechos humanos aseguró que los servicios de seguridad e inteligencia y funcionarios de las prisiones violaron los derechos humanos «de manera brutal», en connivencia con jueces y fiscales.

Entre los delitos nombrados en el documento figuran: detención arbitraria, desaparición de civiles, tortura y lesiones graves a detenidos.

Amnistía Internacional asegura tener datos de más de 500 manifestantes, periodistas y activistas de derechos humanos que fueron sometidos a procesos penales injustos en el contexto de la protesta.

Las penas de prisión impuestas a los condenados oscilaron entre un mes y diez años. En algunos casos, incluso se ejecutó a los presos.

La organización cree que el número real de acusados ​​en las protestas de noviembre de 2019 es mucho mayor de lo que se conoce.

El documento afirma que en Irán existe un uso generalizado de la tortura y otras lesiones por parte de la Policía y los servicios de inteligencia, así como de funcionarios en las cárceles contra hombres, mujeres y niños, tanto durante la operación de detención como después, mientras se encuentran en las instalaciones.

Según el informe, a las víctimas se les cubrió la cabeza y ojos y recibieron golpes de puño, patadas y azotes con palos, mangueras de goma, cuchillos, porras y cables.

«Fueron colgados u obligados a permanecer en posiciones incómodas dolorosas durante períodos prolongados, privados de agua y comida», rezó el documento.

El trabajo de Amnesty resalta que «muchos detenidos fueron recluidos en régimen de aislamiento», a veces «durante semanas e incluso meses», y que se les «negó tratamiento médico por las lesiones sufridas durante las manifestaciones o como resultado de las torturas sufridas».

Otros métodos de tortura documentados incluyen el desnudar a los detenidos y mojarles el cuerpo con agua fría, exponerlos a temperaturas extremas, someterlos a fuertes luces y sonidos, arrancarles las uñas de los dedos, rociarles gas pimienta, envenenamiento, usar descargas eléctricas e y simulacros de ejecuciones.

El informe asegura que interrogadores y funcionarios penitenciarios cometieron actos de violencia sexual contra los detenidos de sexo masculino, que incluyeron desnudez forzada y agresión sexual y verbal contra ellos.

«Muchos detenidos permanecieron detenidos durante semanas e incluso meses en lugares desconocidos administrados por agencias de seguridad e inteligencia, incluido el Ministerio de Inteligencia o la Guardia Revolucionaria», rezó el documento.

«Otros detenidos fueron recluidos en cárceles superpobladas o comisarías de policía, bases militares, instalaciones deportivas y escuelas», concluyó el informe.