El jueves, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó su pedido anterior.

En solo cuatro fojas, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos declararon «inadmisible» el planteo porque «no se expresaron razones concretas y fundadas que permitan demostrar una afectación suficiente, al menos a esta altura del proceso, para tachar de arbitraria» su detención.

Este mismo tribunal tiene pendientes de resolución las apelaciones a los procesamientos, con o sin prisión preventiva, de Zannini, los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, canciller Héctor Timerman y secretario general de la Presidencia y titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elia, el ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche y el presunto nexo extraoficial con Irán Jorge “Yusuf” Khalil.

Los últimos tres también están detenidos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, mientras que en la misma situación deberían estar la anterior mandataria, protegida por sus fueros de senadora, y su ministro, excarcelado de su arresto domiciliario por razones extraordinarias y humanitarias a fin de ayudarlo a recuperar la visa que le habían retirado los Estados Unidos y así posibilitarle continuar su tratamiento contra el cáncer.

Sin prisión preventiva también están los ex vicecanciller Eduardo Zuain, procuradora general del Tesoro Angelina Abbona y jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, y el diputado Andrés Larroque.

Hace dos semanas, el fiscal Eduardo Taiano requirió la elevación a juicio oral de este segmento de la causa porque existió un «plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento» para «dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes» acusados del atentado, de modo que éstos “pudieran sustraerse de la acción de la justicia» al liberarlos de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de ésta, introducir una hipótesis alternativa”.

La DAIA, primera responsable del desarchivo de la causa, había hecho lo propio el 17 de enero, mientras que dos días después fue el turno de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de Paola y Yanina, dos de las 85 víctimas del atentado, quienes también insistieron con la acusación por traición a la patria del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Claudio Bonadio, pese a que ese delito fue preliminarmente desestimado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

El magistrado, que dispuso la clausura parcial del expediente mientras continúa la investigación contra otras personas, les corrió vista a las defensas para que opinaran en seis días hábiles, un plazo renovable por otros tantos y que vencerá la semana que viene.

Hasta ahora, Larroque y Abbona se opusieron a la elevación a juicio, mientras que D’Elía y Fernández de Kirchner lo consintieron.

En solo tres párrafos, los abogados de la ex Presidenta, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, expresaron «su voluntad [de] que la causa avance de inmediato a la próxima etapa para que ello se demuestre en un juicio oral y público y la arbitrariedad de su acusación quede expuesta frente a toda la sociedad», ya que «sus conclusiones son falsas y se encuentran contradichas por la prueba colectada».

En el caso de Timerman, los mismos letrados estimaron que su delicado estado de salud «no le permita afrontar el juicio a que el caso parece destinado, según la opinión que ese juez ya improcedentemente ha adelantado», y por ello solicitaron «se dicte ahora su sobreseimiento porque el hecho investigado no se cometió» y con «expresa constancia acerca de que este proceso no ha afectado su buen nombre y honor».