Agencia AJN.- A la activista y escritora Sepideh Rashno se le negó la presencia en su propio juicio en Teherán tras su anuncio en las redes sociales en el que aseguró que no llevaría puesto el hiyab ante en el tribunal.

En un breve comunicado, el Poder Judicial de la República Islámica informó de que el juicio de Rashno se celebró el lunes por la mañana.

El comunicado, publicado por la agencia de noticias del Poder Judicial, mencionó que Rashno estaba «ausente» en el juicio, por lo que su defensa fue presentada por su abogado.

La agencia de noticias Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), expresó que Rashno no realizó comentarios acerca de la denegación de su presencia en su propio juicio.

La escritora, también artista y editora que cumplirá 29 años en un par de semanas, publicó una foto suya con el pelo descubierto en Instagram el lunes por la mañana y afirmó que pensaba presentarse en el tribunal para defenderse de los cargos con la misma ropa que tenía puesta.

«[Asistiré al juicio] para defenderme de delitos que no cometí, para defender el derecho a elegir la ropa y [el derecho] a escribir sobre las cosas que me pasaron, para defender el derecho a ser mujer, …», señaló Rashno en su post.

«Sé que mi familia perderá la paz y sufrirá diversas presiones de todas partes, pero sé que la imagen que ven es la verdad y no tengo otra opción que estar comprometida con la verdad», añadió.

La joven iraní fue detenida el 16 de julio de 2022, después de que se hiciera viral un video de su pelea con una mujer que la agredía verbalmente por ir sin velo en un transporte público.

Posteriormente, Rashno fue torturada para que denunciara por televisión sus propios actos y admitiera su arrepentimiento por la pelea. Incluso en el video de la «confesión» se observaban hematomas en su cara que mostraban signos de tortura. Fue liberada de la prisión de Evin, en Teherán, al cabo de unos 40 días con una fianza de unos 27.000 dólares.

La activista, declarada culpable de «asociación y confabulación con la intención de cometer un delito contra la seguridad del país» y de «propaganda contra la República Islámica», fue condenada a cinco años de cárcel con suspensión de pena en diciembre, pero luego fue acusada de «promover la corrupción moral» y de «propaganda contra el régimen» tras publicar en las redes sociales una foto sin velo.

Además, fue suspendida durante dos cursos por su universidad.

«Como ciudadana, tengo derecho a elegir la ropa que me pongo», escribió en respuesta a la decisión, agregando que planeaba volver a la universidad tras su suspensión con «su atuendo preferido».

Poco más de un año después, y tras meses de protestas en todo el país a raíz de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de moralidad, muchas mujeres iraníes de todas las edades encontraron el valor para desafiar públicamente las normas del hiyab obligatorio, hasta el punto de que en muchos lugares llevar velo parece más extraño que ir sin velo.

Desde el comienzo del nuevo curso académico en el país, la semana pasada, las autoridades adoptaron medidas más estrictas para hacer cumplir las normas sobre el velo en algunas universidades, incluido el uso de programas de reconocimiento facial.

Sin embargo, según el medio Irán International, los informes de las estudiantes en las redes sociales indican que siguen desafiando a pesar de las presiones y amenazas de las autoridades.

Por otro lado, también se supo, según el mismo sitio web, que se están empleando medidas más estrictas para hacer cumplir el hiyab en otros ámbitos públicos, como negar a las mujeres sin velo la entrada al transporte público.

El domingo en Teherán, en una disputa sobre su hiyab, una joven de dieciséis años perdió el conocimiento al golpearse la cabeza contra un poste tras ser empujada por unos agentes.

El diario Shargh informó de que Maryam Lotfi, una de sus reporteras que siguió a la víctima hasta el hospital para informar del incidente, fue detenida.

Agencia AJN.- Las fuerzas de seguridad iraníes se desplegaron en la ciudad natal de Mahsa Amini en previsión de un recrudecimiento de los disturbios con motivo del primer aniversario de su muerte bajo custodia policial, según informaron el viernes testigos, publicaciones en redes sociales y grupos de derechos humanos.

