Agencia AJN.- El 18 de julio de 1994 a las 9:53, una camioneta Trafic subió a la vereda de Pasteur 633 en CABA. En ese edificio funcionaban las entidades argentinas más emblemáticas de la comunidad judía. El ataque truncó la vida de 85 personas, destrozó familias, destruyó libros y símbolos de la cultura judía y esparció el terror y la incertidumbre en la sociedad de nuestro país.

Los terroristas lograron más que muerte y destrucción: sembraron desunión entre familiares, dirigentes, funcionarios y fuerzas de seguridad, quienes, con una incomprensible mirada egoísta, ocultaban entre sí lo que iban conociendo.

Esta brutal agresión evidenció nuestras debilidades institucionales. La falta de medios tecnológicos y personal capacitado dejó en evidencia que nuestra inteligencia no consideraba al atentado como una posibilidad, a pesar del ataque contra la Embajada de Israel, perpetrado dos años antes.

Ingenuidad, encubrimientos, corrupción policial, pruebas endebles y pactos espurios se unieron al asesinato del fiscal Nisman y generaron un resultado macabro.

Está comprobado que fue la larga mano de Teherán la que dirigió ese coche bomba: la decisión se tomó en una reunión del Consejo de Seguridad de la República Islámica de Irán, presidida por Ali Jamenei en agosto de 1993, en presencia del presidente de Irán, varios ministros y líderes de la Guardia Revolucionaria (Al Quds).

El gobierno argentino firmó el 27 de enero de 2013 un vergonzoso Memorándum de Entendimiento con Irán.

Este acuerdo procuraba levantar las alertas rojas de Interpol dictadas contra los responsables del atentado, todos ellos funcionarios Iraníes. Este instrumento, que violaba disposiciones de nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales, tiempo después fue declarado inconstitucional.

En abril de este año, la Cámara de Casación Penal confirmó que los terroristas respondieron a un designio político y estratégico de la República Islámica de Irán, y que ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, conclusión inevitable del análisis de la prueba reunida.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina y ordenó indemnizar a los pocos familiares que se presentaron, considerando que no se previno el ataque ni se realizó una investigación eficaz. Esta decisión, lejos de colaborar con la sanción de los agresores, debilitará los pedidos de extradición de los terroristas identificados y las sanciones a Irán por ser el patrocinador del atentado terrorista.

Es cierto que el Estado argentino incumplió con su obligación de investigar pronta y eficazmente, así como de juzgar y sancionar a los responsables del atentado. En estos 30 años, incluso desvió la investigación y ayudó a que los verdaderos responsables quedaran impunes. Por su parte, Irán impidió extraditar a los terroristas identificados para que sean confrontados con la prueba reunida y lograr sus condenas.

PROFESORES REPUBLICANOS, a 30 años del atentado, insta a las autoridades competentes de nuestro país a que soliciten a los organismos internacionales la adopción de medidas conducentes a que Irán y los agresores identificados respondan por sus crímenes. Y, ante la ineficacia de nuestras leyes para investigar delitos de esta gravedad, que se sancionen urgentes reformas normativas, incluido el juicio en ausencia.

PROFESORES REPUBLICANOS también exige que se investigue y sancione a los funcionarios y políticos que intentaron desviar la investigación sobre la responsabilidad de la República Islámica de Irán, y que no se abandone la investigación del asesinato del fiscal Nisman. Encontrar respuestas a ese crimen ayudará a despejar interrogantes sobre la llamada “conexión local”.

Que este 18 de julio no transcurra como ha sucedido hasta ahora: que sea el punto de inflexión a partir del cual se reinicie la investigación, sin compromisos ni complicidades. La Argentina debe devolverles a sus ciudadanos la confianza en el Estado de derecho y al mundo, darle señales seguras de poder creer en nuestras instituciones. Solo así se recuperará el respeto por nuestro país.

Buenos Aires, 10 de julio de 2024

Prof. Alfredo M. Vítolo

Secretario

Prof. Guillermo J.H. Mizraji

Presidente

PROPÓSITOS

Impulsar el intercambio de conocimientos entre las instituciones y organizaciones públicas y privadas del país.

Fomentar la enseñanza, el estudio y las prácticas que hacen al buen ejercicio de los derechos y libertades constitucionales.

Concientizar al ciudadano para el ejercicio libre, pleno y efectivo de sus derechos cívicos, sin miedo ni presiones de ninguna naturaleza.

Favorecer el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo cognoscitivo en derechos y libertades de los ciudadanos, tanto del orden jurídico argentino como de los ordenamientos extranjeros, a los efectos de enriquecer el
conocimiento en la materia republicana, representativa y federal.

Auspiciar la capacitación técnica y la generación de recursos humanos calificados a todo nivel, sobre la base de una concepción republicana, representativa, federal y humanista, por medio de actividades educativas y
reuniones científicas.

Aportar opiniones o informes sobre la materia y los objetivos de esta Asociación a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales y a las agrupaciones políticas en general, como también a las organizaciones regionales e
internacionales en aras de lograr la consolidación de estrategias comunes sobre conocimiento, difusión, desarrollos y práctica de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Promover políticas y acuerdos nacionales y regionales de desarrollo cívico republicano.

Obtener contribuciones nacionales e internacionales para cumplir con sus fines.

Promover los valores republicanos, representativos y federales, tanto en el ámbito de la Nación Argentina como en foros internacionales, a través de la propia entidad o de los conspicuos miembros que la integran.

En general, desempeñar toda actividad relacionada con estos objetivos.