Agencia AJN.- La semana pasada comenzó realmente el año judicial, tras la feria estival de enero, y el de 2019 no será uno más en la historia del atentado a la AMIA, del cual el 18 de julio se cumplirá el 25º aniversario; o sea, un cuarto de siglo de impunidad.

En prieta síntesis, a desarrollar más abajo, siguen abiertas tres causas, un juicio está por culminar, otro por reeditarse y otros dos esperan fecha de inicio, en medio de diversas polémicas políticas y elecciones generales dentro de varios meses.

CAUSA PRINCIPAL: PRÓFUGOS IRANÍES Y ¿JUICIO EN AUSENCIA?

La investigación del atentado quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 y la Fiscalía Federal Nº 9, que estaban de turno y entonces eran liderados por Juan José Galeano y Eamon Mullen, respectivamente, con José Barbaccia como adjunto de este último.

En 1997 se les sumó el fiscal Alberto Nisman, para ayudarlos a preparar un debate oral que recién comenzaría cuatro años después.

Allí se juzgó a Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, y ex policías bonaerenses como partícipes necesarios del atentado, y otra decena de imputados de delitos comunes, todos los cuales resultaron sobreseídos en 2004 porque el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 3 decretó la nulidad de casi toda la investigación, ya que se demostró que el primero había percibido al menos 400.000 dólares de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado para involucrar a los segundos.

En el ínterin y por su presunta complicidad con ese pago fueron apartados del debate, y luego de la causa, Mullen y Barbaccia, mientras que a fines del mismo año se le quitó la causa a Galeano, quien en 2005 fue destituido como juez.

Así, a poco de cumplirse una década de impunidad, el expediente quedaba en manos de Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, quien delegaría su instrucción en Nisman, ya investido como máximo responsable de una Unidad Fiscal ad hoc.

Paralelamente a la “conexión local”, la Justicia investigó la “pista internacional”, que señala como autores ideológicos del ataque a las máximas autoridades de la República Islámica de Irán, con la intervención como brazo ejecutor de la organización terrorista libanesa Hezbollah.

Las órdenes de captura internacional con “alerta roja” de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) fueron dadas de baja respecto de esos sospechosos como coletazo de la sentencia del juicio, y recién fueron recuperadas en 2006, aunque -con el tiempo- algunos fallecieron.

En tanto, el fallo del TOF3 fue apelado por la AMIA, la DAIA y algunos familiares de víctimas y, tres años después, la Corte Suprema de Justicia lo anuló parcialmente y ordenó volver a investigar a Telleldín y a su entorno; lo primero se hizo y lo segundo, no.

El 27 de enero de 2013, en coincidencia con el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas de la Shoá, la Argentina e Irán suscribieron un Memorándum de Entendimiento para colaborar en el esclarecimiento del atentado, que incluía una “Comisión de la Verdad”, el cual fue aprobado por la mayoría oficialista del Congreso Nacional y declarado inconstitucional por la Justicia, a instancia de las entidades comunitarias y con el consentimiento del actual gobierno.

Al año siguiente se volvió a elevar a juicio el segmento de la causa que involucra a Telleldín, y a nadie más, y para comienzos de 2015 Nisman denunció que ese pacto con Teherán formaba parte de un encubrimiento de los imputados a fin de garantizar su impunidad y acusó a los máximos referentes del gobierno de entonces, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza; días después apareció muerto, en dudosas circunstancias que dos fallos judiciales atribuyeron a un homicidio.

En su lugar asumió un triunvirato de fiscales, que cambió su integración con el paso del tiempo; recientemente fue nombrado al frente de la unidad Sebastián Basso, quien es resistido por familiares de víctimas por ser sobrino de la fallecida María Luisa Riva Aramayo, ex presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y sindicada como una de las principales responsables de desviar la investigación hacia los policías absueltos.

Paralelamente, desde la DAIA se impulsó la realización de un “juicio en ausencia” a los iraníes, el cual reúne simpatías en el oficialismo -la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue muy enfática en el acto de recambio de autoridades de esa entidad- y resistencia en la mayoría de los deudos; si bien se presentaron diversos proyectos de ley, ninguno avanzó.

En síntesis, a poco del 25º aniversario del atentado a la AMIA no hay condenados -más que por delitos conexos, como destrucción de pruebas (el ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda) y falso testimonio (el presunto espía brasileño Wilson dos Santos)-, ni mucho menos presos; los iraníes y un presunto libanés prófugos esperan tranquilamente en sus hogares que la causa se cierre o se produzca algún milagro que los sobresea o los obligue a comparecer; y no hubo el menor avance sobre la “conexión local”, salvo que Telleldín esperar ser juzgado nuevamente.