Amini, kurda de 22 años, falleció el 16 de septiembre de 2022. Se encontraba detenida por infringir presuntamente el código de vestimenta obligatorio de la República Islámica, lo que desencadenó meses de protestas antigubernamentales que se convirtieron en la mayor muestra de oposición a las autoridades iraníes en años.

Muchos, con las mujeres y los jóvenes en ocasiones a la cabeza, pidieron el fin de más de cuatro décadas de gobierno clerical chií. Más de 500 personas, entre ellas 71 menores, murieron, cientos resultaron heridas y miles fueron detenidas en los disturbios, que finalmente fueron aplastados por las fuerzas de seguridad, según denunciaron grupos defensores de los derechos humanos.

«Hay una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en Saqez», expresó a Reuters un activista de los derechos humanos en Irán, refiriéndose al lugar de nacimiento de Amini en la provincia occidental del Kurdistán. Otro activista señaló que un pequeño grupo de manifestantes coreó consignas antigubernamentales antes de dispersarse rápidamente.

Temor inminente de represalias gubernamentales

Los dos activistas hablaron bajo condición de anonimato, citando el temor a represalias del gobierno en medio de una creciente represión de la disidencia a medida que se acercaba el aniversario de la muerte de Amini.

En las redes sociales se habló de despliegues de fuerzas de seguridad en varias ciudades, principalmente del Kurdistán. Los informes no pudieron verificarse inmediatamente.

En un comunicado, el grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, afirmó que varias ciudades kurdas del oeste de Irán «experimentaron un ambiente de intimidación y la declaración del estado de guerra en los últimos días». Según la organización, numerosos ciudadanos fueron detenidos.

Hengaw añadió que había personal militar apostado en la cima de Tapeh Qawkh, una colina que domina Saqez, mientras que los residentes habían sido testigos de un aumento de la actividad de helicópteros sobre la ciudad.

En las redes sociales se citaba a residentes de Saqez que aseguraban que las autoridades habían instalado nuevas cámaras de vigilancia en la ciudad, aparentemente para vigilar e identificar a los manifestantes.

El viernes, el monitor de Internet Netblocks informó de «importantes interrupciones de la conectividad a Internet en la ciudad de Zahedan (sureste del país)… con motivo de las protestas antigubernamentales… en vísperas del aniversario de la muerte de Mahsa Amini».

Según publicaciones en las redes sociales, el viernes también se celebraron protestas semanales en Zahedan con lemas como: «Muerte o libertad».

Las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel y a sus agentes locales de estar detrás de los disturbios para desestabilizar el país.

En una declaración el viernes, el presidente estadounidense, Joe Biden, remarcó: «La historia de Mahsa no terminó con su brutal muerte. Ella inspiró un movimiento histórico -Mujer, Vida, Libertad- que impactó en Irán e influyó en personas de todo el mundo…»

Además, el viernes, Gran Bretaña impuso sanciones a cuatro funcionarios iraníes y Estados Unidos dijo que estaba sancionando a más de dos docenas de personas y entidades relacionadas con la «violenta represión» de las protestas en Irán.

En un informe del mes pasado, Amnistía Internacional advirtió que las autoridades iraníes «están sometiendo a familiares de las víctimas a detenciones y reclusiones arbitrarias, imponiendo crueles restricciones a las reuniones pacíficas en los lugares donde se encuentran las tumbas y destruyendo las lápidas de las víctimas».

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Safa Aeli, tío de Amini, el 5 de septiembre, según declararon sus familiares.

Muchos periodistas, abogados, activistas, estudiantes, académicos, artistas, personalidades públicas y miembros de minorías étnicas acusados de tener vínculos con la oleada de protestas, así como familiares de manifestantes muertos en los disturbios, fueron detenidos, citados, amenazados o despedidos de sus trabajos en las últimas semanas, según grupos de derechos humanos iraníes y occidentales.

El diario iraní Etemad informó en agosto de que el abogado de la familia de Amini también se enfrentaba a cargos de «propaganda contra el sistema». Si es declarado culpable, Saleh Nikbakht se enfrenta a una pena de entre uno y tres años de cárcel.