Agencia AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- La sorpresiva filtración, en la noche de ayer, martes, de una presunta carta remitida por el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, a su par argentino, Jorge Faurie, en la cual ratificaría la vigencia del inconstitucional Memorándum de Entendimiento entre ambos países en relación con el atentado a la AMIA ha generado diversas interpretaciones, pero también dudas y preguntas.

La primera y la más importante es la veracidad de la existencia de esa misiva, de su contenido y de su traducción, todo lo cual debería verificarse, pero no es menor indagar por qué una comunicación de semejante importancia aparente, recibida el 4 de noviembre, recién fue aportada a la Fiscalía más de un mes después, el 7 de diciembre, casualmente el mismo día que el juez Claudio Bonadío dictó los procesamientos, con o sin prisión preventiva, de una decena de imputados, incluida la ex presidenta Cristina Fernández, cuyo desafuero con fines de detención reclamó.

Pero corresponde ir por partes para que la situación pueda entenderse: desde el principio de la investigación del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, la investigación se dirigió hacia referentes de Irán como autores intelectuales del mismo, con la ejecución de la organización terrorista libanesa Hezbollah, en base a información de inteligencia propia y, fundamentalmente, extranjera; más precisamente, de los Estados Unidos, Israel, Alemania y Francia.

A partir de febrero de 2000, tras la elevación a juicio de la pretendida «conexión local» del atentado, que terminó con la absolución de todos lo acusados, el entonces juez de la causa, Juan José Galeano, se abocó con mayor determinación a probar esa responsabilidad y finalmente ordenó la captura internacional de casi una decena de iraníes y un libanés, la cual se replicó en la emisión de «notificaciones rojas» de la Organización Policial Internacional (Interpol) para su búsqueda y captura a para ser indagados.

En medio de una creciente desacreditación de la pesquisa, entre agosto y noviembre de 2003 Gran Bretaña arrestó y luego liberó por una decisión político-judicial que argüía falta de pruebas a Hadi Soleimanpour, embajador iraní en la Argentina al mometo de los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel, dos años antes.

A raíz de las numerosas irregularidades -si no delitos- en la investigación, que hoy son juzgadas, el 3 de diciembre la Cámara Federal apartó a Galeano de la causa -dos años después sería destituido como juez- y lo reemplazó por Rodolfo Canicoba Corral.

Ése precedente y el posterior fallo absolutorio de todos los acusados por la «conexión local», que nada decía sobre los imputados extranjeros, llevó a Irán a reclamar exitosamente el levantamiento de las «notificaciones rojas», que Interpol aceptó pese a que el nuevo magistrado reivindicaba su vigencia, lo cual da por tierra con el argumento de que solo un juez puede ordenar que se las deje sin efecto.

Tras cartón, el único de los fiscales que había sobrevivido a la purga por complicidad con Galeano, Alberto Nisman, ya ungido como titular de una unidad de investigación, debió volver a fundamentar el requerimiento de captura, esta vez para Soleimanpour,el ahora fallecido ex presidente iraní Ali Rafsanjani y sus entonces canciller Ali Velayati, ministro de Seguridad e Inteligencia Alí Fallhijan, comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, jefe de la Fuerza Al-Quds de ese organismo paramilitar Ahmad Vahidi, agregado cultural de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani y tercer secretario de esa legación Ahmad Ashgari, así como del luego extinto libanés Imad Mughniyah, jefe de Operaciones Especiales en el Extranjero de Hezbollah.

Ello ocurrió el 25 de octubre de 2006, aunque el 7 de noviembre del año siguiente Interpol solo aceptó emitir «notificaciones rojas» por los últimos seis, ya que el primero ya había sido sobreseído por los británicos y los otros dos gozaban de inmunidad.

Como Irán siempre se negó a colaborar con la Justicia argentina y las poquísimas veces que los acusados salieron de su país no fueron detenidos (cabe recordar que Bolivia recibió con honores a Vahidi y ante el reclamo argentino optó por expulsarlo sin arrestarlo), esta parte de la causa no avanza, aun cuando el actual gobierno argentino parece haber revitalizado en los últimos días su intención de promover una polémica ley de juzgamiento en ausencia, que fuera una iniciativa de la DAIA y goza del rechazo de numerosos juristas y la mayoría de los familiares de las víctimas y que para aplicarse a este atentado debería tener efecto retroactivo.

En ese contexto y tras la desmentida denuncia del fallecido periodista José Eliaschev, el domingo 27 de enero de 2013, Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Shoá, que el anterior gobierno iraní negaba, la presidenta argentina Cristina Fernández anunciaba con grandilocuencia y por Twitter la firma de un acuerdo que permitiría interrogar a los cinco imputados persas con «notificaciones rojas» -no a todos- en Teherán.

La laxitud, imprecisión y vaguedad del texto puso en alerta y despertó el rechazo de la comunidad judía mundial y el Estado de Israel, la oposición vernácula y la mayoría de los deudos, quienes no habían sido consultados con anterioridad pese a la promesa en ese sentido de la mandataria, que como gozaba del control del Parlamento logró la convalidación exprés (en un mes) de un pacto que luego sería declarado inconstitucional.

Por su parte, Irán no era claro respecto de si el tratado había sido abandonado, validado con la sola firma del polémico presidente Mahmoud Ahmadinejad o refrendado por su Congreso u otros estamentos que pudieran reivindicarse con poder similar.

Mientras en la Argentina se sustanciaban las presentaciones judiciales para anularlo, también proliferaban las elucubraciones acerca de las verdaderas motivaciones que podía esconder un acuerdo que relativizaba la pesquisa judicial al someterla a una ratificación por parte de una pretendida Comisión de la Verdad y manejaba tiempos tan indefinidos como presuntamente extensos, salvo una única cláusula de ejecución inmediata: la comunicación de la existencia del mismo a Interpol.