Al mismo tiempo, el expediente sufrió innumerables obstáculos por parte de la política y las fuerzas de seguridad e inteligencia y es imposible descartar que ello se vuelva a dar en este año electoral.

CAUSA ENCUBRIMIENTO: JUICIOS EN PROCESO Y REMANENTES CONGELADOS

En 2000, el entonces ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, se hizo eco de las denuncias públicas de Claudio Lifschitz, un agente de inteligencia de la Policía Federal que había sido recomendado para trabajar como prosecretario de Galeano, sobre diversas irregularidades, si no delitos, cometidos en el curso de la investigación del atentado a la AMIA.

La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadio, quien tomó algunas medidas y declaraciones testimoniales e indagatorias y dejó “dormido” el expediente a resultas del juicio oral que se desarrollaba en paralelo y en el cual se vieron robustecidos muchos de esos hechos, especialmente el pago a Telleldín.

Luego se le sumaron los presuntos delitos que ordenó investigar el TOF3, pero ante su inacción, especialmente respecto del ex ministro del Interior Carlos Corach, con quien ocultó que había trabajado, fue apartado en noviembre de 2005 de la instrucción, que recayó en Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.

Éste avanzó en varios de esos casos y entre 2011 y 2012 elevó a juicio dos tramos: la remuneración al último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic (peculado) y una supuesta protección a Alberto Jacinto Kanoore Edul, un sospechoso de origen sirio, hijo de un amigo del entonces presidente Carlos Menem.

Tras innumerables dilaciones por excusaciones o recusaciones, desde el 6 de agosto de 2015 son juzgados -una vez por semana, y a veces, dos- por una conformación especial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2:

• Galeano: Acusado como autor de encubrimiento por favorecimiento personal, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y de medios de prueba y prevaricato en uno o dos casos y/o dos coacciones, cuatro o cinco privaciones ilegales de la libertad agravadas y falsedad ideológica de documento público, y/o autor o partícipe necesario de peculado. Le pidieron penas que van de los tres a los veinte años de prisión e inhabilitación absoluta de seis años a perpetua.

• Mullen y Barbaccia: Acusados como partícipes necesarios de peculado y cuatro privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su duración y/o abuso funcional, y primarios o secundarios de coacción. Les pidieron penas que van de los ocho a los quince años de prisión, más la inhabilitación absoluta y perpetua.

• Menem: Acusado autor de abuso de autoridad e instigador o determinador de encubrimiento por favorecimiento personal, falsedad ideológica y violación de medios de pruebas. Le pidieron penas que van de los cuatro a los catorce años de cárcel y prohibición de seis a diez para seguir como funcionario, ya que actualmente es senador nacional.

• Ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy: Acusado como autor de peculado, de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y/o de falsedad ideológica de documento público, y/o partícipe necesario de encubrimiento por favorecimiento personal. Le pidieron penas que van de los tres a los diez años de prisión e inhabilitación absoluta de seis años a perpetua.

• Ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar: Acusado como autor de tres a cinco falsedades ideológicas y/o de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y partícipe necesario de encubrimiento por favorecimiento personal. Le pidieron penas que van de los tres a los ocho años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por seis a dieciséis.

• Ex coordinador de la Dirección de Reunión Exterior de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Patricio Finnen: Acusado como partícipe secundario de peculado. Le pidieron penas que van de los dos a los cinco años de prisión y su inhabilitación absoluta de cuatro años a perpetua.

• Ya condenado ex titular del disuelto Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal Carlos Castañeda: Acusado como partícipe necesario de encubrimiento por favorecimiento personal y autor de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y/o de medios de prueba y/o de falsedad ideológica de dos a cinco documentos públicos. Le pidieron penas que van de los tres a los seis años de cárcel y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo

• Ex jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas y del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista Jorge Palacios: Acusado como partícipe necesario de encubrimiento por favorecimiento personal y autor de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y/o de medios de prueba. Le pidieron penas que van de los dos a los cinco años de prisión y cuatro a diez de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

• Telleldín: Acusado como partícipe necesario de peculado. Le pidieron penas que van de los tres a los siete años de prisión, más una inhabilitación de seis años a perpetua.

• Su ex concubina Ana María Boragni: Acusada como partícipe necesaria de peculado por haber cobrado los 400.000 dólares. Le pidieron penas que van de un año y medio a tres de cárcel, más una inhabilitación perpetua.

• Su ex abogado Víctor Stinfale: Acusado como partícipe necesario de peculado. Le pidieron penas que van del año y medio a los tres y medio de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos de cinco años a perpetua.

