Agencia AJN (Por Facundo Chaves/Infobae).- La alarma sonó en varios despachos de los más altos del poder político y judicial del país ante la posible conexión desde la Argentina con la estructura de financiamiento del terrorismo internacional. Era un expediente que se mantenía en estricta reserva pero la difusión en televisión de algunos detalles del caso apuró los tiempos. Funcionarios del Gobierno, de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la PROCELAC y de la Justicia Federal investigan si un joven colombiano que reside en Córdoba realizó en los últimos dos años transferencias con criptomonedas a una billetera virtual ligada a un financista de la organización islamista Hezbollah, quien ya tiene alerta roja de Estados Unidos. Son operaciones sospechosas que superan los 1.700 millones de pesos.

El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT), que es de acceso público, incluyó el 27 de agosto pasado en sus bases de datos a Miguel Ángel Fierro Uribe y a Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law. El primero fue identificado como argentino -aunque su nacionalidad es colombiana- y es un joven que se presenta en redes sociales como profesor de idiomas y diplomado en criptomonedas. El segundo es sirio y tiene un prontuario impactante: su nombre aparece varias veces en el FinCEN y la OFAC, organismos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que investigan y controlan el financiamiento del terrorismo internacional, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Según pudo saber Infobae de fuentes al tanto de la investigación, la Unidad de Información Financiera detectó decenas de operaciones sospechosas, debido a que las transferencias realizadas por la billetera virtual del joven colombiano pasaban a otra wallet radicada en Brasil que, a su vez, conectaría con la red administrada por Sa`id Al Law. “Fueron más de 30 las operaciones, durante más de un año y medio y se repetía la modalidad”, explicaron los informantes. El volumen total que está bajo la lupa es de unos 1.700 millones de pesos, cerca de un millón y medio de dólares a la cotización MEP.

La clave de la investigación -cuyos datos preliminares difundió anoche el canal TN- está en la conexión del joven colombiano con el sospechoso sirio. En que en un informe del FinCEN al que accedió este medio se destacó que Hezbollah “utiliza redes de empresas fachada y negocios legítimos, así como criptomonedas para recaudar, blanquear y transferir fondos. Los financistas de Hezbollah utilizan zonas de libre comercio y países con marcos regulatorios débiles (…) se sabe que los agentes de Hezbollah operan en la zona de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, y en zonas de libre comercio de Chile y Panamá, con miembros y simpatizantes identificados también en Colombia y Perú”.

En este pasaje del reporte, el organismo que investiga el lavado de dinero recordó que “en marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cambista de dinero sirio con sede en El Líbano Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law por proporcionar a Hezbollah billeteras digitales para recibir fondos de las ventas de materias primas del CGRI-QF y por realizar transferencias de criptomonedas en nombre de la sancionada Compañía Siria Qatirji, funcionarios sancionados de Hezbollah”.

Ante los movimientos sospechosos que se detectaron entre las billeteras virtuales del colombiano nacionalizado argentino, la UIF dispuso “el congelamiento administrativo de bienes y dinero por seis meses” de ambos. Lo cierto es que el financista sirio no cuenta con ninguna actividad ni vínculo con la Argentina y el joven que vive en Córdoba sólo tenía una billetera virtual y algunas cuentas bancarias a su nombre, por donde se transferían dinero virtual en USDT. De acuerdo con las investigaciones, las operaciones que dispararon las alertas empezaron en marzo y la última ocurrió en junio pasado.

La declaración oficial

Tras la difusión en TN del caso y las consultas realizadas por diversos medios, entre ellos Infobae, la UIF emitió un comunicado en el que confirmó la medida de congelamiento de bienes y aclaró que es “provisoria frente a una operatoria que presenta inicialmente indicadores de poder estar vinculada con fondos que directa o indirectamente pueden relacionarse con organizaciones o personas terroristas, contempladas en listas propias o de otros países”.

“Frente a ese riesgo de manera preventiva se adopta la medida para poder profundizar el análisis y eventualmente examinar el caso, de manera tal de que, en caso de concluir afirmativamente el examen de la operatoria las medidas que se adopten sean efectivas y eficaces en lo que atañe al movimiento de fondos. En segundo lugar, la existencia de operaciones de fondos o activos con estos indicadores no se traducen directa o necesariamente con la presencia territorial de organizaciones o agrupaciones terroristas”, consignó.

Pero resaltó que “lo acontecido es una muestra clara de la eficacia del sistema de prevención de financiamiento de terrorismo, de un trabajo de los sujetos obligados que han sido certeros en el monitoreo de las operaciones y han seguido los pasos institucionalmente previstos para poner en conocimiento de ello a esta Unidad de Información Financiera, que a su vez ha iniciado su análisis de inteligencia y ha dado también intervención a los organismos competentes del sistema de Justicia de la Nación”.

Y consideró que “es una muestra clara del compromiso asumido para la investigación de actividades y operaciones sospechosas de financiamiento de terrorismo que se trata de una responsabilidad global impulsada desde el Grupo de Acción Financiera Internacional”. La frase esta tiene que ver con el GAFI tiene bajo análisis los controles de Argentina de capitales de origen ilícito, sobre todo después que se anunció un blanqueo de fondos con amplios beneficios.

La conexión Córdoba

De acuerdo con lo que pudo recabar Infobae de fuentes interiorizadas con la investigación, el joven cordobés vive en el interior de la provincia, se presenta en redes como profesor de idiomas. Cursó sus estudio en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, Colombia, y en 2021 se presentó en la Universidad Nacional de Córdoba para revalidar su título. En simultáneo realizó un curso sobre criptomonedas con una conocida billetera virtual. Según lo que trascendió de las actuaciones de la UIF, la PROCELAC y la Justicia Federal, en el último año y medio empezó a operar con criptoactivos y después de un breve tiempo inicial, su actividad empezó a crecer de manera sospechosa.

Los investigadores confirmaron que los fondos que pasaban por su billetera virtual terminaban en una red cuyo último controlante sería Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, que al estar enlistado en la OFAC disparó inmediatamente las alertas por sospechas de financiamiento de terrorismo.

Sobre este sospechoso hay un dato importante. El 27 de junio de 2023, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció una incautación millonaria en criptomonedas de Hezbollah e Irán, marcando la primera vez que se realiza una acción de este tipo. La Oficina Nacional de Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel, con el apoyo de herramientas de Chainalysis, interrumpió la infraestructura de financiamiento en criptomonedas utilizada por estos grupos. En ese caso, Al-Law fue identificado como un colaborador entre otros 40 de Hezbolá en la gestión de fondos en criptomonedas. Faltaba más de un año para que saltaran las alertas de la UIF.