El antecedente mencionado párrafos arriba daba lugar a entender que ese paso podía buscar el levantamiento de las «notificaciones rojas», ya que esos imputados habrían de aceder a ser indagados, aunque este término -sugestivamente- nunca fue explicitado.

El autor de estas líneas siempre sostuvo que Fernández nunca creyó en la supuesta responsabilidad iraní y que la atribuye a intereses estadounidenses e israelíes, de modo que la posbilidad de que un conjunto de juristas revisaran la causa y -eventualmente- la desacreditaran le resultaba muy tentadora y la congraciaba con sus amigos y camaradas bolivarianos, con el ex presidente venezolano Hugo Chávez a la cabeza, él mismo con sólidos vínculos ideológicos y comerciales con Teherán.

Otra gente fue más allá y trató de encontrar beneficios económico-financieros que se sumaran a los muchos que la Justicia demuestra día a día por parte del gobierno más corrupto de la historia argentina, y entre ellos estuvo Nisman, quien días después de haberlo denunciado, el 14 de enero de 2015, apareció muerto en su departamento.

Las idas y vueltas de sus sospechas, con una causa archivada, luego habilitada gracias al accionar de la DAIA y finalmente unificada con otra por traición a la patria, terminaron con los procesamientos, con o sin prisión preventiva, de Bonadío.

La denuncia de Nisman tenía la necesaria solidez que requiere una novela o una investigación periodística, pero su sustento judicial era y aun es discutible, aunque es ineludible señalar que hay muchas -demasiadas- cosas extrañas, que incluyen negociaciones diplomáticas a espaldas de quienes deberían haber intervenido, con la participación de otros que no estaban ahbilitados para hacerlo y hasta los «buenos oficios» con firmes nexos con Irán y hasta fluido diálogo con el propio Rabbani.

El debate sobre la pertinencia de las prisiones preventivas, el intento de remoción del juez Daniel Rafecas por negarse a investigar, la manifiesta -aunque nunca reconocida- enemistad de Bonadio con Fernández, que lo habría llevado a hacer esta última «contribución a la patria» antes de hacer efectiva su jubilación, contaminan la opinión pública -siempre plagada de ignorancia- a ambos lados de la grieta, todo con la excusa y el manoseo político de 85 muertos.

Y mientras cabía esperar si las instancias de supervisión confirmaban lo actuado por el juez, tanto respecto de la calificación de los hechos como de las detenciones, todo se conmovió ante la aparición de la carta mencionada al comienzo de esta columna.

Es que uno de los principales argumentos de los imputados es que el memorándum nunca se implementó porque Irán no lo aprobó y el otro es que las «notificaciones rojas» mantienen su vigencia, tal como la destaca una y otra vez un supuesto Ronald Noble, que sería quien se desempeñó como secretario general de Interpol, por Twitter o en respuestas por correo electrónico a periodistas afines al kirchnerismo.

El presunto ex jefe del FBI estadounidense se queja de que nadie lo consulta y Bonadio dice que no lo encuentra y el organismo no facilita su declaración porque goza de inmunidad, lo cual lleva a peguntarse por qué Noble o los imputados no aportan su dirección o facilitan su testimonio aunque sea por videoconferencia… ¿o lo hicieron y el juez lo ignoró y lo esconde?

Su versión -más allá de la credibilidad que se le pueda adjudicar- parece demasiado importante como para estar limitada a este juego infantil; por otra parte, genera suspicacia tamaño compromiso y obsesión del supuesto ex jerarca de Interpol por defender a Timerman, y quizá por ello es que Bonadio casi lo trata de cómplice.

Respecto del otro punto cobraría relevancia la misiva tardíamente filtrada: en ella -según la traducción difundida del farsí-, Zarif responde a una nota del 2 de julio de la anterior canciller argentina, Susana Malcorra, cuyo contenido no precisa pero se infiere que tendría que ver con la «causa AMIA»; es más, algunas fuentes indican que allí le estaría notificando o ratificando la inavlidez del pacto por inconstitucional.

El funcionario persa le cuenta a su nuevo colega, Faurie, que su país lo convalidó -o al menos sus «instituciones competentes», que se ignora cuáles son, pero a ellos parece bastarles- y clarifica que ambas partes «solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA»; esto es, levantar las «notificaciones rojas», no hay otra interpretación.

Luego, en una frase elíptica, Zarif añade que Héctor Timerman, «el ministro de Exteriores de la Argentina en su encuentro del 30 de mayo de 2013 con el entonces Secretario General de Interpol aseguró el cumplimiento de los requisitos contenidos en el memorándum por el gobierno de la Argentina».

No queda claro qué quiere decir, pero se presume que robustecería el cometido de la frase anterior.

Pero lo más significativo de esta carta es que revela que habrían habido «dos rondas de conversaciones entre los expertos en Zurich, Suiza, en noviembre de 2013, y en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en marzo de 2014, sobre dicho memorándum», lo cual -asevera- «es indicativo de que el mismo ha sido objeto de cumplimiento por ambas partes».

Ello puede ser cierto o no, puede deberse al enojo con los ahora imputados porque finalmente el plan desincriminador fracasó, puede ser una muestra de que los iraníes son más inteligentes que sus soberbias contrapartes de ese momento, puede ser cualquier otra cosa, pero lo indubitable es que ambas reuniones eran ignoradas por el juez, el fiscal y las querellas, que su existencia deberá confirmarse -si es que ello es posible, dado que se habrían destruido numerosas evidencias- y que todo vuelve a llevar a preguntarse cómo pudo ocurrir y quiénes son los responsables de que esta comunicación, que podría ser dirimente y esclarecedora, fuera «cajoneada» durante 33 días.