• Ex presidente de la DAIA Rubén Beraja: Acusado como partícipe necesario o secundario de peculado. Le pidieron penas que van del año a los cuatro y ocho meses de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos de ocho años a perpetua.

Antes del inicio del debate fallecieron el ex jefe operativo de la Dirección de Reunión Exterior (“Sala Patria”) de la SIDE Alejandro Brousson y el ex titular de la Unidad Presidente Munir Menem, hermano del ex mandatario.

Luego de tres años y medio de juicio, el mismo se encuentra en la etapa de las “últimas palabras” de los imputados, previa al veredicto de los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, “importada” de la Justicia en lo Penal Económico, que podría conocerse a fin de mes o a comienzos de marzo.

En el medio hubo varias influencias del poder político, ya que el debate comenzó en el kirchnerismo y enseguida cambió el Gobierno, que cambió varias veces a los representantes de la luego disuelta Unidad Especial del Ministerio de Justicia y terminó envuelto en serias polémicas y acusaciones de pretender proteger a Mullen y Barbaccia.

Ello le valió denuncias públicas y judiciales contra el responsable del área, Germán Garavano, y la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que también alcanzaron al primer mandatario, Mauricio Macri.

Paralelamente, Lijo casi completó la instrucción contra el ex comisario Luis Vicat, ex titular de un área especial creada en el ámbito de la Policía bonaerense para investigar el atentado; el entonces presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal de esa provincia Federico Domínguez, ex defensor del imputado Bautista Huici; y la abogada Marta Parascandalo, que representó a Alejandro Burguete, por coacción a acusados y familiares de los mismos para que declararan en perjuicio del sindicado líder de la “conexión local”, Juan José Ribelli.

No lo logró porque también fue apartado de la causa: en mayo de 2016 y por no acatar las intimaciones de la Sala I ad hoc de la Cámara de Apelaciones para que avanzara contra Corach (otra vez) y los ex secretarios de Galeano María Susana Spina (paradójicamente, ex esposa del abogado de Ribelli, José Manuel Ubeira), Carlos Velasco y Javier de Gamas, quien hoy es juez en Ushuaia.

Es paradójico que Lijo no haya sido removido del expediente pese a haber sido secretario letrado de Riva Aramayo mientras se consumaba el supuesto desvío de la pesquisa, pero se cuestione al sobrino de esta última por tener ese lazo familiar…

En definitiva, las denuncias por encubrimiento quedaron radicadas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, de Sebastián Ramos, quien en marzo de 2017 elevó a juicio el tramo de Vicat y Parascandalo, ya que Domínguez había fallecido dos meses antes sin que pudiera determinarse si había cometido delitos.

Este debate también recayó en el TOF2, que todavía no fijó su fecha de inicio, ni siquiera invitó a las partes a ofrecer pruebas.

Por lo demás, sigue sin haber novedades sobre los otros imputados, quizá porque todas las partes estén a la espera de qué ocurre con el proceso próximo a concluir, ya que un eventual sobreseimiento masivo fortalecería la defensa de los involucrados; por el contrario, las condenas acelerarían los tiempos…

DENUNCIA DE NISMAN: UN JUICIO SIN FECHA DE INICIO EN UN AÑO ELECTORAL

El 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser encontrado muerto en su departamento, Nisman denunció que el gobierno kirchnerista encabezado por Cristina Fernández había acordado el Memorándum de Entendimiento con Irán como una forma de proteger a los imputados de ese origen.

Además de la ex mandataria, el extinto fiscal había acusado al canciller Héctor Timerman (fallecido el 30 de diciembre de 2018), el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Su presentación sufrió diversas vicisitudes, que incluyeron el rechazo por inexistencia de delito por parte del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Daniel Rafecas, confirmado por la Sala I, a cargo de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, y la intervención de la DAIA como pretensa querellante y su exitoso intento para que se investiguen los hechos, logrado recién ante la Sala I de la Cámara de Casación, que también ordenó el apartamiento de los jueces intervinientes a fines del año siguiente.

Así, la denuncia de Nisman recayó en Lijo (otra vez), quien el 1º de febrero de 2017 delegó la instrucción en el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Gerardo Pollicita, quien dos años antes había requerido unas 45 medidas de prueba.

Paralelamente, Bonadio (otra vez) le pidió a su colega que se inhibiera de actuar y le remitiera el expediente para unificarlo con otro similar que llevaba contra Fernández de Kirchner y Timerman, incluía el delito de traición a la patria y estaba más avanzado.

Dos semanas después, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 aceptó como querellantes a Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de Paola y Yanina, respectivamente, víctimas del atentado a la AMIA, quienes se sumaron a la DAIA como acusadores particulares, mientras que, poco después, el fiscal agregó entre los imputados a los ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, secretario general de la Presidencia y titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, secretario legal y técnico Carlos Zannini y procuradora general del Tesoro Angelina Abbona.

El 15 de mayo, Lijo rechazó cederle la causa a Bonadio, pero a fin de ese mes, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, lo apartó (otra vez).

El 6 de diciembre, el nuevo juez procesó, embargó y ordenó detener por traición a la patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente y por ser funcionarios públicos (quienes lo eran) y estorbo de un acto funcional a la ex mandataria (pidió su desafuero como senadora), Timerman (le dio el arresto domiciliario por su grave estado de salud), Zannini, Khalil, Esteche y D’Elia.

En cambio, no dispuso la prisión preventiva para Larroque, Parrilli, Abbona, Bogado y los ex vicecanciller Eduardo Zuain y subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia Juan Martín Mena, y decretó la falta de mérito de los ex funcionarios de la Cancillería Luciano Tanto Clement, José Mercado, Alberto D’Alotto y Susana Ruiz Cerutti.

Dos semanas después, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el fallo de Bonadio, aunque corrigió la imputación a estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, y eliminó la traición a la patria.

Durante la feria judicial de enero de 2018, los padres de víctimas (insistieron con la calificación completa del juez) y la DAIA requirieron la elevación a juicio oral, y tras la misma hizo lo propio Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, que había reemplazado a Pollicita cuando se unificaron las causas.

El 5 de marzo Bonadio dispuso la clausura parcial y su remisión a debate, para el cual fue sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 9, y tras su anulación por parte de la Corte Suprema de Justicia por razones administrativas ajenas al atentado, quedó finalmente radicado en el Nº 8.

Inmediatamente se excusó el juez Nicolás Toselli por ser yerno de un importante testigo, el ex embajador argentino en Siria Roberto Ahuad, y luego de una dura polémica, el 18 de junio fue apartada Sabrina Namer, quien había reemplazado justamente a Nisman tras su muerte.

Antes de eso y junto con la única sobreviviente de la constitución original del cuerpo, Gabriela López Iñíguez, habían dispuesto la excarcelación de todos los detenidos, salvo Esteche, que continúa en prisión preventiva.

Tras la designación por sorteo de José Michilini y Jorge Tassara, el tribunal les pidió a las partes que ofrezcan testigos y medidas de pruebas, pero todavía no se expidió al respecto, ni tampoco fijó la fecha de inicio de un proceso altamente politizado y atravesado por la “grieta” entre simpatizantes y detractores del kirchnerismo.

Difícilmente ello ocurra en este año electoral porque la principal acusada será sometida a otro debate desde fines de este mes, tiene otros pedidos de juicio anteriores a éste, al igual que otros de los acusados, y además, quizá sea candidata a Presidente…

En tanto, en la instrucción siguen las investigaciones respecto de otros imputados que tienen falta de mérito para procesarlos y de otras personas todavía ni siquiera acusadas.

COMIENZA UN NUEVO JUICIO A TELLELDÍN POR PROVEER LA CAMIONETA-BOMBA

Como ya se explicara (muchas) líneas arriba, Telleldín fue juzgado entre 2001 y 2004 y resultó absuelto por la incorrecta aplicación retroactiva de la nulidad de una parte de la causa, según resolvió la Corte Suprema hace una década…

Tras el supuesto fortalecimiento de la acusación en su contra, hace ¡cinco años! se dispuso su nuevo juzgamiento por parte del TOF3, ahora integrado por Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero, el cual comenzará en tres semanas: el 6 de marzo, a las 9 hs.

Está acusado como partícipe necesario del atentado a la AMIA por haber provisto la camioneta-bomba, aunque no se sabe a quién, quizá especialmente preparada para tal fin y con conocimiento del mismo, por lo cual realizó innumerables acciones tendientes a desviar la pesquisa y dificultar o impedir la individualización de los receptores de la misma.

Probar esa intención y convicción y desmentir su estrategia de ignorancia porque no le interesaba despertar sospechas en los presuntos compradores de un vehículo que sabía adulterado y de desacreditar toda la investigación por los delitos o errores eventualmente cometidos por sus responsables será la tarea de la AMIA, la DAIA, los diversos grupos de familiares de víctimas y el fiscal Abel Córdoba, ante la llamativa y sugerente ausencia o subordinación de la unidad fiscal creada para ocuparse exclusivamente de los expedientes vinculados con el atentado, especialmente éste, que apunta a identificar a sus autores o cómplices.